Educación quita dinero de obras para pagar los libros de la Ley Celaá y la subida de la luz

En lo que va de ejercicio se han aprobado nueve modificaciones de crédito para nutrir partidas de todo tipo: desde la cobertura de gastos de funcionamiento de los centros educativos como consecuencia del incremento de precios, fundamentalmente costes energéticos, hasta ayudas en el mismo sentido destinadas a autónomos y empresas turísticas de la Comunitat. También se ha utilizado para financiar gasto sanitario o para posibilitar la renovación de los libros de texto por la llegada de la Ley Celaá.

Así se desprende de los diferentes acuerdos publicados hasta la fecha en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, que sirven para oficializar los cambios de destino del dinero. A modo de resumen, de los 302,1 millones de euros que anunció el Consell para Edificant en 2022, incluyendo obras en colegios de Infantil y Primaria y en institutos de Secundaria, el 21,5% se ha utilizado para otros menesteres. Es un euro de cada cinco.

Edificant es la medida estrella del Consell para dignificar las infraestructuras educativas. Consiste en la cesión de las competencias en la materia a los ayuntamientos interesados para que a través de su personal se encarguen de tramitar las intervenciones necesarias -estudios previos, redacción de proyectos y licitaciones de obras- mientras que la administración autonómica aporta la inversión. Sin embargo, los retrasos de las actuaciones -lo farragoso de la cesión de los trabajos administrativos también dilata los plazos- provoca que la previsión que se hace al inicio de cada ejercicio, que es más que optimista, permita generar disponibilidades presupuestarias que pueden reprogramarse. Esto no implica que los municipios pierdan el dinero, pues la inversión que se aprueba para determinada actuación está garantizada para cuando sea necesaria. De hecho las modificaciones de crédito se justifican en que se trata de cuantías no comprometidas, sin carácter finalista.

Los primeros cambios llegaron a principios de agosto. 22,53 millones se utilizaron para crear ayudas para autónomos para paliar el incremento de los costes energéticos derivados de la guerra en Ucrania, y otros cinco se destinaron a ampliar las aportaciones a los colegios públicos para cubrir sus gastos de funcionamiento, tanto por la subida de los precios de los suministros como por la renovación de libros de texto provocada por la Lomloe, la de mayor magnitud desde la creación de Xarxallibres.

También se dio el visto bueno a una reducción de 3,9 millones que se dedicaron a los gastos de la oposición docente de 2021, que requirió de más tribunales (lo que supuso más personal movilizado) por las restricciones a las que obligaba la pandemia. En la misma fecha se aprobó otra minoración de un millón de euros para la urbanización de unos terrenos en Elche, relacionados con la subrogación de la deuda de la Institución Ferial Alicantina (IFA).

La siguiente reprogramación -otro millón- nutrió la ayuda para la embotelladora de agua de Bejís, afectada por el incendio del pasado verano, y a finales de septiembre el Consell aprobó una nueva reducción de 26,47 millones que pasó a cubrir el aumento del gasto sanitario tras la normalización de la actividad tras el fin de las restricciones (costes farmacéuticos y de actividad quirúrgica y asistencial). La última hasta la fecha, datada en octubre -otros cinco millones menos- permitió crear ayudas para mitigar los efectos de la guerra entre las empresas turísticas incluidas en el programa de Imserso.

La deuda universitaria, la compra de edificios públicos (el de Correos en Valencia), la Renta de Inclusión o el alquiler de barracones han protagonizado otras minoraciones en años previos.