El fiscal pide cárcel para el director del parque por la muerte de burros en Castellón

Ambos son los acusados en el procedimiento abierto por el fallecimiento de estos animales. Los hechos tuvieron lugar entre agosto y octubre de 2021 cuando el Botánico estaba en el gobierno de la Generalitat.

El objetivo de la iniciativa era la prevención de incendios con los burros comiendose la vegetación de un paraje. Pero parece que en el terreno no había suficiente pasto para alimentar a los animales y estos empezaron a morir. El primer deceso se produjo el 6 de agosto, sólo dos días después de llegar los asnos al parque natural.

Empezó así un lento cuentagotas de fallecimientos que finalizó el 5 de octubre con la muerte del décimo animal, según el estrito de la fiscalía.

El ministerio público destaca que además de las muertes, cuatro de las hembras abortaron durante la experiencia y nacieron dos asnos, uno de los cuales se incorporó al ganado y otro murió en la finca del propietario.

El fiscal tiene claro que las muertes se produjeron «a consecuencia de la omisión llevada a cabo por los acusados, los cuales no llevaron a cabo las actuaciones mínimas necesarias para prestar asistencia a los animales».

El escrito les achaca que «produciéndose muertes desde el inicio de la experiencia no dispusieron la realización de una valoración veterinaria».

También les reprocha que no actuaran para disponer de un traslado controlado de los ejemplares fallecidos ni pidieran una necropsia para conocer la causa de las muertes y, además, se desconoce el destino de los cadáveres.

El ministerio público continúa detallando las carencias del proyecto. Entre ellas se encuetra el hecho de que los animales no disponían de un refugio ante la inclemencia. Así, destaca que no existió un proceso de adapatación de estos burros «y las únicas infraestructuras mencionadas en el proyecto consistían en la instalación de cuatro depósticos de agua y un pastor eléctrico».

Prosigue señalando que no se implementaron otras medidas durante el horario nocturno y destaca que los animales «permanecieron en el monte pese a los signos de deterioro en su estado que se pusieron de manifiesto durante el primer mes de la experiencia».

Otra de las cuestiones que reseña el escrito de la fiscalía es que «la dieta de los animales no fue suplementada pese a que la disponible era inadecuada y tampoco se implementaron suplementos alimenticios con posterioridad hasta que no regresaron al establos».

La consecuencia de esta situación fue el hecho, según el fiscal, de que los animales se empezaron a alimentar de especies leñosas, «la mayoría de las cuales presentan características en su estructura y composición consideradas anti-hervíboro».

Además, añade que la dieta de los animales «fue del todo insuficiente» ya que las parcelas seleccionadas «no reunían una carga trófica adecuada».

En opinión del fiscal, ambos acusados «no ejercieron el debido control de los animales» al no constatar el estado de salud de los burros durante el proyecto. También resalta que la forma de actuar tanto del funcionario como del ganadero «supuso en la práctica el abandono del debido cuidado de los 50 asnos incluidos en la experiencia piloto y que tuvo como consecuencia de la muerte de diez de ellos y el deterioro de la sald de al menos tres de ellos.

El escrito de acusación señala que el entonces director del parque conociendo las muertes primeras no realizó «una valoración veterinaria» y los defectos de diseño, ejecución y respuesta supusieron en la práctica del indebido cuidado de estos 50 asnos. Al ganadero le achaca que no proporcionó alimentación suplementaria a los burros ni solicitó el control veterinario pese a conocer las muertes.

El fiscal considera que estos comportamientos son constitutivos de un delito continuado de maltrato animal y que de ellos son criminalmente responsables «los acusados en concepto de autores directos». Pide por ello 20 meses de cárcel para cada uno, la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión que tenga relación con animales y para la tenencia de estos durante el periodo de cuatro años y seis meses.

El funcionario acusado ha sido apartado de su cargo de director del parque por la Conselleria de Medio Ambiente de forma provisional.

Por su parte, el Partido Popular, que se había personado en la causa de los burros fallecidos, se ha adherido al escrito del ministerio fiscal en la relación de hechos, en la solicitud de pruebas y en la petición de pena para los acusados.