Joan Llinares en una comparecencia en Les Corts junto a Jorge Bellver. EFe

Una empresa ganó 1,6 millones revendiendo gel, batas y kits a la Generalitat durante la pandemia

La firma compraba a proveedores valencianos, entregó parte del material tarde y Antifraude alerta del sobrecoste

Héctor Esteban

Valencia

Viernes, 15 de julio 2022

La pandemia fue una gran oportunidad de negocio. Muchas empresas que antes nunca habían contratado con la conselleria de Sanitat vieron un filón en el suministro de material. Se aprovecharon de tener los contactos o de, simplemente, ser más avispados que la propia administración. Es ... el caso de Sosmi, una mercantil de detergentes de Náquera que logró unos ingresos de más de 1,6 millones de euros por revender el material que compraba a proveedores de la Comunitat Valenciana. El dato lo ha hecho público la Agencia Valenciana Antifraude en una de sus últimas resoluciones.

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Antifraude apunta que Sosmi es una empresa dedicada a la fabricación de detergentes y productos de limpieza, «por lo que su objeto social no está relacionado con el suministro de productos sanitarios, si bien se entendería justificado la posibilidad del suministro de geles».

Entre los meses de marzo y agosto de 2020 recibió por parte de la conselleria de Sanidad «múltiples encargos» de productos sanitarios como gel, batas, calzas y boinas. Unos productos que se sirvieron «a medida que son conseguidos» aunque muchos llegaron con retraso -hasta seis meses- «lo que difícilmente justificaría la tramitación de emergencia».

En el informe, Antifraude apunta que la empresa no fabrica directamente todos los productos, «por lo que para cumplir con los pedidos realizados por Sanidad realiza las compras de los productos solicitados a distintos proveedores, revendiendo simultáneamente los productos a Sanidad, constatándose un incremento del precio reventa, que encarece de media un 22,52% el precio para el destinatario final, que es la conselleria».

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La mercantil aportó a Antifraude las facturas de compra a proveedores valencianos, y la valoración es que el sobrecoste final es de 1.626.973,88 euros. La Generalitat, según los cálculos, abonó 7,2 millones de euros por un material que podrían haber conseguido por 5,6 millones. Además, el retraso de los suministros provocó precios muy elevados. Somsi compraba para vender más caro después al Gobierno valenciano.

En las dos semanas más intensas al inicio de la pandemia recibió contratos por casi 2,9 millones de euros por 150.000 soluciones hidroalcohólicas, 23.100 batas y 60.000 unidades de kit protección buzo. La firma está en el polígono de Náquera y en cerraron 2020 con unas ventas de casi 20 millones de euros con un balance positivo de 2,5 millones de euros. La firma se creó en 2003 y está administrada por Jesús Palop Cubells. En 2018, por ejemplo, sus ventas no superaron los 5 millones de euros y las ganancias fueron de 224.000 euros. Antes de la pandemia nunca había trabajado con la conselleria de Sanidad.

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Antifraude pide a la conselleria de Sanidad que inicie un proceso de revisión de oficio de los contratos adjudicados a mercantiles que no han acreditado capacidad y solvencia. Además, reclama que se deje por escrito que las contrataciones se ajustan a precios de mercado.

Algunos de los pedidos a Somsi fueron anulados posteriormente. El personal de la conselleria asegura que se cancelaron por el alto precio de los productos, aunque Antifraude ha podido comprobar que la razón fue por los retrasos en las entregas.

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Otro de los contratos investigados afecta a una empresa que se dedica al mundo del bebé. Entre el 20 de marzo y el 5 de mayo de 2020 recibió sendos encargos por un total de 850.000 mascarillas FFP2, por un importe unitario de 2,89 euros, por lo que el precio final fue de 2,4 millones de euros. Antifraude realiza un análisis comparativo en el que apunta que del listado de otras contrataciones aportada por la propia conselleria se aprecia que se compraron mascarillas a un precio muy inferior -entre 1,63 y 1,79 euros la unidad-. Además, la mercantil que se dedica a productos de bebés, aportó facturas de compra en China que no casaban con las fechas y cantidades de suministro a Sanidad. Además, el coste de la mascarilla era de 2,30 euros, por lo que el margen comercial repercutido a la conselleria fue de un 20%, lo que equivale a 500.000 euros. Esta mercantil, además no había sido nunca proveedora del área que entonces gestionaba la socialista Ana Barceló.

El análisis realizado por Antifraude entiende que no ha existido fraude en las operaciones cerradas aunque sí cree que se podría haber mejorado en la gestión para haber evitado que se dieran situaciones como la vivida con la empresa radicada en Náquera.

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