Fomento liberalizará la AP-7 sin tener listos los contratos de mantenimiento

Fue en junio de 2018 cuando el actual ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, anunciaba la decisión del Gobierno de liberalizar la AP-7 en el tramo comprendido entre Alicante y Tarragona a partir del 1 de enero de 2020 y, por tanto, no prorrogar la concesión actual vence el 31 de diciembre de este año.

Dieciocho meses después, y a menos de dos semanas para que se levanten las barreras del peaje, aún queda mucho por resolver sobre la situación de la AP-7 en la Comunitat y en Tarragona. Porque a las conexiones de la carretera con los municipios que no se han construido se suma la falta de los contratos de conservación y mantenimiento, una partida que a partir del próximo año deberán asumir las arcas del Estado y por la que la empresa Abertis desembolsaba unos 145 millones (un importe en el que también se incluye la AP-4 Sevilla-Cádiz, que también se liberalizará).

Los movimientos del ministerio con la conservación de la llamada 'Autopista del Mediterráneo' no llegaron hasta agosto de este mismo año, a pesar de la alerta lanzada en más de una ocasión por entidades como la Cámara de Contratistas de la Comunitat, que recordaba lo sucedido con la primera autopista liberalizada, la AP-1, donde tampoco llegaron a tiempo para el fin del peaje. Fue ese mismo mes cuando el Consejo de Ministros autorizaba a Fomento a licitar cuatro servicios (uno por cada provincia) por valor de unos 129 millones.

Sin embargo, tendrían que transcurrir otros tres meses para que, ya en noviembre, los contratos salieran a concurso público, en este caso, con una inversión menor: 53,7 millones. Las fechas de recepción de ofertas y de apertura de los sobres con las propuestas ya dejaban entrever que no habría adjudicación para el 31 de diciembre, pues el plazo para remitir las propuestas finalizaba ayer mismo.

Así, Fomento tropieza de nuevo con la misma piedra y ha tenido que recurrir al procedimiento de emergencia para sacar los contratos de mantenimiento de la AP-7, según confirmaron fuentes del propio ministerio, que recordaron que es un trámite contemplado en la Ley de Contratos del Sector Público.

No obstante, no aclararon si será la propia Abertis la que asuma estas tareas hasta que se resuelvan las adjudicaciones pendientes (algo que se hizo en la AP-1, donde la concesionaria asumió un contrato de este tipo por seis meses, que luego se han prorrogado hasta finales de año). En caso de excluir a la gestora de la AP-7, Fomento tiene otra opción: hacer una encomienda de gestión a una empresa pública, como Seittsa, para ejecutar las operaciones de mantenimiento de los casi 400 kilómetros entre Alicante y Tarragona.

A la fórmula de emergencia se ha visto abocado el Gobierno no sólo por la licitación tardía del contrato de mantenimiento, previsto para un plazo de dos años, ya que ha surgido otro contratiempo: los recursos presentados por los sindicatos CC OO y UGT contra los cuatro concursos impulsados por la Dirección General de Carreteras.

Esto ha provocado que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales haya concedido la medida provisional solicitada y, por tanto, haya suspendido el procedimiento abierto de contratación. Según la resolución, el recurso se refiere al aspecto de personal a subrogar y no a los aspectos técnicos del pliego.

Mientras, el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, aseguraba ayer que la gratuidad total de la AP-7 es una «línea roja» de negociación ante la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno en referencia a «experimentos con cualquier tipo de peaje blando».