Funcionarios, opositores y profesores con discapacidad recurren el plan para convertir en fijos a los interinos

Una de las impugnaciones proviene de la asociación Defensa del Turno Libre, que está conformada por funcionarios de carrera, opositores e incluso interinos jóvenes. La organización, de ámbito estatal, nació a mediados de 2021.

«Empezamos a juntarnos personas de diferentes sectores que estábamos opositando al ver que nuestras posibilidades de acceso a la función pública se iban a restringir al priorizarse los concursos de méritos», explica el presidente, Antonio Requena. El objetivo inmediato de la asociación pasa por recurrir en la vía judicial todos los procesos extraordinarios que puedan, ya sean de administraciones locales, autonómicas o nacionales, aunque su aspiración última es conseguir que la propia norma de la que emanan acabe en el Tribunal Constitucional.

Los argumentos que utilizan son comunes. «Consideramos que esta fórmula va contra los principios de igualdad, mérito y capacidad y lesiona el principio de libre concurrencia», añade Requena, en el sentido de que estos deberían guiar cualquier procedimiento selectivo de acceso a la función pública. En cambio con los concursos de méritos y las oposiciones extraordinarias -la otra vía que prevé la citada ley- la antigüedad tendrá un peso casi definitivo en el resultado final.

«Entre nuestros asociados hay funcionarios de carrera que están en contra de la estabilización porque consideran que afectará a su carrera profesional, o funcionarios interinos que tampoco lo ven con buenos ojos por un motivo similar, por ejemplo porque llevan pocos años ejerciendo y no tendrán posibilidades de conseguir plaza frente a los de mayor antiguëdad», dice Requena. También cuentan con opositores, que en el mejor de los casos tendrán que esperar a 2024 o 2025, en función de su cuerpo docente, para disponer de una convocatoria ordinaria, como las anteriores a la ley, para tener mayores garantías de acceso.

Uno de los ejemplos a los que alude la asociación tiene que ver con los funcionarios docentes que actualmente están en la fase de prácticas y que deberán participar en el próximo concurso de traslados para escoger su plaza definitiva. Y lo harán compitiendo con los interinos que hayan sido seleccionados en el concurso de méritos excepcional, con el hándicap de que una reciente sentencia del Tribunal Supremo obliga a computar la experiencia, los servicios prestados, mientras ejercieron bajo esta condición. Es decir, pese a ser funcionarios de carrera vía oposición previa pueden verse relegados a la hora de elegir plaza si los estabilizados suman más puntuación por este motivo.

«Llegamos hasta donde nos permiten nuestros recursos económicos, y utilizamos una doble estrategia: tumbar los procedimientos de estabilización recurridos por vulnerar el derecho a la igualdad pero con la vista puesta en la ley estatal», explica. «Al tribunal en cuestión le puedes plantear que tienes dudas sobre la constitucionalidad de la norma, y puede valorar la opción de elevar una cuestión de inconstitucionalidad», añade. «La ley no puedes atacarla directamente -es una prerrogativa limitada a 50 diputados o senadores, el Defensor del Pueblo, las comunidades autónomas o el presidente del Gobierno para normas regionales- «pero sí puedes intentar que el tribunal que te corresponde lo tome en consideración», dice Requena.

Por último, alude a las consecuencias que puede tener el concurso de méritos en el ámbito educativo. «Se han conocido casos de aspirantes que se han presentado a decenas de especialidades, pudiendo acabar en alguna para la que no ha llegado a trabajar o lo ha hecho de manera muy minoritaria, por lo que también estamos hablando de garantizar la calidad de la enseñanza», sentencia.

Otro de los recursos proviene de la asociación Diversidad Funcional Docente de la Comunitat, que defiende la inclusión en el concurso de una reserva de plazas para profesionales con alguna discapacidad, como sí sucede en las oposiciones ordinarias o en este mismo proceso impulsado por otras administraciones autonómicas. Incluso se han incluido cupos en el otro procedimiento selectivo extraordinario para facilitar la estabilización de interinos: la oposición que llegarán este verano en la que los exámenes no serán eliminatorios y también se dará especial peso a la experiencia previa en la fase de méritos.

Los otros seis recursos que han trascendido -las resoluciones que dan cuenta de ellos figuran en el Diari Oficial de la Generalitat- no dependen de ninguna entidad en cuestión, sino que han sido impulsados por docentes a título individual. En dos de los casos se han agrupado -hasta 15 personas en uno-, y los perfiles son diversos, pues hay funcionarios e interinos de diferentes cuerpos, especialmente del de Secundaria, de profesores de Música y Artes Escénicas y de Artes Plásticas y Diseño. Cabe recordar que para este proceso se ha flexibilizado al máximo la posibilidad de concurrir a muchas especialidades con un título universitario.

Entre estos se incluye el presentado por un aspirante contra el baremo publicado en la convocatoria de la Comunitat. Como informó LAS PROVINCIAS, la justicia deberá determinar si se ajusta a derecho después de que el interesado detectara un cambio en el apartado de formación académica que se salía del acuerdo alcanzado con otras doce autonomías para aplicar un procedimiento idéntico.

Así, los aspirantes que pidan plaza en la Comunitat pero procedan de otras regiones que sí cumplieron en su totalidad el pacto estatal podrán sumar dos puntos si acreditan el título de doctor y el Diploma de Estudios Avanzados (DEA), mientras que los de aquí, baremados conforme a la convocatoria de Educación, sólo tendrán la opción, en esta misma situación, de obtener uno.

La intención de la conselleria es que el concurso extraordinario de méritos, al que se han presentado casi 26.000 aspirantes, esté resuelto de manera que los 7.555 interinos seleccionados ya sean funcionarios de carrera el curso que viene.