Educación retirará los fondos a los municipios que no inicien en un año sus obras en colegios

Para dar seguridad jurídica a esta cautela el Consell modificará el decreto ley que aprobó el Botánico en octubre de 2017 para crear Edificant, que en síntesis permite delegar todos los trámites necesarios a las entidades locales. Es decir, se les autoriza a asumir la mejora de las infraestructuras escolares de sus términos municipales, una competencia que por norma general corresponde a la Generalitat.

El cambio se acometerá mediante la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2024, una especie de cajón de sastre que la administración aprovecha para introducir variaciones puntuales en determinadas normas. Es la misma vía que se empleará para reducir el alcance de la Ley de Plurilingüismo en las zonas castellanoparlantes.

Según establece el anteproyecto, se va a añadir un punto que deja claro que la delegación «podrá ser revocada por razones de interés público» mediante una resolución del conseller, José Antonio Rovira. Y se podrá hacer «cuando después del plazo de un año a contar desde el día de la firma de la resolución o convenio en la que se acordó (la delegación), la entidad local no haya realizado ninguna licitación, adjudicación y orden de ejecución para la realización de las competencias delegadas».

La revocación entrará en vigor el 1 de julio de 2024, según se puede leer también en el anteproyecto. «Y será aplicable a todas las delegaciones realizadas en el marco de Edificant, independientemente de la fecha en que fueron acordadas». Esto significa que la cautela también puede tener efectos retroactivos y ser efectiva en una obra que por ejemplo se acordó en 2017 y un año después seguía sin haber dado ningún paso para convertirse en realidad. Lógicamente, siempre que en los siguientes ejercicios la situación no haya cambiado. Por supuesto el rescate de obras también podrá afectar a las nuevas intervenciones que se aprueben.

Que la Conselleria de Educación decida recurrir a este mecanismo no significa que la intervención vaya a anularse. Sólo se perderá la delegación, por lo que la competencia volverá a manos de la administración autonómica, que también decidirá cuándo le llega el momento.

Cabe recordar que Edificant nació para agilizar las mejoras que precisan los centros públicos, ya sean menores (reformas de patio, de eficiencia energética o de equipamiento) o grandes construcciones. La idea era aprovechar los órganos de contratación de los ayuntamientos (básicamente sus recursos humanos) para dar salida a la cantidad de trabajo pendiente en lugar de pasar por las unidades de la propia conselleria, más limitadas y que ya asumen las obras de mejora que no forman parte de Edificant.

Respecto al alcance de las revocaciones, los últimos datos que publicó el Botánico pueden servir para hacer una aproximación. Por un lado hay 297 actuaciones planificadas entre 2024 y 2027, por lo que es probable que muchas de ellas no hayan dado pasos hacia su ejecución. Por el otro, hay 405 que pese a formar parte del mapa de infraestructuras impulsado por el anterior equipo no aparecen en el último balance de ejecución del programa (de enero de 2023), lo que hace pensar que se encuentran en estados muy iniciales de tramitación. Eso sí, este último paquete incluye obras de Edificant y también las asumidas directamente por la conselleria (las menos).

Por último, hay que destacar que los principales ayuntamientos de la Comunitat -Valencia y Alicante- tienen algunas de sus obras más grandes delegadas pero sin que se haya podido avanzar nada en su licitación.

La ley de acompañamiento introduce más cambios en el programa: Educación podrá imponer pliegos de condiciones tipo a los ayuntamientos; se agiliza el procedimiento para obras que hayan sufrido una revisión de precios ordinaria o extraordinaria, evitando que se queden paralizadas a la espera de una modificación de la delegación; se incrementa el presupuesto que anualmente se reserva para este tipo de contingencias (cada vez más habituales por el alza de costes en los materiales); y la Generalitat se cubre las espaldas en caso de que una empresa reclame intereses por demoras en los pagos, pues sólo asumirá los que sean imputables a su actuación.