La ley del Juego de la Comunitat Valencia, que pretendía regular los locales de apuestas físicos e imponer restricciones para garantizar que los menores no accedan a los recintos, quedó en el aire al suspenderse la actividad parlamentaria por la crisis del coronavirus. La intención de los partidos de izquierda era recuperar lo antes posible una ley que esperan aprobar el lunes pero que ahora se ha encontrado no solo con las esperadas críticas de los empresarios del sector sino también con las del sindicato UGT. Ambos coinciden en reclamar que se paralice la aprobación de la norma.
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En un comunicado conjunto, las asociaciones del sector del juego Andemar CV, AnesarCV, Apromar, Asvomar, Cejugo, Anesar, entidades del sector de la hostelería y el sindicato UGT han mostrado su preocupación ante la posible aprobación en Les Corts de la nueva ley del Juego, que se redactó en un escenario pre Covid-19, lo cual consideran «que la deslegitima completamente, al haber cambiado drásticamente nuestro mundo y sociedad». La patronal tiene claro que en el medio plazo, al no renovarse las licencias de los salones de juego que estén cercanos a los colegios, se cerrará el 95% de los locales, además de incrementarse el coste por otras restricciones.
Las asociaciones han remarcado que el sector del juego en la Comunitat Valenciana supone el 2,3% del PIB de la región y genera 140 millones en impuestos directos, por lo que la aprobación en estos momentos de la ley del Juego supondría un grave impacto económico, llevando al cierre de más de 400 salones de juego y a la pérdida de empleo de casi 3.000 empleos directos del sector y cerca de 8.000 indirectos. «No podemos permitirnos el lujo de nuevas normativas que empeoren la actual situación, teniendo en cuenta que muchos empleos de ocio y hostelería dependen del sector del juego», han sentenciado.
«Tenemos que pensar en salvar vidas y reconstruir un país, no en temas ideológicos. No podemos poner en peligro puestos de trabajo por malas decisiones. Para garantizar la sostenibilidad de la actividad hace falta mejorar el marco regulatorio estableciendo las medidas necesarias dirigidas a acabar con la alarma social existente en la actualidad, pero sin que estas impliquen el fin de una actividad, generadora de riqueza, empleo de calidad, tributos y, sobre todo, entretenimiento para la Comunidad» ha apuntado Alejandro Landaluce, director general de Cejugo.
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