Rovira media con las familias afectadas por los problemas del transporte escolar

Las familias y profesores de los 14 centros de la provincia de Valencia afectados por las deficiencias en el transporte escolar se han manifestado este jueves en la Conselleria de Educación para exigir un servicio de autobuses en condiciones para sus hijos. El propio conseller, José Antonio Rovira, ha salido para escuchar y dar explicaciones a los manifestantes, que le solicitan una solución urgente, y ha señalado que han abierto un expediente sancionador contra la empresa.

Desde el pasado día 11 que empezó el curso los autobuses de la empresa gallega Monbus están causando numerosos problemas a los alumnos que necesitan transporte escolar para llegar a sus colegios. 10 de esos 14 centros son de educación especial y necesitan estar adaptados, pero en la mayoría de casos no lo están. Las familias denuncian que muchas veces no aparece el autobús o cuando lo hace no funciona la rampa para que entren sillas de ruedas, entre otros problemas. Esta tarde Jorge Cabo, director general de centros, ha manifestado en un encuentro con el director general de Monbus que deben cumplir con su contrato con un servicio correcto, porque las excusas ya no les valen a las familias, y se han emplazado para una reunión en persona la semana que viene.

El conseller ha querido acercarse a los manifestantes para explicar que están «encima de la situación» pero que la solución tiene que ir por unos cauces administrativos. «Hemos abierto un proceso sancionador a la empresa. El problema que tenemos es que no podemos rescindir el contrato. Sin hacer el proceso sancionador, la Administración no puede ir a una rescisión legalmente. La empresa desde el inicio no ha ido cumpliendo adecuadamente y a mí me preocupa especialmente las líneas que afectan a educación especial», ha dicho Rovira.

Educación está exigiendo medidas urgentes a la empresa y que cumpla con el servicio tal y como pone en el contrato. «Vamos a hablar con ellos hoy para tratar que la empresa nos de una fecha en la que ya estén solucionados los problemas. Vamos a seguir presionando. Empezamos con que no habían rutas, ahora el problema es más de material, no está bien el autobús, vamos a hacer revisión con la Guardia Civil de esos autobuses», ha anunciado el conseller. Rovira se ha escudado en que la adjudicación del contrato a la empresa Monbus la hizo el anterior gobierno de PSPV y Compromís. «Algunos de los que adjudicaron este concurso están manifestándose», ha añadido.

Además de aplicar las sanciones correspondientes a la empresa por las deficiencias que ha habido en estos nueve días lectivos en el transporte escolar, Educación ha pedido la colaboración de la Dirección General de Transportes para que, con la Guardia Civil, se investigue el problema. Además, la anterior adjudicataria, denunció que las matrículas de autobuses que había ofrecido Monbus se repetían para realizar distintos trayectos a la misma hora. A este respecto, Rovira ha señalado: «Estamos comprobando si esos autobuses que están circulando son los que dijo la empresa que iba a aportar, porque es la forma para poder sancionar. Ahora están incumpliendo. Yo recibí a las empresas valencianas, pero no puedo hacer nada porque ya había una adjudicación hecha».

No obstante, desde la conselleria se expresa que poco a poco se va reduciendo el problema. «La empresa está tomando medidas para que no les metamos un palo gordo. Tenemos que ver qué grado de incumplimiento está teniendo la empresa, para hacer ese expediente sancionador lo más rápido», indica Rovira. La directora territorial está viendo en estos días si hay algún incumplimiento más por parte de la empresa y tanto la Guardia Civil como la inspección educativa están al tanto.

Quien está diariamente visitando colegios para ver si se soluciona el problema es Jorge Cabo, director general de centros. «Nosotros no vamos a dejar que los niños suban donde no deben. Lo que queremos es que el servicio sea correcto, vamos a implementar las medidas necesarias para que si la empresa no se sabe organizar, se reorganice. Vamos a establecer un expediente de penalidades que conllevará una sanción económica y administrativa, la que proceda, pero la rescisión del contrato no puede ser efectiva, porque eso sería complicar más la situación», ha explicado.

Cabo ha definido la situación del primer día como «insostenible», y la conselleria se ha reunido en varias ocasiones con esta empresa. «Cada vez que hemos indicado una deficiencia se ha subsanado. Hemos tratado que el servicio se cumpla, lo hemos vivido en persona y está solucionado. Las incidencias ayer eran que no había capacidad suficiente y se pusieron autobuses supletorios. En el día de hoy los centros tienen el servicio adecuado», indica Cabo.

Al tratarse de una empresa nueva, tras más de 20 años de servicio de la anterior adjudicataria, Educación informó desde el principio a la empresa del número de niños que iban a ir en cada ruta, las paradas y las horas, pero no ha cumplido con el servicio. «La empresa tiene una falta de coordinación que nosotros no podemos permitir, desde el lunes se optó por abrir ese pliego de penalidades que la empresa va a tener encima de la mesa y nosotros vamos a seguir hasta el final y si eso da lugar a una rescisión del contrato lo vamos a hacer, pero no podemos saltarnos los pasos», ha expresado el director general.

Los manifestantes han interpelado tanto a Rovira como a Cabo en numerosas ocasiones para explicarles los problemas a los que se están enfrentando diariamente motivados por este mal servicio de transporte escolar. «Queremos normalidad para el alumnado, hoy voy en coche, mañana en taxi, normalidad para el profesorado, las monitoras que a las 7 de la mañana tienen que estar pendientes de si va el bus o no. Hay familias que han tenido que contratar a gente para que se encargue estos 15 días por estos retrasos, eso es un problema escolar, familiar, laboral y social», dice Javi Parrilla, presidente de la Ampa del colegio La Encarnación de Torrent. «Cómo le dices a una familia que está en la parada con un carro, pasa el autobús y no hay rampa para subir. Tiene que buscar una alternativa. Esto está cambiando el ritmo habitual del colegio», añade.

Otro de esos manifestantes es Rubén Pacheco, presidente de Fampa Valencia. «La situación afecta a un gran número de alumnos y de educación especial, que ya padece muchas carencias y dificultades en el día a día. La semana pasada se pegó fuego un autobús y ayer otro de camino al Saler se tuvieron que bajar los niños 40 minutos porque olía mucho a quemado. Hay muchos buses sin la rampa correspondiente y ni siquiera cinturones de seguridad. Tienen que aplicar recursos de urgencia para que solucionen esto de manera inmediata», expone.

Para Pacheco, el ofrecimiento de la alcaldesa María José Catalá de utilizar autobuses de la EMT «podrían hacer un servicio que serían un parche temporal y los taxis sería el mismo problema, porque los niños necesitan un monitor», explica. «Se han enviado buses sin adaptar a colegios especiales donde no han podido entrar ningún alumno, y con asientos envueltos en plásticos por si algún alumno lo ensucia, eso es inhumano. Es una falta de sensibilidad y de profesionalidad de esta empresa», critica el presidente de la federación de madres y padres.

Otras madres y padres que han interpelado a Rovira le decían cosas como: «Mi hijo está en riesgo en ese autobús sin seguridad», «no hay autobuses suficientes y no están preparados», «esto está ocasionando muchos problemas a las familias» y «hay personas que pueden perder su trabajo si sigue así esta situación», entre otras reclamaciones.

De hecho hay padres que ya están teniendo alguna llamada de atención en sus trabajos por los retrasos que están teniendo estos días para entrar a la oficina debido al mal servicio del transporte escolar, que les obliga a buscar alternativas y tener que llevar ellos mismos a sus hijos en coche al colegio. Por el momento ha habido una denuncia de una madre contra la empresa, pero si continúan los problemas pueden haber más.

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