La Conselleria de Educación no ha contestado a las peticiones de información que le ha trasladado el Síndic de Greuges a raíz de una queja impulsada por Ciudadanos. En el escrito se pedían los datos concretos de los colegios que no están impartiendo ninguna hora en castellano en los tres cursos de Infantil -retrasan su exposición a 1º de Primaria-, justificando la solicitud en la necesidad de calcular «el alcance de la eliminación».
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Además, se instaba a que la información figurara en la página web y se pedía al Defensor del Pueblo que instara a Educación a aplicar las medidas necesarias para garantizar la presencia de la lengua oficial «respetando la Constitución, el Estatuto y la Ley de Plurilingüismo».
La portavoz Mari Carmen Sánchez denunció ayer la situación, aportando la notificación recientemente recibida por el Síndic. «La administración competente en relación con su queja (...) persiste en su actitud de no enviar la información que le solicitamos», reza el escrito firmado por Carlos Morenilla, adjunto segundo del Síndic.
«Ante tal actitud, esta institución se ha visto obligada a recordar una vez más (a la conselleria) su deber de colaborar para el rápido esclarecimiento de la situación que nos plantean en su queja», se dice, antes de pedir disculpas por «este involuntario retraso». En este sentido, Sánchez se refirió al «intolerable bloqueo deliberado» de Educación a la labor de la institución, «principal instrumento para defender los derechos de los valencianos».
La queja fue presentada por la portavoz, la diputada nacional Marta Martín y su homóloga y responsable de Educación en Les Corts, Mercedes Ventura. En la misma se afirmaba que la opción de eliminar el castellano en Infantil chocaba con la Constitución y el Estatuto, que recogen el derecho a utilizarlo (igual que el valenciano); con diferentes sentencias judiciales, entre ellas las que tumbaron el decreto de 2017; y con la ley autonómica actual, que exige que al menos el 25% del tiempo lectivo se vehicule en cada una de las lenguas oficiales.
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Sin embargo, también permite excepciones a través de los llamados programas lingüísticos experimentales, siempre que se garantice que los alumnos alcanzarán los objetivos de la ley: dominio oral y escrito de castellano y valenciano y funcional de una o más lenguas extranjeras. Todos los centros que no dan ni una hora en castellano en la etapa citada entran dentro de esta categoría. Para Ciudadanos, el artículo que los regula «adolece claramente de la concreción necesaria para estos programas, no definiéndolos y dejando al arbitrio de la conselleria su autorización».
Además, la queja ante el Síndic cita un caso concreto, el del Ceip González Martí de Benifaraig, donde el consejo escolar rechazó por mayoría aplicar un programa de este tipo y sin embargo Educación -que decide si la propuesta lingüística del colegio no consigue un apoyo de dos tercios de los consejeros- lo implantó. Por último el escrito destaca que en la mayoría de los colegios sin castellano esta es precisamente la lengua mayoritaria entre las familias.
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Ciudadanos pudo acceder a los datos de los centros en cuestión -205- tras una petición de Ventura, si bien se hizo a través de una consulta in situ en la conselleria, sin la posibilidad de que le asistiera una técnica. La diputada dijo que se han rechazado todas sus solicitudes para que le trasladen la documentación sin referencias de carácter personal, que es la cautela que se alegó para forzar la opción presencial.
Por otro lado, Educación sigue sin aplicar el mandato de Les Corts, que a finales de noviembre le instó a dar la información de los colegios en la web. La idea era que el porcentaje de horas en cada lengua apareciera en la Guía de Centros, donde se pueden consultar estos datos de toda la red con la única excepción de los centros que aplican programas experimentales. Sólo figura un asterisco que informa de esta situación.
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