Educación revisa las ratios extraordinarias que penalizan a los colegios más demandados

El objetivo de la medida era aprovechar la caída de la natalidad, especialmente acusada en determinados municipios, para reducir a su vez la capacidad máxima de las aulas de sus centros sostenidos con fondos públicos, que por regla general se sitúa en 25 alumnos en Infantil y en Primaria. Tras analizar los datos demográficos la administración decidía bajarla de manera excepcional, situándola en 20, 22 o 23 estudiantes en función de la localidad y de la información recabada.

El límite se empezaba a aplicar en 1º de Infantil, aunque año a año iba consolidándose en los niveles posteriores. De hecho, en los primeros municipios afectados ya rige hasta 4º de Primaria. Además, las clases que todavía no se han adaptado, aunque sigan funcionando con el máximo de 25, sólo pueden sacar en la admisión los puestos derivados de la aplicación de la ratio extraordinaria.

La medida se planteó como como una mejora de la calidad -menos alumnos por clase implica avanzar hacia una enseñanza más personalizada-, si bien desde la concertada se alertó de que abría la puerta a trasvasar alumnado, en el sentido de que un centro especialmente demandado que habitualmente llenaba sus aulas durante el procedimiento de escolarización -situación que se da con más frecuencia en los colegios con concierto- perdía entre dos y cinco alumnos por grupo que muy posiblemente acabarían escolarizados en centros próximos con plazas libres.

Tal y como explican fuente del departamento autonómico, «en cada una de las localidades en que se ha aplicado la reducción de ratio en el nivel de entrada (tres años) se revisará la información del padrón de nacidos en 2021 y el número unidades de escolarización disponibles para determinar si procede mantener la medida o no». Es decir, se analizará la demanda potencial de niños que en la próxima admisión iniciarán su escolarización en los colegios, que de manera muy mayoritaria llega en 1º del segundo ciclo de Infantil.

Las ratios extraordinarias se aplicaron por primera vez en el curso 2017-2018 en una treintena de localidades, fijándose un máximo de 23 alumnos por aula, aunque la medida se ha revisado casi todos los cursos desde entonces, llegando a duplicarse los municipios incluidos y reduciéndose aún más el tope. En la actualidad funciona en 67, y en más de la mitad (35) el máximo se sitúa en 20. En un centro con dos líneas, implica disponer de diez puestos escolares de entrada menos.

Tras el primer año de implantación, Escuelas Católicas presentó un recurso que fue estimado por el TSJCV, alegando que se invadían competencias estatales, como era la fijación de las ratios máximas de alumnos por aula. Pero la conselleria recurrió ante el Supremo, que le dio la razón argumentando que la legislación española, en realidad, establecía un límite, lo que no quitaba que las administraciones educativas pudieran bajarlo. De hecho ya se había hecho en otras comunidades.

Desde el sector, por parte de representantes patronales, sindicales o de familias, se han planteado en los últimos años argumentos adicionales: se limita la libertad de elección de centro (menos plazas a ofertar en la admisión y en los cursos sucesivos, por ejemplo para cambios de centro en Primaria) o se dificulta la renovación de los conciertos en etapas posteriores como la ESO o Bachillerato, en el sentido de que se exige mantener un número mínimo de alumnos, por lo que la caída estructural de la Secundaria (mayor tasa de repetición, abandono o la competencia de la FP) unida al menor flujo de alumnos procedentes de Primaria podía implicar un riesgo añadido. En este sentido, se planteaban alternativas como facilitar desdobles de aulas para aprovechar la ventaja de disponer de clases con menos alumnos manteniendo las ratios, y por tanto, la oferta de puestos escolares.

La administración, por su parte, defendía que la medida permitía evitar el cierre de aulas por falta de alumnado en municipios con baja natalidad, más allá del objetivo principal de fomentar la constitución de clases menos numerosas, y por tanto, facilitar la atención de los niños. Para determinar las localidades, además de los datos del padrón se valoraban las matrículas de años anteriores, y sólo se aprobaba el cambio si existía suficiente margen para garantizar un puesto escolar a cualquier demandante, así como para cubrir escolarizaciones sobrevenidas con el curso ya iniciado. También la podían pedir los consejos escolares municipales, si bien sólo se aprobaba en caso de existir un colchón de plazas suficientes.

En la actualidad hay veinte municipios con ratios extraordinarias en Alicante, diez en Castellón y 37 en Valencia, incluyendo grandes ciudades como Alcoy, Elda, San Vicente del Raspeig, Castellón de la Plana, Vila-real, Ontinyent, Sagunto o Torrent.