La empresa que construyó los hospitales de campaña pide más dinero a la Generalitat

La Generalitat está negociando el pago de los tres hospitales de campaña que se construyeron en la Comunitat Valenciana para hacer frente a la pandemia de coronavirus, ya que la empresa pide «un precio adicional» a lo que se estableció en el contrato de emergencia.

Así lo ha explicado en el pleno de Les Corts la consellera de Justicia e Interior, Gabriela Bravo, quien ha precisado que el expediente de esos hospitales está abierto todavía, a la espera de comprobar «a qué se debe ese precio adicional».

Bravo ha respondido a una pregunta del diputado del PP José Císcar, quien ha calificado como «modelo de fracaso en la gestión de la pandemia» esos hospitales, cuyo precio inicial de 8 millones de euros puede pasar al «doble» si la empresa «tiene razón» en sus demandas, y que ocho meses después «siguen sin cumplir su objetivo».

La consellera ha asegurado que «todos los certificados» de los tres hospitales de campaña «están en regla» y que hay un «retraso en los pagos» de esos hospitales debido a que la empresa pide «un precio adicional» y los técnicos lo están estudiando para gestionar «con rigor».

«A diferencia de cuando gobernaba el PP, no pagamos con esas grandes alegrías los sobrecostes», ha aseverado Bravo, quien ha destacado que con los Gobiernos populares se pagaba a «cualquier empresa que pidiera sobrecostes para obras faraónicas de Zaplana y Camps» a cargo de todos los valencianos.

La consellera ha indicado que al PP le parecen caros unos hospitales que suponen tener unas infraestructuras para atender a los enfermos de covid, y ha preguntado si les parecen «razonables» los 7,5 millones de euros que se pagaron por las pantallas y equipos de sonido de la visita del papa, «más casi que los hospitales de campaña».

Ha asegurado que «fue una buena decisión» construir estos hospitales modulares para apoyar al sistema valenciano sanitario en un momento, a finales de marzo, en que solo quedaban libres 2.700 camas y los hospitalizados «se multiplicaban cada semana por tres». Bravo ha defendido que se aportaron mil camas al sistema de salud, que permitieron «evitar colapsos» y hacer posible la desescalada, y ha considerado que «la mejor noticia es que no se ocuparan por enfermos, por gente que se moría».

El diputado José Císcar ha afirmado que ni se han recepcionado ni tienen licencia ambiental esos hospitales, que se han terminado usando para hacer pruebas PCR en Valencia o para la cuarentena de inmigrantes llegados a Alicante, algo que se podría haber hecho «en otros espacios públicos, costando una décima parte».

Ha asegurado que hay «una batalla sin cuartel» entre el adjudicatario, una empresa de reciente creación con un capital social de 3.000 euros, y el Consell por el coste final a pagar, y ha alertado de que los contratos de emergencia no son «salvoconducto para hacer las cosas de cualquier manera». «Si no son capaces de arreglar este desaguisado, entre aporta y aparta, elijan aparta», ha finalizado Císcar, quien ha añadido que «sus despropósitos no los van a pagar todos los valencianos».