Estudiar un máster en la Comunitat sale caro

Los acuerdos establecieron que el plazo máximo para adaptarse era el curso actual, el 2022-2023, y el Observatorio del Sistema Universitario ha analizado en su último informe qué consecuencias prácticas han tenido a través de una radiografía que permite comparar los precios públicos de la primera matrícula entre diferentes comunidades.

Los resultados han sido dispares. A nivel estatal sigue habiendo grandes diferencias entre comunidades aunque la reducción se haya conseguido. Básicamente por los distintos puntos de partida. Y hay que tener en cuenta que una parte importante de los estudios quedaron poco vinculados a los pactos. Es lo que pasó con los másteres oficiales no habilitantes, que representan la inmensa mayoría de la oferta de postgrado. Y en la Comunitat son especialmente caros. En estos casos se acordó no subir los precios, pero nada se consensuó sobre bajarlos.

El observatorio está conformado por profesorado, personal de administración y servicios y estudiantes de las cuatro universidades públicas catalanas que, según su propia definición, interviene sobre cuestiones de política universitaria «ofreciendo documentación y análisis desde la investigación, el debate y la reflexión».

Cuando un alumno termina sus estudios tiene la posibilidad de cursar un máster oficial, bien para ganar en especialización o para poder dedicarse a algunas profesiones, como sucede con la docencia de Secundaria, la abogacía, determinadas ingenierías o para ejercer de psicólogo sanitario. Estos másteres habilitantes o vinculados suponen algo menos del 10% del total de la oferta universitaria, según destaca el Observatorio.

El 90% restante entronca mejor con la idea de especialización y reciclaje profesional, y son los que apenas resultaron afectados por los pactos más allá de no incrementar su precio. La Comunitat Valenciana sí ha minorado los costes, exactamente en un 10% para este ejercicio. Y pese a ello están entre los más caros de España.

La mayoría de regiones establecen el precio en función del tipo de estudios, la experimentalidad, que depende del coste que se supone que tiene la prestación del servicio. Por tanto sus tasas se mueven dentro de una horquilla, entre los más baratos y los más caros, que es la que utiliza el Observatorio en su análisis. La Comunitat, por contra, decidió hace años establecer un coste fijo: 2.120 euros en la actualidad.

Si se compara esta cuantía con las que aplican el resto de autonomías se extrae la idea de que en doce comunidades cualquier máster oficial no habilitante es más económico que en la valenciana. Sólo pueden haber estudios más caros en el País Vasco (2.143 euros), Extremadura (2.468), Madrid (2.701) y Murcia (2.818). Y en estos casos siempre que se trate de másteres de la más alta experimentalidad, como los relacionados con las Ciencias de la Salud.

Sirve un ejemplo para entender la diferencia. En la Comunitat el de Gerontología cuesta 2.120 euros. En Galicia, una de las comunidades más económicas, se sitúa en 836. Además, el coste es el mismo que un postgrado de la experimentalidad más baja. Por ejemplo, el de Economía, que en Galicia se puede cursar por 591 euros y aquí sigue costando 2.120. De hecho si se mira la clasificación ordenada por la parte baja de la horquilla la Comunitat es la peor situada con la única excepción de Madrid, que también cuenta con precio fijo.

La entidad también analiza los másteres habilitantes. La situación es mejor, aunque agridulce. Buena si se comparan los títulos más baratos y mala si se hace con los más caros.

Estos estudios sí quedaron cubiertos por los acuerdos entre administraciones, obligando a que el precio del crédito (unidad que conforma las asignaturas) fuera igual a los de sus grados asociados. Es decir, quedaron ligados a la experimentalidad. En la Comunitat oscilan entre 710 y 1.080 euros. En cuanto a la primera, la más asequible, únicamente Galicia y Canarias resultan más económicas (punto positivo para la Comunitat, que está entre las más baratas en los estudios menos costosos). Y en relación al segundo valor, la experimentalidad más elevada, hay diez regiones mejor situadas (punto negativo porque implica estar entre las siete regiones más gravosas).

Por ejemplo, el máster de Psicología General Sanitaria, fundamental para ejercer la disciplina en el sistema de salud, aquí cuesta 1.080 euros por curso. Es más caro en Cataluña, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Madrid y Navarra, pero más asumible en las diez autonomías restantes. En cambio, el de Abogacía (de la experimentalidad más barata) cuesta 710 euros, un precio más que competitivo porque solo sería más reducido en Galicia o Canarias (591 y 647 respectivamente).

La región valenciana sí queda bien situada en los estudios de grado, las carreras ordinarias, pues en la comparación se ubica en la parte media-alta de la tabla. Tanto si se utiliza el precio más bajo aplicable a cualquier estudio (710 euros) como si se hace lo propio con el más alto (1.080). Son los mismos que rigen en los másteres habilitantes por la obligada vinculación entre estudios en función de su experimentalidad. Por ejemplo la carrera de Derecho (experimentalidad más baja) es más barata en la Comunitat que en diez comunidades, y la de Medicina se puede cursar a un precio más ventajoso que en nueve regiones.

El Observatorio dedica un capítulo a la «dudosa legalidad de los másteres a precios diferenciados». Hay cinco comunidades que los ofertan, entre ellos la valenciana, y tienen precios que no se rigen por los criterios anteriores. Los más caros suelen incluir movilidades internacionales. Tuvieron soporte legal gracias al 'decreto Wert', el mismo que permitió la subida de las tasas en 2012.

Sin embargo la entidad recuerda que esta regulación desapareció en 2020 con una modificación de la Ley de Universidades vigente (LOU). Pese al limbo legal siguen existiendo, y en algunos casos su precio es desorbitado (hasta 8.100 euros en la Comunitat, sólo superada por el ejemplo de Madrid, que llega como máximo a 13.500). Una vez entre en vigor la nueva ley universitaria (LOSU) volverán a tener amparo legal, pues esta determina que los precios de cualquier estudio dependerán de las comunidades sin ningún control estatal, si bien deberán tender hacia la reducción.