La enseñanza concertada lleva a Marzà a los tribunales por dejarla fuera de las ayudas Covid

Los tribunales tendrán que pronunciarse sobre la exclusión de la enseñanza concertada valenciana del programa Proa+, una iniciativa del Gobierno que ha servido para crear apoyos especiales para el alumnado más perjudicado por la incidencia de la pandemia en las aulas, ya sea por la falta de dispositivos para seguir las clases durante el confinamiento o por pertenecer a núcleos familiares con pocos recursos, y por tanto, con mayor riesgo de quedarse rezagados.

La Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia (Fcapa) ha presentado un recurso de lo contencioso administrativo contra la resolución de la Conselleria de Educación que permitió desarrollar el programa en la Comunitat, que sólo ha llegado a centros públicos. Gracias al mismo 136 docentes se incorporaron a los institutos el pasado marzo para completar el trabajo del profesor habitual con una atención individual, consolidar competencias básicas como el hábito lector, fomentar destrezas digitales o ayudar a mejorar la autoestima o la integración escolar. Además de intervenciones en el aula se planteaban también apoyos extralectivos.

El ministerio abrió el programa a todos los centros sostenidos con fondos públicos, lo que incluía a los concertados, aunque desde el departamento de Vicent Marzà alegaron que la distribución de los fondos llegó tarde (en enero, pese a anunciarse en julio de 2020) y que la tramitación para contratar a más docentes en la red era compleja en cuanto a plazos, tanto por la normativa estatal como por la autonómica, argumentando que los refuerzos no habrían llegado hasta finales del curso. Sí existe el compromiso de incluirla en el siguiente.

Por ello, los 3,43 millones aportados por el Gobierno a la Comunitat se destinaron a centros públicos elegidos por su realidad socioeconómica. Y estos seleccionaron a su vez al alumnado beneficiario, de 1º y 2º de la ESO.

Tal y como explicó el presidente de Fcapa, Luis Gamón, «la enseñanza concertada también precisa de estos fondos para mejorar la atención del alumnado más necesitado». A su juicio, «aunque se argumente que sí formará parte del Proa+ el curso que viene ya no se ha podido beneficiar en este, que está siendo especialmente duro». También consideró que «no hay razones para dejar fuera al alumnado» de la red y que «la exclusión rompe el principio de igualdad».

El sindicato de profesores mayoritario en la concertada, FSIE CV, también se ha mostrado crítico por el trato dado al sector. Incluso llegó a pedir a la conselleria un cambio de criterio teniendo en cuenta que otras comunidades no han diferenciado entre titularidades a la hora de desarrollar el programa estatal.

Es lo que ha sucedido en Madrid, Aragón, Murcia, Cataluña, Baleares o Canarias, que han optado por diferentes soluciones, como dar ayudas económicas a los concertados para la contratación de monitores o personal externo para realizar talleres de apoyo, reforzar los servicios de orientación o buscar voluntarios entre los docentes de plantilla para llevar a cabo los refuerzos, recibiendo una gratificación.