El eterno atasco de los trámites burocráticos

El atasco de lo público que vive ahora la Comunitat Valenciana tiene poco que envidiar al monstruo etéreo e inabarcable que dibujó Franz Kafka en su novela 'El castillo' en torno a 1922. En ella, el protagonista se enfrentaba a un sistema burocrático inabarcable y terminaba enmarañado en los vericuetos de la administración. Conocía, durante el trayecto, a otras personas afectadas por el mismo problema, gente que sufría la lentitud de los trámites interminables. Hay cosas que no cambian con el tiempo. La Administración valenciana cumple con la profecía del escritor checo, como constatan las historias de los vecinos, perdidos en las grietas del sistema de ayudas, la concesión de licencias o los trámites de justicia.

Prácticamente cualquier trámite que tenga que hacerse ante la Administración pública valenciana se encuentra con retrasos insalvables. Muchos de ellos tienen que ver con la pandemia y la paralización en el segundo trimestre, pero otros muchos no pueden escudarse en el virus para justificar por qué se tarda meses en resolver según qué trámites. Sirva como muestra una resolución cogida al azar de la página web del Síndic de Greuges. En el documento, el interesado explica que pidió la renta valenciana de inclusión el 26 de abril de 2019, hace ahora casi 19 meses. Aunque la solicitud se aprobó en agosto de 2019, no se ha abonado ni un euro de los 483,73 mensuales que otorgó la conselleria. Es sólo un ejemplo, pero las historias se repiten por toda la Comunitat Valenciana y en todas ellas los ciudadanos se encuentran ante una administración lenta e inoperante que funciona a marchas forzadas pero en la que la falta de personal lastra la celeridad de las decisiones que tienen que tomar los funcionarios, sometidos a una presión importante.

Precisamente, son las ayudas sociales las que acumulan más retraso. Son, además, las que más suelen necesitar quienes las piden. Maica Barceiro es la presidenta de la asociación de vecinos de Orriols y una de las voces más veteranas en el movimiento vecinal de Valencia. También tiene movilidad reducida: es habitual verla en las manifestaciones o marchas de la ciudad en su silla de ruedas motorizada. Y lleva desde agosto esperando la subvención que necesita para tener a alguien que le ayude dado que ella tiene reconocida una discapacidad del 84%. Su caso es uno de tantos, por desgracia.

Los retrasos en la aplicación de la ley de Dependencia son sonados. «¿Tres meses? Tenemos solicitudes que llevan dos años esperando», explica Emilio García, presidente de la Coordinadora de les Plataformes en Defensa de la Llei de Dependència del País Valencià. «Falta resolver las de centros de día y residencias y esas están estancadísimas», lamenta García, que agradece el esfuerzo de las administraciones pero pide «un poco más». «Todos tenemos que arrimar el hombro pero es que hay algunos ayuntamientos que no dotan de recursos a los trabajadores sociales», indica García.

Las entidades que trabajan con personas con discapacidad intelectual también están a la espera. Durante meses. Le pasa a Asprona pero también a otras asociaciones del tercer sector, como ha denunciado Calcsicova, la Coordinadora de Asociaciones de VIH y sida de la Comunidad Valenciana. Ellos llevan tres meses esperando. Estos retrasos se convierten, en muchas ocasiones, en un problema importantísimo para las entidades que tienen que adelantar ellas mismas el dinero. «No podemos más», denuncia Nuria Cidoncha, directora de Asprona.

La tardanza en completar los trámites que comienzan los ciudadanos no se circunscribe, obviamente, a la Generalitat. El Ayuntamiento de Valencia es, después del Consell, el organismo más grande de la Comunitat. Con las torres de la Casa Consistorial, evoca incluso al «castillo» del que hablaba Kafka (aunque él lo dibuja como una ciudad completa). Ahí, el atasco en las licencias de obras hay seis meses de espera (menos que con el PP, dicen desde el Consistorio).

El presidente del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia, Vicente Terol, habla de «plazos excesivamente dilatados». Para Terol, estos retrasos suponen «un perjuicio para el promotor de la obra o el ciudadano que quiere abrir un local comercial» que se traslada, además, «a la actividad económica de la ciudad». «Ese perjuicio no se plasma únicamente en la actividad constructiva, sino en las muy variadas actividades económicas que pueden promover esa construcción», indica el presidente, que recuerda que llevan años ofreciéndose al Consistorio para agilizar estos trámites.

Arquitectos consultados por este diario hablan de que los retardos se eternizan sobre todo cuando hay que cambiar el uso de un local en Valencia capital. En Actividades hay miles de licencias paradas: unas 3.700 según reconoce el propio Consistorio, que saca pecho porque antes había mucha más. Poco importa eso a según qué locales, que han tenido que cerrar ante los retrasos, como el caso del Merkato, un mercado gastronómico en Valencia que ha decidido dejar de funcionar tras serios dimes y diretes con el Ayuntamiento de la capital.

Otro ámbito donde los retrasos son acusadísimos es en la administración de justicia. Los señalamientos de algunos juicios llegan a finales de 2022, tal como confirman fuentes judiciales. Aunque los hay comprensivos con la pandemia y con la afección que tuvo la paralización durante tres meses de la justicia, admiten que el ritmo «es mucho más lento porque antes había más salas». Se están dando fechas de juicio a años vista. «Siempre ha habido mucho retraso, pero no podemos decir que es por el Covid como si antes todo funcionara bien. La justicia ha funcionado lenta siempre», asegura Auxiliadora Borja, decana del Colegio de Abogados de Valencia, que admite que se necesitan «muchos más medios y más juzgados». En Valencia van a poner sólo un juzgado de lo mercantil y uno de los social en Alicante. «La consellera de Justicia pidió más juzgados pero esto es lo que vamos a tener», lamenta Borja.

Incluso las familias numerosas tienen que esperar tanto tiempo para recibir el carnet que algunos de los hijos se hacen mayores de edad. No es broma. Le ha pasado a Susana Martínez, de Picassent, que ha recibido el carnet 13 meses después de pedirlo y ahora tiene que anularlo porque su hijo mayor ya es financieramente independiente. La presidenta de la Federación de Familias Numerosas de la Comunidad Valencia (Fanucova), María Ángeles Fabri, reconoce que la dirección general de Igualdad ha reforzado el personal en las delegaciones de Valencia y Alicante. «Los retrasos se han paliado porque se ha contratado más personal temporal, aunque antes eran de 5 ó 6 meses. Son plazos importantes en periodos de matriculación escolar. Además, nos preocupa lo que pasará cuando esa gente deje de trabajar con la Generalitat», asegura la presidenta de la entidad.

Kafka hablaba de «absurdos peregrinajes hacia el director, los secretarios, los abogados, los escribientes». La burocracia, como el castillo inabarcable, es casi inalterable, pero mientras los plazos se eternizan, en los pasillos del día a día la vida sigue y quienes están perdidos en ellos se sienten, una vez más, solos y desamparados en las grietas y los puntos ciegos de una administración demasiado lenta.

Amador Moreno tiene dos escuelas alrededor de la avenida Baleares. Una de ellas está totalmente cerrada. «Hay casi treinta niños que no vienen», reconoce. Muchos de ellos por la pandemia, admite, pero otros muchos es por el importantísimo retraso que hay en las ayudas de guardería, el bono escolar o el cheque comedor. «Este año los padres están teniendo que pagar porque no podemos adelantarles el dinero», lamenta Moreno, que indica que por estas fechas «siempre» han tenido adjudicadas las ayudas. No ha sido así este año. «Se están resolviendo reclamaciones, pero no han abonado ni un euro. Y el sector corre peligro de desaparecer», advierte.

María José Vives es administradora de fincas. Trabaja en Despacho Ribera y gestiona varias comunidades. Asegura que los trámites son más rápidos de lo que podría parecer, al menos cuando hay que pedir una licencia de obras o similar, pero que se eternizan cuando la cuestión es una ayuda social. «A veces los vecinos nos dicen que avisemos al ayuntamiento de su localidad porque temen que algún vecino pueda tener algún problema que necesite ayuda de los servicios sociales. Y esas peticiones que trasladamos a los consistorios se quedan paralizadas. Incluso tenemos que repetirlas», admite esta administradora, que apunta que suelen ser casos de vecinos que viven en condiciones insalubres. «De antes de la pandemia hay muchas pendientes», dice.

La directora de Asprona, Nuria Cidoncha, hace lo que hacían las generaciones anteriores en tiempos complicados: alargar cada céntimo. Ellos trabajan con menores con diversidad funcional y no quieren que los programas que realizan, sobre todo dedicados al ocio de sus beneficiarios, se queden en el limbo. «Por eso estamos tirando de ahorros», admite Cidoncha. Llevan todo el año esperando que se abonen las subvenciones para los programas especiales que realizan las ONG de toda la Comunitat. En su caso, indica, son unos 70.000 euros que están intentando sacar de los ahorros o con las contribuciones de los socios para poder seguir desempeñando su labor.

Tres meses pueden no parecer demasiado, pero si tienes un 84% de discapacidad reconocida y necesitas a alguien para ayudarte en tu día a día, es una eternidad. Es lo que le pasa a Maica Barceiro, una de las voces más reconocidas del movimiento vecinal de la ciudad. No en vano es la presidenta de la entidad vecinal de Orriols-Rascanya, una de las más combativas de Valencia. Ese mismo espíritu lo traslada a la reclamación de lo que es suyo, ese dinero que necesita «para pagar a alguien» que le ayude en su día a día. Lleva esperando desde agosto y aunque le han reconocido un mayor grado de discapacidad y, por tanto, más ayudas, el dinero no llega. «Tres meses son demasiados. Y no parece que la cosa vaya a solucionarse pronto», dice.

El caso de Susana Martínez, farmacéutica de Picassent, es curioso. Ella es madre de familia numerosa:tiene seis hijos. Hace trece meses pidió el carnet y le acaba de llegar. Esta misma semana, admite risueña. La peculiaridad, más allá de la espera, es que uno de sus hijos, el mayor, «ya ha cumplido los 21 y es financieramente independiente, por lo que ahora tengo que hacer una solicitud para que me cambien de nuevo el carnet», asegura. Estos trámites son rápidos pero porque se han acelerado tras la pandemia. La federación de asociaciones de familias numerosas teme que una vez pase la pandemia y se les termine el contrato a los técnicos contratados de urgencia por Bienestar, los plazos vuelvan a los cinco o seis meses de espera que han sufrido.