Los eternos olvidos de la justicia valenciana

«La Justicia es el patito feo de la administración». Son palabras de Begoña Mollá, decana del Colegio de Procuradores de Valencia. Puede sonar a algo muy oído, pero es que las promesas incumplidas en el mundo judicial son incontables. Además, es una reflexión común a todos los operadores e incluso alguno se llega a preguntar si existe un interés real por parte de la administración para arreglar la situación y dotarla de medios.

Como muestra un dato. En la última memoria publicada del Tribunal Superior de Justicia, la de 2020, señala que faltan 46 jueces de órganos judiciales unipersonales. En 2021 únicamente se han ocupado dos. Aunque finalmente se incorporaron cuatro, otras dos plazas habían sido creadas en 2011 pero se ha tardado diez años en cubrirlas.

El asesinato en Sueca el pasado domingo de un menor presuntamente a manos de su padre ha vuelto a reabrir el debate. Además, se da la circunstancia de que un juzgado había establecido la custodia compartida del niño al no ser informado de la condena por malos tratos que pesaba sobre el supuesto autor en un claro caso de falta de coordinación.

La decana del Colegio de Abogados de Valencia, Auxiliadora Borja, señala la falta de digitalización de la administración de Justicia como uno de los principales hándicaps. «Hacienda y la Seguridad Social sí que lo están porque se dedican a cobrar. Los juzgados, en cambio, no están conectados entre sí y muy pocos tienen ya el expediente digital», explicó la jurista.

En esta línea, se pronuncia también Gonzalo Sancho de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Sancho recordó que el Cicerone, el programa que utiliza la administración de Justicia, se instaló hace dos décadas y todavía se encuentra en funcionamiento y sin cambiarlo.

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, aseguró que en noviembre se empezará a utilizar una nueva herramienta. Bravo destacó que durante los últimos años se han ido introduciendo aplicaciones para mejorar el Cicerone pero diversos factores han obligado a prolongar su utilización.

Los funcionarios están bastante descontentos con este programa que ralentiza el funcionamiento de la administración y en ocasiones es una verdadera tortura para los usuarios por la lentitud con la que trabaja.

Sancho, por su parte, desconfió de la afirmación de la consellera: «Hemos oído muchas veces que el programa se va a cambiar».

Fuentes de la Conselleria de Justicia explicaron que están en marcha proyectos de digitalización y modernización tecnológica por valor de 38,9 millones, entre ellos los 15 ya licitados para sustituir al programa Cicerone.

Precisamente en este punto se dirigen las críticas de los operadores jurídicos que echan en falta la interconexión de los juzgados para evitar que se produzcan casos como el de Sueca. «No hay ningún sistema que permita conocer lo que pasa en otro juzgado», apuntó Marta Golvano de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ).

Juan Pablo Peñarrubia, vocal de la junta de gobierno del Colegio de Ingenieros Informáticos de la Comunitat, aseguró que técnicamente es posible instalar una alarma informática que avise de casos como el de Sueca. El coste no sería demasiado alto. «Estamos hablando de cientos de miles de euros. Quizá con 300.000 bastará siempre que todos los juzgados utilicen el mismo sistema», indicó aunque matizó que primero habría que realizar un análisis exacto de lo que se quiere hacer para clarificar el coste.

Peñarrubia resaltó también que el sistema sólo resultará útil en el caso de que se actualice constantemente. «Al final todo depende de que el funcionario alimente el sistema porque en caso contrario no va a servir de nada instalar este sistema de alarma. Es relativamente económico ponerlo en marcha pero hay que invertir muchas horas mantener al día los datos», puntualizó el vocal del COIICV.

Begoña Mollá recuerda que muy pocos juzgados tienen el expediente digital «y la digitalización es fundamental». En este sentido, Gonzalo Sancho recordó que la Generalitat no cumple la mayoría de los criterios que el Consejo General ha fijado para que se consiga el objetivo del expediente digital.

En la misma línea, se manifestó Ximo Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, «no hay conexión entre los juzgados de Familia y los Penales. El sistema de jueces y fiscales es diferente y luego no son compatibles con los del resto de España. Hace falta modernizar la Justicia». Además Bosch también apostó por la digitalización.

Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, aseguró que el problema fundamental es «la digitalización. No existe un modelo de interconexión ni con jueces, ni con abogados y no es compatible con el resto del país.

Pero no es el único problema. El Plan de Infraestructuras Judiciales marcha con retraso. Se presentó en el verano de 2018 y ya acumula al menos dos años de demora. La inversión prevista inicialmente era de más de 200 millones de euros.

Los juzgados de La Vila Joiosa entraron en servicio en marzo, dos años después de lo previsto. En diciembre se licitó el palacio de Justicia de Llíria cuando tendría que haber estado terminado en agosto de 2021. El de Gandia, previsto para agosto de 2021, está aún en obras y el de Alzira, que iba a estar listo en marzo de 2021 acaba de ser licitado.

Desde la Conselleria de Justicia señalan que las inversiones ahora en marcha rondan los 186 millones para la construcción de nueve palacios de justicia de nueva planta. Otros cinco están sometidos a una rehabilitación total y el resto están con mejoras.

Las mismas fuentes señalan que en los proyectos de gran magnitud el tiempo medio de tramitación administrativa ronda los 18 meses antes de empezar las obras a lo que hay que sumar el tiempo de construcción que no suele ser inferior a un año y lo normal es que sean dos.

El problema al final se sustancia en la falta de medios materiales y personales. Una carencia que es más grave y se hace más evidente en las poblaciones pequeñas. Es una situación que denuncian varios operadores judiciales y los sindicatos. En este sentido, Bruno Antuña, delegado de CSIF, destacó el «abandono» al que están sometidos los juzgados de pueblos».

En la misma línea se pronunció José Cabo, delegado del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), que aseguró que «hay partidos judiciales fuera de Valencia que están abandonados».

Las peticiones de más medios es la demanda común a todos los operarios judiciales. «Tiene que haber una plantilla adecuada tanto de funcionarios como de jueces y fiscales», aseguró. «Hay una infradotación de medios personales y materiales. Son escasos y las sedes son obsoletas», aclaró Cabo.

Ximo Bosch resaltó que hay juzgados insuficientes y se cuenta con una ratio baja de jueces por habitante. Señaló que existen sedes que no reúnen las condiciones adecuadas como en Xàtiva, Alzira o Mislata con goteras o problemas de insectos.

Gonzalo Sancho resaltó que «falta formación en la gente de la bolsa que se envía para cubrir una baja». Además, destacó que hay lugares en los que la «falta de medios es evidente». En cualquier caso, dijo que el sistema es mejorable «pero funciona».

Bruno Antuña añadió que a veces se hacen cosas sorprendentes y resaltó que en ocasiones se gasta en elementos que no son necesarias. «Ahora nos ha sorprendido sustituyendo ordenadores de mesa por otros portátiles. No es necesario y más cuando no se fomenta el teletrabajo», concluyó.

Cristina Dexeus consideró que hay una España de dos velocidades «ya que hay unas fiscalías mejor dotadas que otras». También se unió a la reivindicación de más medios para la Justicia: «hay infradotación de materiales y personas. Actualmente existen sedes judiciales que no pasarían una inspección de Sanidad».