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Cuando una persona fallece en su domicilio y no existen indicios de que se trate de una muerte violenta el procedimiento habitual es contactar con un médico de guardia que acude al lugar lo antes posible, comprueba que las constantes vitales ya han cesado y certifica profesionalmente el fallecimiento. El cuerpo queda ya a disposición de la familia y los servicios funerarios, al entenderse que es una enfermedad la que ha puesto fin a la vida del difunto y no existen motivos de sospecha que requieran una investigación más profunda.
Sin embargo, para este paso previo al funeral, entierro o incineración hace falta una pieza fundamental: los facultativos. Y la realidad que denuncian fuentes sanitarias y jurídicas consultadas por LAS PROVINCIAS es que no siempre sucede de este modo. Según revelan, la falta de disponibilidad de personal sanitario en algunos momentos y lugares de la Comunitat está motivando que muertes naturales por enfermedad estén siendo judicializadas, autopsia incluida, en más de una decena de municipios.
A pesar de que no haría ninguna falta, se moviliza el juez y el forense para suplir la citada ausencia de personal médico, pues la familia no puede disponer del cuerpo sin una autorización cualificada. Esto significa que el difunto entra en el protocolo de muerte judicializada y su fallecimiento es tratado, a todos los efectos, como si fuera un crimen, accidente o suicidio. Obviamente, las autopsias acaba mostrando muertes naturales y la familia ya puede disponer del cuerpo, pero por el camino se pierden inútilmente recursos y tiempo de la administración de Justicia.
El problema ha llegado a tal punto que los jueces ya lo han reflejado, a modo de queja, en la última memoria del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Lo focalizan en Tibi, un pequeño municipio del interior de Alicante de unos 1.600 habitantes: «Procede destacar la disfuncionalidad observada en la población cuando se produce algún fallecimiento», destaca el escrito judicial antes de ahondar en el problema.
«El centro de salud», describe, «presta servicios de lunes a viernes por la mañana únicamente». En esta tesitura, según consta en la memoria, «si una persona fallece por la tarde, fin de semana o festivo, dicho fallecimiento se convierte automáticamente en judicial, sin serlo».
La razón que esgrimen los jueces para explicar la anomalía es que el centro de salud «se encuentra cerrado y los médicos de las poblaciones próximas como Xixona, no desean desplazarse». Así ha ocurrido ya «en alguna ocasión, obligando a efectuar el levantamiento del cadáver y la autopsia» al finado, entre otros procedimientos. El resultado es que se emplean «medios personales y materiales de manera innecesaria, pues no existen indicios de criminalidad que justifiquen la intervención del juzgado, ni de la Guardia Civil, ni del médico forense». La intención del TSJCV al denunciarlo es «corregir dicha deficiencia en el servicio», según inciden.
Este diario consultó ayer a la Conselleria de Sanidad para conocer su versión ante la queja elevada en el documento judicial. «En el centro de Salud de Tibi», explica el departamento autonómico, «el horario de actividad programada es el mencionado en el escrito, pero la actividad urgente, incluida la certificación de fallecimiento, es asumida por los facultativos del Punto de Atención Continuada (PAC)», sin concretar donde se ubica.
Los médicos del PAC, añade Sanidad, «realizan la cobertura en el horario de no funcionamiento del centro de salud y son los responsables de certificar los fallecimientos que puedan presentarse». En el resto de departamentos, «en función del horario de funcionamiento de los centros, se da la misma situación y la misma respuesta ante la necesidad de certificar un fallecimiento», mantiene la Generalitat.
El sindicato médico CESMCV-SAE ha denunciado en reiteradas ocasiones «el progresivo deterioro y abandono de Atención Primaria al que se ha llegado en los últimos años en la Comunitat». Reclaman más medios materiales y humanos y han convocado para mañana concentraciones en las puertas de los centros de salud. Las protestas continuarán los días 4 y 11 de abril, según ha anunciado la formación sindical.
Su secretario general, Andrés Cánovas, lamenta un «continuo recorte de recursos» y pide, entre otras cosas, que se garanticen las atenciones urgentes. Demanda dispositivos de urgencias extrahospitalarias durante las 24 horas o que se integre a los facultativos de Atención Continuada en los equipos de primaria para que asuman la demanda no programada.
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