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Las universidades públicas, la Conselleria de Educación y cuatro sindicatos (CC.OO, UGT, CSIF Y SEP) han firmado esta mañana un preacuerdo sobre el futuro convenio colectivo del personal laboral de las instituciones académicas. Se trata de un paso fundamental para la rúbrica definitiva, que llegará tras los preceptivos pasos burocráticos y los informes técnicos de Hacienda y la Abogacía de la Generalitat.
El pacto sirve en la práctica para aplicar una mejora sustancial en las condiciones retributivas de este tipo de profesionales docentes, es decir, los no funcionarios, pues llegará a incrementar hasta un 39% las cuantías percibidas actualmente, según ha explicado esta mañana a los medios el secretario autonómico de Educación, Miguel Soler.
Hoy en día el salario del profesorado laboral depende de regulaciones adoptadas a nivel interno en cada universidad. De ahí la necesidad del convenio, que permite homogeneizar las retribuciones de manera que no haya diferencias entre las personas que ocupan el mismo puesto docente en cada una de las universidades públicas.
El incremento del 39%, ha dicho Soler, es el que se aplicará a los profesores asociados de la Universitat Politécnica, porcentaje que en el caso de la Universitat de Valéncia, la Jaume I y la Miguel Hernández llega al 35%. En la de Alicante el incremento será de un 8%.
En el caso de los profesores ayudantes, que son predoctorales, será del 34%, en el de los ayudantes doctores se sitúa en el 20% y para los colaboradores llegará al 6%. El contratado doctor, que es personal docente de carácter indefinido, sube hasta el 5,7%.
En cifras absolutas, el preacuerdo recoge que estos últimos tendrán una retribución anual de 31.175 euros. Para los ayudantes doctores se llegará a 28.127, para los ayudantes a 21.702 y para los asociados oscilará entre los 10.225 y los 5.112, en función de las horas de docencia. El preacuerdo también recoge la retribución mínima del personal investigador y de apoyo, que oscila entre los 12.600 y los 17.500 euros en función de la formación y el puesto desempeñado.
Los incrementos se aplicarán de manera progresiva durante los próximos 3 años. Es decir, los importes citados se alcanzarán en 2021. Y la actualización de las tablas salariales tendrá carácter retroactivo al computar desde el pasado 1 de enero. Las diferencias entre los incrementos se explican que no todos partían de la misma situación. Por ejemplo, hoy en día los asociados de la Universidad de Alicante son los mejor pagados.
Tal y como ha explicado el conseller Vicent Marzá, para alcanzar esta mejora se invertirán un total de 21 millones de euros, ocho de ellos ya consignados en los presupuestos de 2019. Marzà se ha felicitado de poder disponer del convenio, cuyo preacuerdo llega a escasos cinco días de la cita con las urnas, y ha señalado que es una medida necesaria para la universidad pública al incidir directamente en el personal que estaba especialmente precarizado. Preguntado por la demora en alcanzar el acuerdo (las negociaciones han durado tres años) ha aprovechado para cargar contra el Consell del PP: «No se hizo nada hasta que llegó el Botánico, lo que muestra la indiferencia del PP en relación a la mejora de las universidades públicas».
Por su parte, Soler ha destacado la creación de la figura del profesor sustituto, que funcionará como un interino de la enseñanza pública no universitaria. Se empleará para cubrir incapacidades temporales (bajas) y comisiones de servicio. Las universidades también se podrán servir de ellos para cubrir puestos de trabajo que estén incluidos en procesos selectivos (oposiciones) y su contrato podrá ser a tiempo completo o parcial, con un salario máximo anual de 21.702 euros. En cuanto a los requisitos, podrán optar quienes estén en posesión de títulos de licenciado, ingeniero, arquitecto o graduado, siempre que este tenga al menos 300 créditos. El proceso de selección dependerá de cada universidad, previa negociación con las organizaciones sindicales.
Entre otras mejoras, Soler también ha destacado que los profesores asociados tendrán contratos que por regla general no podrán durar menos de seis meses, en lugar de los tres que permite la normativa estatal.
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