Cientos de valencianas optan a indemnizaciones de 5.000 euros o más tras recibir implantes mamarios defectuosos

El Tribunal Supremo francés ha dictaminado que unas 40.000 mujeres que recibieron implantes mamarios defectuosos de la empresa Poly Implant Prothèse (PIP) reciban una indemnización de unos 5.000 euros de media si no sufrieron efectos secundarios (en los casos en los que sí sufrieron problemas de salud, los pagos crecerán en función de las secuelas). La decisión abre la puerta a que cientos de valencianas afectadas por estas prótesis adulteradas opten a esta compensación, ya que sólo los centros públicos valencianos implantaron estas prótesis a 639 mujeres.

El problema de estos implantes PIP fabricados con silicona industrial se detectó hace más de una década y desde entonces parte de las afectadas de distintos países europeos han encabezado un proceso para reclamar por los daños sufridos y que parece que finaliza con la sentencia de la justicia francesa.

En su momento, y como recogió LAS PROVINCIAS, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, recomendó a aquellas mujeres portadoras de prótesis mamarias de la citada empresa que acudieran a su médico para someterse a un seguimiento adecuado y evaluar si procedía su retirada.

Por su parte, fuentes de la Conselleria de Sanidad concretaron que en los centros públicos de la Comunitat este tipo de implantes se utiliza en intervenciones de reconstrucción de pecho tras procesos oncológicos, no con fines estéticos. Los centros públicos valencianos implantaron estas prótesis a 639 mujeres y la totalidad de estos casos fueron notificados a las pacientes y controlados por sus cirujanos. Sin embargo, muchas otras sí fueron intervenidas en clínicas privadas con fines meramente estéticos.

Por tanto, según manifestaron, la mayoría de los implantes corresponden a cirugía plástica efectuada en la asistencia sanitaria privada. En estos casos, los cirujanos recibieron la referida notificación de la agencia española. Estos profesionales tienen que llevar su registro de implantes y notificarlo a la Aemps, que es la competente en materia de vigilancia de productos sanitarios.

El Instituto Nacional Oncológico de Francia descubrió que estas prótesis, que dejaron de utilizarse en España en 2010, tenían un alto riesgo de «ruptura» y de causar «reacciones inflamatorias» en sus portadoras. De hecho, el Gobierno del país vecino recomendó la cirugía «con carácter preventivo y no urgente» para la retirada de estos implantes.

En España, según informó la Aemps, no era posible hacer una estimación estable de cuántas mujeres podrían llevar estos implantes, dado que la empresa distribuidora y el fabricante desaparecieron.

No obstante, recomendó a aquellas personas que tuvieran un implante mamario por cualquier causa que comprobaran que su prótesis era de esta empresa y, de ser así, que contactaran con su médico para someterse a un seguimiento adecuado, que incluyera un control ecográfico anual o con una frecuencia mayor a criterio del cirujano.

En el caso en que se detectara o sospechara la rotura de las prótesis, la Aemps aseguró que debía procederse a su explantación. En cambio, si no había sintomatología clínica o deterioro de la prótesis, las actuaciones a seguir serían determinadas conjuntamente con el cirujano «en función de las circunstancias médicas y estéticas particulares de cada persona».

Además, las autoridades sanitarias advirtieron de que si durante la explantación se detectaban signos inusuales de inflamación, el médico debía considerar la necesidad de realizar una toma de muestra del área de contractura capsular para llevar a cabo estudios histológicos e inmunoquímicos.

Igualmente, si el implante estaba roto o mostraba signos de fuga del gel a través de la carcasa, esta información debía ser archivada en el expediente médico del paciente y tenerse en cuenta en futuras revisiones, vigilando en particular la aparición de nódulos linfáticos.

A raíz de este problema, la Aemps reconoció que estaba estudiando la forma de poner en marcha un registro de implantes, aunque admitía que tendría que hacerse en colaboración con las sociedades médicas relevantes en la materia.

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