Familias exigen a Educación que los colegios también envíen sus escritos en castellano

Así lo considera la asociación Hablamos Español, que le ha pedido al nuevo conseller, José Antonio Rovira, que actúe en este sentido a través de una carta remitida el pasado día 11. Y de la mano, que garantice que la cartelería de los centros, desde tablones de anuncios hasta indicaciones sobre espacios, se rotule en castellano y en valenciano.

«Valoramos positivamente que se reafirme en el propósito de implantar un sistema de libertad de elección de lengua real entre las oficiales», empieza la misiva -firmada por la presidenta Gloria Lago- respecto a unas declaraciones previas realizadas por Rovira en Radio Valencia. «Sin embargo, nos gustaría llamar su atención sobre lo que está sucediendo en relación al idioma de las comunicaciones y la rotulación en los centros de enseñanza», pues «en muchos colegios e institutos el español ha desaparecido y las familias que prefieren recibirlas en nuestra lengua común se ven obligadas a pedirlo expresamente», se continúa.

En mayo de 2022 Hablamos Español impulsó una campaña para que los residentes en comunidades bilingües dispusieran de un modelo de reclamación que recogía diferentes argumentos jurídicos. Por ejemplo, se aludía a la Constitución, señalando que «el castellano es la lengua oficial de todo el Estado cuyo conocimiento se supone por parte de los ciudadanos, que no tienen, como tales, el deber de conocer ninguna otra, y mucho menos el de usarla». También a la jurisprudencia del Constitucional, que reconoce el derecho a recibir comunicaciones de la administración sin que medien «formalidades ni condiciones».

La carta continúa señalando que aunque algunos centros atienden las peticiones de forma «diligente», en «no pocas ocasiones tenemos que seguir la vía administrativa, de manera que la discriminación lingüística se alarga en el tiempo y se nos somete a nosotros y a las familias a tensiones y trámites innecesarios y discriminatorios en un Estado de Derecho». Y se pone como ejemplo un caso reciente, trasladado al departamento, en el que una familia de Silla no conseguía que le facilitasen en castellano la documentación para la matriculación del próximo curso. «Tuvieron que pedirla insistentemente hasta que al fin consiguieron que les dieran una traducción», se añade, antes de confiar en que «este sea el último escrito que nos vemos obligados a remitir a su consejería para que se respete la cooficialidad lingüística».

En declaraciones a LAS PROVINCIAS Lago insiste en la importancia de que, de oficio, las comunicaciones sean en las dos lenguas «para evitar a las familias la carga de tener que recurrir a la vía administrativa o tener que recibir respuestas que no siempre son agradables».

La carta se cierra recordando que aunque no haya cambios este ejercicio en cuanto a los usos lingüísticos -por tanto, sigue vigente la Ley de Plurilingüismo de los partidos del Botánico- «hay determinadas mejoras que son fáciles de implantar», como «el respeto a la lengua de elección de las familias en las comunicaciones» o su envío «en formato bilingüe». «Le animamos a hacerlo realidad», cierra la misiva.

Por otro lado, la asociación impulsó una iniciativa legislatura popular (ILP) para impulsar una ley de libertad lingüística que no terminó de tramitarse la pasada legislatura, lo que no significa que decaiga la propuesta.

De hecho, la mesa de Les Corts acordó a finales de julio reanudar los trámites. Entre ellos, otro informe sobre el posicionamiento del Consell. El anterior, del Botánico, fue especialmente crítico. Con este se podrá saber por dónde van los tiros en cuanto al modelo lingüístico que tiene en mente Rovira.