Las escuelas infantiles de la Comunitat Valenciana reclaman un plan de ayudas para evitar cierres

La patronal se reunió con dirigentes del PPCV para abordar la situación del sector tras conocerse que Educación triplicará en septiembre la oferta de aulas de dos años en colegios públicos, lo que ha provocado la indignación de la red por la creación de plazas en localidades donde hay oferta consolidada y con vacantes ante el desplome de la natalidad.

Tras el encuentro Bardal defendió que los centros «llevan décadas ofreciendo un servicio de calidad, con una regulación muy exigente» y que la oferta «está en riesgo por tener que competir con recursos públicos duplicados o centros no autorizados».

«Perder alumnado de dos años puede suponer la diferencia entre el mantenimiento o el cierre», añadió. «Un plan de ayudas sería más barato que crear puestos nuevos al aprovechar la red existente, y se evitaría destruir empleos», dijo.

En la reunión participaron la síndica popular, Eva Ortiz, la diputada Beatriz Gascó y la portavoz de Valencia, María José Catalá. Las tres dieron su apoyo al sector y explicaron que en la proposición de ley sobre conciliación, presentada por el PP, se extiende la gratuidad a todo el primer ciclo de Infantil privado. La medida fue una promesa unánime en las últimas elecciones, si bien el Botánico sigue sin desplegarla.

«El Consell debe encontrar fórmulas en las que coexistan la red pública y la privada, se respete la libertad de las familias y se garantice la gratuidad», defendió Gascó.

«El modelo del Botánico, autorizando aulas de dos años, genera inseguridad porque ni centros ni profesores están preparados para acoger a estos niños, y produce un grave daño al sector privado abocándolos al cierre de centros y a despidos de más de 5.000 personas», alegó.

La reivindicación de un plan de ayudas y una planificación de plazas consensuada, creándolas sólo donde sean necesarias, es compartida por las dos otras patronales: Feceval y Salvem 0-3.

Esta última criticó ayer la PNL presentada en el Congreso por parte de Ciudadanos -aprobada con el apoyo del PP y VOX- que extiende a las familias de centros no autorizados para prestar el servicio educativo la deducción de hasta mil euros por gastos de guardería.

«Perjudica a la calidad educativa y legaliza situaciones irregulares», criticaron, aludiendo a la exigencia de la normativa actual y a los controles que pasan las escuelas autorizadas.