Los vecinos del barrio de Penyarroja, que se han convertido en la principal piedra en el zapato de la vicealcaldesa y concejala de Urbanismo, Sandra Gómez, celebraron el viernes por la noche con un brindis la ejecución de la sentencia que anula la pérdida de suelo de uso público en el barrio y en la avenida de Francia tras la recalificación de la antigua fábrica de tabacos de Amadeo de Saboya. La decisión del Tribunal Supremo, conocida el pasado viernes, puede suponer un coste para el Ayuntamiento de Valencia de 25 millones de euros, según estima la concejalía de Urbanismo, que ha vinculado el embrollo urbanístico con la herencia dejada por el PP. Esta cantidad se sumaría a otros 20 ya abonados mediante dos parcelas.
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Tras la anulación por el Supremo del plan urbanístico 'popular' que permitió derribar las naves laterales del edificio de Tabacalera, construir dos fincas en la parte trasera y entregar una parcela municipal en la plaza América a cambio de la titularidad del inmueble industrial el Consistorio actual tuvo que maniobrar para dar cumplimiento del fallo, pues uno de los edificios de la calle Micer Mascó ya estaba construido, así como el de la citada plaza.
Por ello se ofreció a la empresa Guadalmedina parte de dos parcelas que inicialmente iban a albergar equipamientos públicos en el barrio de Penyaroja, con el correspondiente cambio urbanístico, provocando el rechazo de la asociación de vecinos que tras recurrir ha conseguido una sentencia favorable que anula esta modificación.
No se llegó a firmar ningún convenio con la empresa, que además presentó una reclamación de 45 millones sobre la que todavía no hay fallo. Desde la concejalía señalaron que de esta cantidad ya se han pagado unos 20 millones con los solares de plaza América y Micer Mascó, los ya construidos, y que los otros 25 iban a cubrirse con la operación de cambio de suelo que ha sido anulada.
Las mismas fuentes han señalado que la sentencia es «una terrible noticia» que asocian «al fantasma de los años del gobierno del PP, que sigue presente y dañando Valencia». «Lo que tienen que hacer es avergonzarse y pedir perdón a los valencianos», han añadido, antes de afirmar que el actual equipo de gobierno ha hecho «todo lo posible para evitar esta carga que va a lastrar el presupuesto».
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Por su parte la portavoz del grupo popular, María José Catalá, ha dicho que la sentencia que anula parcialmente la recalificación «es un nuevo mazazo para Ribó y sus socios socialistas que da la razón a los vecinos que recurrieron», y que el resultado es «el triunfo de la constancia y la reivindicación vecinal», puesto que ahora «podrán mantener el uso de las parcelas para que puedan tener zonas verdes y dotaciones públicas».
Los vecinos han celebrado que la Justicia les haya escuchado, lo que en su opinión no ha hecho el Ayuntamiento. «Nuestras pretensiones eran justas y se ha tumbado una recalificacion ilegal, injusta, innecesaria y popular», según la Asociación de Vecinos de Penyarroja. «Seguiremos luchando por que en los solares dotacionales se ejecuten las dotaciones públicas necesarias en este barrio y, en especial, el centro de salud, la biblioteca y el jardín de la calle Tres de Abril de 1979», según ha informado la entidad que preside José Tárrega en un comunicado.
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