La educación no para de evolucionar. Para bien, al ritmo de los avances y necesidades sociales, y para mal, al calor de las decisiones políticas y la falta de consenso sobre una pilar clave del estado del bienestar. Nueve reformas educativas ha vivido España en los últimos 40 años, ocho en democracia y con especial intensidad en el siglo XXI. Los años venideros no serán una excepción, y se suman factores externos que hacen que los retos sean mayores.
La pandemia ha visibilizado algunas carencias como la necesaria digitalización en una sociedad que accede a los contenidos -que no al conocimiento- a golpe de clic. La demografía, con una caída constante de la natalidad, tendrá consecuencias en la planificación escolar, coincidiendo con el despliegue de efectos de la Lomloe, la ley Celaá, que deja claro que el eje central debe ser la escuela pública. No es el único cambio que asoma en el horizonte: otra selectividad, nuevo acceso a la docencia, cambios en Infantil y revisión del modelo de FP son algunos ejemplos más.
Menos alumnos
Las proyecciones de población que publica el INE permiten esbozar el escenario que viene de mantenerse las actuales tendencias. En 2033 la población en edad escolar, la comprendida entre los tres y los 18 años -es decir, desde el 2º de ciclo de Infantil hasta Bachillerato o FP- sufrirá un descenso acumulado que rozará el 17%. O lo que es lo mismo, el alumnado que cabe en 6.108 aulas, teniendo en cuenta que la ratio media actual es de 20,7 estudiantes por clase. El cálculo más conservador, atendiendo al tope máximo general de cada etapa (25 en Infantil y Primaria, 30 en ESO y 35 en Bachillerato) deja la cifra en 4.602. Menos alumnado, mucho menos alumnado, para una estructura educativa que no tendrá más remedio que adaptarse. El cómo es la clave.
La reforma educativa
La Lomloe seguirá desplegando efectos. En teoría hasta 2030, cuando debe alcanzarse una inversión mínima del 5% del PIB en educación. En lo más inmediato se aplicarán los cambios curriculares, es decir, los que afectan a las asignaturas. El curso que viene en los niveles impares y en el 2023-2024 en los pares.
La reforma plantea un aprendizaje mucho más basado en las competencias, en medir qué sabe hacer el alumno cuando termina una etapa, lo que también genera resistencias al considerarse que se pierden de vista los contenidos, cuya concreción, por cierto, el Gobierno ha dejado en manos de las comunidades autónomas.
A medio plazo se conocerán las consecuencias de la filosofía de la reforma, cuyo eje central para cubrir necesidades de escolarización es la escuela pública. Y ya hay medidas aplicadas, como la flexibilidad en la evaluación, más permisiva con el suspenso al eliminarse el límite de dos o tres materias para pasar de curso en la ESO o para obtener el título. Como ha sucedido durante la pandemia, consiguiendo bajadas históricas en la tasa de repetición. ¿La crítica? Que no fomenta el esfuerzo.
La eliminación del criterio de la demanda social en el articulado a la hora de planificar la oferta de plazas -lo recogió la LOMCE del PP- escama a la red, que sabe que sin llegar a un mínimo de alumnos pierde fondos públicos. Con una ley vigente que fomenta la red pública y en un contexto de caída de la natalidad. Mantener el interés de las familias por el modelo es clave para su futuro. Por eso se insiste en que los recursos de las administraciones lleguen en igualdad de condiciones, evitando que puedan suponer trasvases de alumnos.
El rechazo va más allá. Esta semana la Mesa por la Educación en Libertad, plataforma que aglutina a los actores del sector, se adhirió al Manifiesto en defensa de la enseñanza como bien público impulsado por un grupo de intelectuales, cuestionando el carácter ideológico de la reforma actual y sus antecesoras.
Inclusión y diversidad
Este curso se ha aplicado el nuevo modelo de orientación en los colegios, con un profesional de la especialidad -básico para ayudar al alumnado con necesidades especiales- en cada escuela pública. Su implantación completa en los centros concertados y solucionar los problemas detectados estos meses -ratios elevadas, problemas de coordinación o materiales de valoración inadecuados- es uno de los retos pendientes de la conselleria, que alega que sí han conseguido bajar la ratio de alumnos por orientador (280 frente a 520) al aumentarse un 37,5% el volumen de profesionales.
También tiene pendiente de solucionar los retrasos en la dotación de plazas de educadores y agilizar las sustituciones. Y son básicas las medidas postpandémicas, desde las que deben corregir déficits en el aprendizaje (como el plan Proa+, de carácter plurianual), hasta las relacionadas con trastornos psicológicos.
La profesión docente
El Gobierno planteará una prueba de acceso para los estudiantes que quieran cursar las carreras de maestro de Infantil o Primaria o el máster de Secundaria, seleccionando a los que presenten mejores aptitudes, aunque se desconocen los plazos. Además, en 2024 se debe haber reducido la tasa de temporalidad en la función docente, para lo que se ha ideado un sistema que facilitará al personal interino más veterano acceder a una plaza definitiva, tanto con concursos de méritos como con oposiciones que dan más peso a la experiencia. Por tanto, será más complicado para los recién egresados.
Bachillerato y selectividad
El cambio metodológico que plantea la Lomloe llevará al rediseño de la selectividad, también enfocada de manera más clara a la evaluación de competencias, como sucede con las pruebas diagnósticas. Será más homogénea entre comunidades y se aplicará en 2024. Poco más se sabe. En cuanto al Bachillerato, la gran novedad está en que existirán cinco modalidades, añadiéndose una llamada General, que se teme que reste alumnado a la de Humanidades. Para algunos casos se podrá cursar en tres años.
Infraestructuras
La mejora de las infraestructuras educativas públicas ha sido innegable, aunque queda trabajo pendiente. Los próximos años consolidarán los beneficios del plan Edificant que permite ceder las competencias a los ayuntamientos. En los últimos ejercicios ha presentado niveles de ejecución discretos y numerosas modificaciones presupuestarias ante los retrasos acumulados en la tramitación de los trabajos.
Los 25 centros íntegramente en barracones que el Botánico heredó del PP estarán terminados o en fase de construcción antes de que finalice la legislatura. Un mandato más tarde de lo prometido. No se avanza tan rápido en el centenar de centros conformados parcialmente por aulas prefabricadas, muchos de ellos incluidos en Edificant.
Primer ciclo de Infantil
El principal cambio en la etapa, que escolariza a los niños de entre cero y tres años, ha sido largamente reivindicado por el sector privado, mayoritario en la Comunitat. Se trata de la gratuidad de cualquier plaza de dos-tres años, el nivel previo al acceso ordinario al colegio. Desde el 2018-2019 no tienen coste alguno en las escuelas municipales (ni evidentemente en las guarderías de titularidad autonómica).
Sin embargo, el sector teme la competencia del plan estatal para impulsar la creación de puestos públicos en toda la etapa (6.800 en los próximos tres cursos). La postura de las patronales coincide: cubrir las necesidades -vía ayudas para llegar a la gratuidad- mediante la red ya consolidada, con muchas vacantes en escuelas municipales y privadas, en lugar de duplicar plazas.
La futura Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional aspira a acercar a España a los modelos europeos de éxito, explotando la elevada empleabilidad de esta vía formativa para paliar el desempleo juvenil. Un cambio fundamental es que se pretende que todos los títulos de grado medio y superior sean duales, lo que supone una mayor implicación de las empresas en la formación (no sólo en las prácticas) de los alumnos. E incluso en la evaluación. Actualmente el porcentaje no supera el 5%. Además ordenará todos los niveles, incluidos los vinculados con la formación para el empleo, y quiere impulsar los másteres de Formación Profesional, que dotan al alumno de una mayor especialización.
Respecto a la nueva oferta, el curso que viene habrá 179 títulos más, cuatro completamente nuevos, y crecerán los centros específicos de FP.
Digitalización
Tras las compras urgentes por los confinamientos, para garantizar la atención educativa a familias con problemas de conectividad, se van a enviar 33.000 portátiles más a los centros. Y en los próximos cursos se invertirán 85 millones para digitalizar 26.000 clases y formar al profesorado mediante aulas piloto.
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