El envío a la Comunitat de medio centenar de menores llegados en patera a Canarias pone en jaque unos centros ya colapsados

La cifra concreta está por decidir, pero rondara el medio centenar por cuestiones de población y nivel económico de la Comunitat, factores tenidos en cuenta como baremos del reparto. Pero llegada de menores a la Comunitat puede ser incluso mayor. Y es que, la cifra que hace unos meses ya se puso encima de la mesa por parte del Gobierno de inmigrantes a asumir por parte de las autonomías es de 2.500 menores no acompañados en Canarias y Ceuta. El número de adolescentes que debería asumir en ese caso la región se situaría por encima del centenar.

La solución al problema está en el alero de la vicepresidenta Susana Camarero. Es la Conselleria de Servicios Sociales la que ya se ha visto forzada a derivar hasta 40 menores no acompañados en régimen de acogimiento residencial de centros del Consell al refugio del municipio alicantino de Biar.

Camarero ya se pronunció sobre la subida de menores no acompañados llegados a la Comunitat a finales de febrero en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada por el Ministerio de Juventud. La vicepresidenta segunda del Consell exigió al Gobierno central «planificación, coordinación y financiación» para abordar «de forma eficiente y efectiva» la llegada de niños y adolescentes migrantes no acompañados.

Y el enfrentamiento ha subido ahora de tono. El Consell ha acusado al Gobierno de España de haber «dejado al margen» a las comunidades autónomas del acuerdo para la distribución de los 400 menores migrantes no acompañados a la Península, mediante un «acuerdo unilateral» conocido «a través de los medios de comunicación y no por las vías oficiales correspondientes»

Es más, el Gobierno valenciano reconoce como «inasumible» el envío de los adolescentes. La directora general de Familia, Infancia y Adolescencia y Reto Demográfico, Elena Albalat, ha subrayado la necesidad de que todas las actuaciones que se hagan en esta materia «se realicen en el foro adecuado», de manera que las comunidades autónomas «cuenten con información, coordinación, tiempo y recursos para poder acoger de forma conveniente a los y las menores migrantes». Algo que no ha ocurrido en esta ocasión.

«No se ha tenido en cuenta a las comunidades autónomas, que son quienes tienen competencias en este tema», ha subrayado Albalat. Y además llueve sobre mojado. Fue en octubre cuando se produjo el último envío de inmigrantes a la Comunitat. Y hubo frente común contra la decisión. Tanto el Consell como el Ayuntamiento de Valencia mostraron ya su malestar porque el Gobierno no coordinara el asunto con las administraciones autonómicas y locales. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, dijo entonces: «Estoy como el alcalde de Madrid. Me entero de la llegada casi después de que hayan aparecido».

El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, ha augurado que finalmente habrá «consenso», pues queda otra reunión en el horizonte entre Ejecutivo y comunidades autónomas. La Conferencia Sectorial donde debería aprobarse esta propuesta se celebrará en la primera quincena de mayo, según ha avanzado Pérez. «Ahora vamos a hacer un diálogo para afinar esas cuestiones que nos han planteado, pero nosotros entendemos que va a haber cierto consenso, obviamente hasta que se apruebe en la Conferencia Sectorial queremos ser prudentes», ha afirmado el secretario de Estado.

Pérez señaló que está previsto que las autonomías no reciban más de 50 menores migrantes solos en el reparto. «Estamos hablando de números que entendemos que entran dentro de lo asumible», ha asegurado. No opina lo mismo la Generalitat.

Respecto a los criterios que han seguido para llevar a cabo el reparto, el secretario de Estado ha precisado que establecen un criterio de población, de la tasa de paro, con niveles también económicos y la dispersión territorial.

La Comunitat no ha sido la única autonomía que se ha revuelto ante la decisión del Gobierno central. El Govern balear ha señalado que «nunca ha dado la espalda» a acoger menores migrantes no acompañados pero «sin imposiciones y con las condiciones de dignidad que merecen».

También la Xunta de Galicia ha censurado que el Gobierno central pretenda «imponer unilateralmente» el sistema de reparto de menores migrantes no acompañados a las comunidades, ya que entiende que éste debe organizarse a través de una vía «voluntaria» y «en función de las posibilidades» de cada autonomía.

Igualmente Andalucía ha criticado la falta de «lealtad, información y financiación» del Gobierno central con Andalucía en materia de migración, toda vez que ha advertido lamentando que piden «colaboración al tiempo que imponen criterios».