Los estudiantes seguirán acampados en la UV pese al comunicado de los rectores contra la guerra en Gaza

En un comunicado, la organización trasladó su «hondo pesar por los gravísimos acontecimientos que se están produciendo en la Franja de Gaza», reclamando tanto el fin de la invasión como de cualquier acto terrorista, así como la liberación de los secuestrados por Hamás. También informó de la revisión, «y en su caso suspensión», de los acuerdos de colaboración con las universidades israelíes «que no hayan expresado un firme compromiso con la paz y el cumplimiento del derecho internacional humanitario». Además, en los días previos el rectorado de la UV ya había informado de que no se mantenía ningún acuerdo con centros académicos del citado país.

La acampada se gestiona a través de una asamblea, que este viernes ha convocado una rueda de prensa en el jardín que ocupan desde hace dos semanas. Los participantes, que no han querido identificarse argumentando que sólo daban voz al colectivo, han leído un manifiesto para contestar a la postura de la CRUE, que se considera «deliberadamente disuasoria» y que tiene por objetivo «desactivar la lucha internacionalista por Palestina».

«Todas las universidades israelíes colaboran activamente con el ejército genocida y no lo condenan porque son un pilar fundamental del régimen colonial», dice el comunicado. «Romper relaciones con Israel no es sólo fundamental para la lucha del pueblo palestino, es fundamental para la lucha de todos los movimientos sociales», se añade.

La asamblea también ha criticado la falta de interlocución de la rectora Mavi Mestre -plantean que participe en una asamblea- y han acusado a la decana de la facultad de amagar con llamar a la policía y de querer denunciar a tres estudiantes por delitos de odio, a raíz de una conversación mantenida en días previos.

«Es hipócrita que la CRUE diga que hace suyo el sentir de los campus y la reivindicación que desde ellos se está extendiendo cuando en el caso de la Universitat, la apariencia de un decanato y un rectorado amable esconde una actitud hostil hacia el estudiando organizado», recoge también el manifiesto, que denuncia además retirada de pancartas y un refuerzo de la seguridad privada «no solicitado».

Las exigencias de los acampados van más allá del ámbito universitario. Se pide al Gobierno de España que ponga fin a la compraventa de armas y a las relaciones con Israel, que se sume a la iniciativa sudafricana en el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU o que acabe con «la persecución y criminalización de la solidaridad con Palestina», así como la derogación de las leyes de Protección de la Seguridad Ciudadana (llamada ley Mordaza) y de Extranjería.

Por su parte, a la Universitat le reclaman «el compromiso claro y firme por escrito de no firmar ningún convenio con instituciones israelíes» y sí hacerlo con las universidades palestinas, además del fin de todas «las colaboraciones y contratos con empresas cómplices de los crímenes de lesa humanidad con Palestina». Preguntados en la rueda de prensa, los portavoces han puesto como ejemplo al Banco Santander, principal mecenas universitario de España, alegando que financia la instalación de placas solares en territorios ocupados de Cisjordania.

«Ante esta situación seguiremos luchando hasta que todas las demandas del movimiento estudiantil por Palestina, nuestro movimiento, sean aceptadas», se concluye en el comunicado.

La acampada fue la primera organizada en una universidad española, a imagen y semejanza de las impulsadas en otros países como EE.UU. Se inició el pasado 29 de abril, con el apoyo de diferentes organizaciones de estudiantes, personal universitario y la entidad BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel). Posteriormente se sumaron estudiantes en la Universidad de Alicante, con la previsión de levantarla este sábado.

La Universitat de València defiende que sí ha mantenido interlocución con los acampados y que se ha reforzado la vigilancia privada para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la facultad. Además, inciden en que las peticiones van más allá de las competencias universitarias y recuerdan que la posición institucional es la adoptada en el claustro: «un alto el fuego inmediato y permanente, la liberación de todos los rehenes y prisioneros, el fin de las violaciones de Derechos Humanos y el inicio de un proceso de diálogo y negociación que dé una respuesta permanente al conflicto».