La escasa participación marca las elecciones en la Universitat de València

Las elecciones en la Universitat de València se han resuelto con el resultado esperado. No sólo por la existencia de una única candidatura, la de la actual rectora Mavi Mestre, sino por la baja participación, situada alrededor del 6% del censo global. Era lo previsto. Pese a la apariencia de normalidad la campaña ha discurrido sin la tensión propia de una convocatoria con más aspirantes, algo que no sucedía desde 2006, cuando salió reelegido Francisco Tomás. Entonces ejerció su derecho a voto el 7,5% del censo.

El personal docente e investigador doctor con vinculación permanente ha sido el colectivo con mayor peso en las urnas (55% del censo), seguido del personal de administración y servicios (28,5%), del personal docente no doctor o sin vinculación permanente (14,3%), del personal investigador en formación (7,7%) y del estudiantado (2%).

Entre los que optaron por votar, en todos los colectivos el apoyo a Mestre ha sido superior al 70% (es decir, sin contar papeletas nulas o en blanco), con la única excepción del PAS (49%). Algo que ha llamado la atención de la rectora. «No percibo que no hayamos atendido sus reivindicaciones, pero seguiremos hablando con ellos», dijo en declaraciones a los medios.

La catedrática de Psicología Básica ha asumido la dificultad de movilizar a la comunidad educativa por las características de la cita electoral y el ambiente de pandemia, aunque se ha mostrado satisfecha del resultado global y ha vinculado el ser la única candidatura con «el reconocimiento al trabajo hecho entre todos en estos años mediante la participación y la cogobernanza». Aspecto, dijo, «en el que creo y que voy a seguir proponiendo en los próximos años».

En su intervención ante los asistentes al escrutinio celebrado en el Rectorado también ha defendido que mantendrá la reivindicación de más recursos, exigiendo un nuevo plan de financiación «que responda a las necesidades diferenciales de las universidades», y ha enumerado los fines estatutarios de la institución, entre ellos la defensa de los derechos humanos, lo que ha aprovechado para condenar «la guerra injusta e ilegal» que sufre Ucrania.

La catedrática de Psicología Básica dispondrá de cuatro años más para desarrollar su proyecto tras un primer mandato marcado por la pandemia y los problemas estructurales del sistema, como el déficit de financiación y las ataduras en materia de personal.

En cuanto a la oferta formativa se centró en el impulso de dobles grados a partir de titulaciones ya existentes, como Física y Química o Física y Matemáticas. La idea es seguir explorando esta vía, especialmente combinaciones con mínima o nula presencia en España como estrategia de diferenciación.

También se quieren potenciar los estudios internacionales en colaboración con otras universidades, así como los títulos propios relacionados con el aprendizaje a lo largo de la vida. Veterinaria, que no existe en la red pública, sigue siendo una aspiración condicionada a la mejora de la financiación del sistema.

En materia de personal la rectora siempre ha defendido que se ha facilitado en lo posible la estabilización de la plantilla y la retención de personal formado mediante las ofertas de empleo público, siempre dentro de la limitación que supone la tasa de reposición de efectivos, que no ha permitido recuperar los recortes aplicados durante la crisis ni tampoco atajar el envejecimiento de las plantillas.

Para el estudiantado el programa habla de evitar desigualdades con planes de ayudas propias y reivindicando «una política adecuada de tasas y becas« por parte de las administraciones. También se quiere mejorar la relación con las etapas educativas previas, fomentando las vocaciones en títulos con escasa demanda o con poca presencia femenina, como sucede con los vinculados a las ingenierías y la tecnología.

En cuanto a los retos externos poco ha cambiado en cuatro años. Sigue pendiente el nuevo modelo de financiación de las universidades públicas, previsto para desplegar efectos en 2023, o el convenio colectivo del personal laboral, que ya reivindicaba en 2018 para dar una solución a la precariedad del profesorado asociado.

De cara a su segundo mandato llegará la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Aunque el borrador siga en stand by seguro que mantendrá la exigencia de reducir drásticamente la tasa de temporalidad del PDI, especialmente elevada en la Universitat.

La actual rectora también prevé mejoras en materia de infraestructuras, básicamente ampliaciones de facultades que permitan cubrir necesidades de docencia por aumento del alumnado. Se plantea un aulario en Tarongers y nuevas instalaciones en Burjassot que considera prioritarias.

Para el próximo mandato ha mantenido a la mayor parte de su equipo de dirección aunque introduce cuatro caras nuevas: Ángeles Solanes (vicerrectora de Transformación Docente y Formación Permanente), Rosa Donat (Transferencia e Innovación), Pilar Serra (Sostenibilidad, Cooperación y Vida Saludable) y Helena Rausell (Igualdad, Diversidad y Políticas Inclusivas).

Continúan María Elena Olmos (secretaria general), Isabel Vázquez (Estudios), Ernest Cano (Ordenación Académica y Profesorado), Adela Valero (Empleo y Emprendimiento), Carlos Hermenegildo (Investigación), Carles Padilla (Internacionalización y Multilingüismo), Joaquín Aldás (Planificación, Calidad y Tecnologías de la Información), Justo Herrera (Economía e Infraestructuras) y Esther Alba (Cultura y Sociedad).

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