Educación tendrá que indemnizar a 30 maestros que cobraron como becarios

valencia. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat ha condenado a la Conselleria de Educación a abonar a una treintena de docentes, que ejercieron en los centros públicos teóricamente como becarios, el sueldo correspondiente a un maestro, lo que se traduce en el pago de unos 6.800 euros. Tal y como informó ayer la Federación de Enseñanza de CC.OO. PV, los servicios jurídicos del sindicato han ganado varios juicios por este motivo en representación de estos profesionales, a los que se les unen otros afectados que han recurrido a abogados diferentes. Cabe recordar que en cada procedimiento concurren varios demandantes, de ahí que la cifra de beneficiarios del pago (la treintena) sea superior a la de pleitos, que suman media decena.

La polémica viene de lejos, y se refiere a la controvertida figura de los English Helpers, auxiliares de inglés contratados como becarios por la conselleria durante la legislatura anterior con el objetivo de apoyar la aplicación del modelo plurilingüe del PP. Se trataba de personas jóvenes, recientemente graduadas y con un nivel medio o alto en lengua extranjera. En teoría debían realizar una función complementaria, apoyar al maestro titular de la materia. Sin embargo a raíz de una denuncia en la Inspección de Trabajo que derivó en visitas a diferentes centros quedó patente que asumían tareas propias de un maestro.

La situación derivó en varias denuncias de la Tesorería General de la Seguridad Social porque la administración no había cotizado por los Helpers como maestros, sino como becarios, y se condenó a la conselleria al pago de las cotizaciones correspondientes, lo que abrió la vía a que los afectados recurrieran a su vez para percibir el salario que les correspondía, y no el de una relación contractual de prácticas.

Desde la Federación de Enseñanza de CC. OO. PV explicaron que sus servicios jurídicos llevan los pleitos correspondientes a 63 English Helpers, si bien aún quedan muchas sentencias por emitirse. De hecho sólo en un caso se ha conseguido el pago efectivo de la diferencia salarial (los citados 6.000 euros) tras la solicitud de ejecución del fallo. Las mismas fuentes dijeron que en el resto de pleitos ganados se sigue la misma estrategia: una vez agotado el plazo de recurso ante una instancia judicial superior -al que está renunciando la administración- se pide la aplicación de la sentencia.

En septiembre de 2015, en una respuesta parlamentaria, el conseller Marzà se comprometió a abonar el salario correcto a los afectados, si bien estos se han visto obligados a pleitear para conseguirlo. También anunció que se les reconocerían los servicios prestados. El sindicato prepara una campaña para exigirlo, pues afectan a los puestos en bolsas y a complementos retributivos.