R. GONZÁLEZ
Lunes, 8 de marzo 2021, 00:23
En un par de semanas está previsto que finalice la prorroga de un año decretada por la Generalitat el pasado 14 de marzo para otorgar validez a los carnés de familia numerosa que caducaban, y que en aquel momento no se podían tramitar por culpa del estado de alarma. El plazo llega a su fin y ahora llegan las prisas. De entre los 20.000 y 30.000 títulos que se debían renovar, hay muchas familias que todavía no lo han tramitado y se podría producir una avalancha de última hora. La falta de personal del departamento amenaza con atascar esas renovaciones.
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La Federación de Familias Numerosas de la Comunitat Valenciana (Fanucova) teme que el plazo para obtener el documento se incremente al agolparse las tramitaciones. Ahora el proceso suele durar unos tres meses, después de que en octubre la dirección general de Igualdad pusiera en marcha el tercer plan de choque con el que contrató personal temporalmente para reducir las demoras. De hecho, ha habido momentos en los que la obtención del carné llegó a tardar unos nueve meses.
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Desde Fanucova, el problema se tendría que solventar de raíz con una ampliación del personal «y no a base de planes de choque y parches». Según señalan, les gustaría que la Administración valenciana fuese un ejemplo de agilidad y que acercase a las de otras regiones en las que el proceso no supera los 15 días.
En la Comunitat hay más de 80.000 familias numerosas con título registrado. Durante la prórroga se tenían que renovar más de una cuarta parte, según le comentó el director general de Igualdad en la Diversidad a la federación, y «muchos» todavía no han hecho el trámite. El hecho de que acabe ese periodo y no cuenten con el título repercutirá negativamente en la economía las familias numerosas.
En cuanto a las ayudas que pueden perder, Fanucova no tienen una cuantificación, pero recalca que el carné proporciona muchos beneficios. Entre ellos destacan deducciones en la renta (a los que la piden anticipada les supone un ingreso de al menos 100 euros al mes); descuentos en el IBI, dependiendo de cada ayuntamiento; la gratuidad de la matrícula universitaria; el bono social para la luz; y bonificaciones en la EMT o el metro.
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