La exgerente de FGV reclama archivar su acusación en el metro por prescribir los delitos

La fase de instrucción del accidente del metro de Valencia sigue quemando sus últimas fases. Y dentro de estas se encuentran los recursos de apelación de los procesados contra el auto de conversión de la causa en procedimiento abreviado, la antesala a que se sienten en el banquillo los ocho exresponsables de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Aunque antes de ese instante quedan muchos episodios procesales por resolver, especialmente tras un día como el de ayer, repleto de notificaciones.

Hasta las tres de la tarde del próximo 20 de noviembre tienen las partes de plazo para presentar sus escritos de acusación, en los que deben incluir las penas que piden para los investigados, así como los delitos que les imputan. En el horizonte del caso, tras esa fase, la posibilidad de que fiscalía y procesados alcancen un acuerdo de conformidad, en la que los investigados se declaren culpables a cambio de un aminoramiento de las penas que reciban. Como ya adelantó LAS PROVINCIAS, ese planteamiento por parte de la fiscal a algunos de los encausados se produjo hace unos meses, en una conversación informal, después de que la Audiencia de Valencia reabriera de nuevo el caso y lo abocara casi irremediablemente a la celebración de juicio. La fiscalía negó no obstante este lunes que haya en curso ninguna negociación.

Pero el último instante procesal más destacado es el recurso que ya ha presentado la que fuera gerente de FGV, Marisa Gracia, y el mayor peso pesado del anterior organigrama dentro de los ocho procesados por el accidente que costó la vida a 43 personas y causó heridas a otras 47. Los otros encausados son el ex jefe de Talleres, Luis Miguel Domingo; el exdirector de Operaciones, Manuel Sansano; el que fuera responsable de la auditoría para la seguridad y circulación, Juan José Gimeno; el exjefe de la Línea 1, Sebastián Argente; Francisco García y Vicente Contreras, respectivamente director técnico y adjunto de Explotación; y Francisco Orts, que encabezaba la dirección de Estudios y Proyectos.

Gracia dirige su recurso al juzgado de instrucción número 21 de Valencia, pero en última instancia a la Audiencia, a la que pide que revoque el auto de conversión del caso en procedimiento abreviado y que archive la acusación sobre ella «por no ser los hechos constitutivos de infracción penal alguna».

La exgerente subraya que su condición de investigada la decidió la juez «diez días antes de que transcurrieran los diez años desde la fecha en la que ocurrió el accidente. Según el recurso, entonces no se había producido aún la pericial de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, «por lo que no existían razones para acordar la investigación» de la exgerente, simplemente «ad cautelam» de que se pudiera producir la prescripción. «Las razones para investigar han de preceder a la imputación, no al revés», concluye.

Por ello, el recurso subraya que cuando la Audiencia decidió que se interrogara como investigados a los encausados, en febrero de 2018, «los posible ilícitos penales estaban ya prescritos». En cualquier caso, la exgerente de FGV subraya que su papel era «ajeno a cuestiones técnicas» como la instalación de balizas que hubieran podido evitar el accidente, el sistema de frenado FAP, los límites de velocidad, la formación del maquinista o las condiciones de la curva.

Por otro lado, la Audiencia deliberará el próximo 22 de noviembre para determinar si acepta o no la petición de fiscalía de que se lleve a cabo una nueva pericial , en este caso por parte de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea.