La falta de fondos en las universidades amenaza carreras y puestos de trabajo

Para el año 2022, que debe ser el último sin un plan plurianual, el presupuesto prevé 834,68 millones para cubrir gastos corrientes de las cinco instituciones, un 2,7% más que en 2021 que coincide con la subida salarial del funcionariado que deben aplicar.

La cifra se incrementará con el abono añadido de la deuda histórica (+73,8). Esta cuantía, correspondiente a transferencias ordinarias que nunca llegaron entre 2004 y 2008, se paga por anualidades y también se destina a financiar gastos habituales (nóminas y costes de funcionamiento). De hecho, sirve para equilibrar la balanza ante el déficit de las otras partidas (las transferencias ordinarias y los ingresos para costes de normativas externas) hasta el punto de que hay centros que sólo en salarios y en abrir las puertas cada día consumen la práctica totalidad de las transferencias de la Generalitat.

Es el parche que impide el hundimiento, pero la última anualidad será la de 2022. De ahí que las universidades insistan en que el nuevo plan no puede esperar. O en que además de nuevos criterios de distribución hay que subir la dotación global para desarrollar planes estratégicos e inversiones. Es decir, no sólo sobrevivir.

«Sin financiación adecuada se corre el riesgo de tener que reducir la experimentalidad de los estudios o reducir los títulos ofertados y, por tanto, las plazas disponibles para los alumnos», explican con rotundidad desde la Universitat Politécnica (UPV) cuando se les pregunta por las consecuencias concretas de la infrafinanciación.

«En última instancia corren incluso peligro puestos de trabajo directos e indirectos que no serían sostenibles si continúa la senda de perder capacidad económica. Y la investigación también se verá afectada, porque requiere siempre de inversiones», añaden, antes de referirse a la correspondiente pérdida de carreras científicas entre el personal joven.

El argumento es muy similar al expresado hace unos meses por la Conferencia de Rectores (CRUE) en referencia a la exigencia de la LOSU de reducir la temporalidad del PDI sin que esta medida esté acompañada de un marco financiero adecuado.

La rectora de la Jaume I de Castellón, Eva Alcón, destaca que la dotación ha mejorado de cara al próximo presupuesto, si bien insiste en «contar con un marco de financiación estable que nos marque un horizonte con el que podamos trabajar a medio y largo plazo». «Nos permitiría contar con una previsión de ingresos no sólo a un año vista, sino a más tiempo, con lo que podríamos diseñar mejor planes de acción con los que llevar a cabo nuestras estrategias particulares», añade.

Su homóloga en la Universitat de València, Mavi Mestre, se ha mostrado muy crítica con los retrasos. Y es que el plan lleva más de una década reivindicándose. En una entrevista en LAS PROVINCIAS llegó a cuantificar en al menos 120 millones anuales el incremento que precisa el sistema respecto a las transferencias actuales.

La institución espera que el nuevo plan sirva para cubrir las inversiones necesarias para activar el grado de Veterinaria, que precisa de una clínica asociada y que no existe en la red pública, construir un nuevo aulario para el campus de Tarongers o renovar equipos de climatización y equipamientos de laboratorios que se han quedado obsoletos.