Educación recorta 19 veces el dinero del plan para renovar los colegios en la Comunitat

El argumento que se alega en el acuerdo del Consell que permite la transferencia de crédito es «el retraso en la tramitación y ejecución de las obras (educativas) por las especiales circunstancias de estos últimos ejercicios por la crisis sanitaria». Es una idea que ya se ha repetido en ocasiones anteriores.

Es la decimonovena modificación de créditos que afecta al plan desde que nació en octubre de 2017, tal y como se desprende de las diferentes resoluciones que se han ido publicando en el DOGV.

Cabe recordar que para dar salida a la cantidad de actuaciones pendientes en la red educativa, la Generalitat ideó un sistema consistente en delegar las competencias sobre la materia a los ayuntamientos interesados para que se encargaran de todas las tareas relacionadas con la tramitación de las obras, desde la redacción de los proyectos hasta la propia licitación y ejecución mediante empresas especializadas.

Aunque la inversión sigue siendo asumida por la administración autonómica, los recursos humanos los ponen las entidades locales mediante sus servicios de contratación. Con este modelo no sólo saca adelante obras la Conselleria de Educación -que sigue asumiendo intervenciones que se quedan fuera de Edificant- sino que lo hacen decenas de administraciones locales de manera paralela. El objetivo es aumentar el ritmo de ejecución.

De las diecinueve reducciones aprobadas en los últimos años diez tienen que ver con la pandemia, en el sentido de que se ha destinado el dinero de las obras a paliar sus efectos, y las restantes a cubrir otras necesidades, ya fueran educativas o de departamentos diferentes del Consell. Entre las primeras destacan la contratación extraordinaria de docentes para cumplir las medidas para minimizar contagios en las aulas, el refuerzo de la limpieza de las instalaciones y del servicio de comedor, la adquisición de las tablets necesarias durante la suspensión de las clases presenciales o el pago de la ayuda autonómica para trabajadores en ERTE, por citar algunos ejemplos.

Entre las segundas los importes más elevados han servido para abonar parte de la deuda histórica contraída por la Generalitat con las universidades públicas, compensar costes sobrevenidos que deben asumir por normativas externas o cubrir necesidades presupuestarias de la Renta Valenciana de Inclusión.

La cuantía de las 19 modificaciones publicadas hasta la fecha se eleva hasta los 278,75 millones, lo que casi equivale al presupuesto anual del programa (310,3 en 2021). Y la mayor parte (174,28) tienen que ver con la cobertura de necesidades económicas ajenas a la crisis sanitaria.

Las modificaciones presupuestarias se han justificado de diferente manera. O porque las actuaciones de Edificant se retrasan por los efectos del covid o porque hay «disponibilidades existentes», que era el argumento habitual antes de la crisis. Es decir, que lo previsto inicialmente no se llegaba a gastar por demoras derivadas de la burocracia que afecta al plan. Educación siempre ha defendido que todos los ayuntamientos adheridos al programa dispondrán de los importes que precisen cuando saquen adelante las obras.