Gandia, el único municipio que quiere tumbar la ley de Costas

Con Altea y Sagunto, constituyen las únicas localidades con un alcalde de PSPV o Compromís que han presentado alegaciones contra el anteproyecto de ley. Pero mientras que las aportaciones de estas dos poblaciones se refieren a puntos concretos, las presentadas por la ciudad Ducal parecen una auténtica enmienda a la totalidad de la norma.

Las alegaciones presentadas por Altea (Compromís) y Sagunto (PSPV) son muy puntuales y se refieren a artículos de la ley pidiendo reformar alguno de ellos o añadiendo algún aspecto. No ha sido así en el caso de Gandia que rechaza abiertamente la norma.

Una de los motivos principales por los que Gandia no acepta la nueva ley es porque deroga el Pativel, una norma de protección de la costa aprobada por el gobierno del Botánico, con lo que la salvaguarda de la playa de l'Auir en el municipio gandiense quedaría en entredicho. Además, en opinión del consistorio, la ley de costas abre la puerta a reclasificaciones urbanísticas

Otro de los argumentos utilizados por el Ayuntamiento es que la aprobación de la nueva norma generará unos efectos negativos para el conjunto de la sociedad valenciana, y en particular del litoral, poniendo en peligro tanto los ecosistemas costeros como la seguridad y el bienestar de las comunidades.

De esta forma, el periodo de alegaciones ha concluido con que sólo estos tres de los 22 municipios costeros gobernados por un alcalde de un partido de izquierdas han presentado alguna alegación al proyecto. Esta ausencia de enmiendas a la ley destaca con las críticas vertidas desde PSPV y Compromís en Les Corts Valencianes.

El síndic socialista José Muñoz indicó que la ley permite el «urbanismo depredador» de la época del gobierno del expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana. El representante socialista afeó a Carlos Mazón su «cinismo» al intentar «engañar a la ciudadanía» diciendo que crea una figura jurídica que, en realidad, «no vale para nada». «El propio conseller Vicente Martínez Mus ha reconocido que no tienen competencias para crearla, porque esa competencia es estatal», indicó.

Fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente han señalado el contraste entre las afirmaciones de los representantes del PSPV en Les Corts y la actitud de los alcaldes de la veintena de localidades costeras controladas por su partido o por Compromís.

No han se han personado los municipios de Alfàs del Pi, Guardamar del Segura, Bellreguard, Els Poblets, Oliva, Piles, Miramar, Guardamar de la Safor, Daimús, Tavernes, Cullera, Sueca, Alboraia, Foios, Albalat dels Sorells, Albuixech, Canet o Almenara. Todos estos cuentan con un alcalde de PSPV o Compromís.

Fuentes de la conselleria interpretan que esta ausencia de alegaciones refleja la preocupación de los alcaldes de estas localidades por la política de costas que está llevando a cabo el Ministerio para la Transición Ecológica con abundantes deslindes que están provocando el rechazo de los vecinos de muchas localidades de la provincia.

Uno de los principales argumentos que están utilizando los dirigentes socialistas para rechazar la ley es la posible inconstitucionalidad de algunos de sus artículos porque la Comunitat se estaría apropiando de competencias estatales. En este sentido, la diputada María José Salvador se refiere a la figura de núcleos costeros etnológicos que podría no encajar en el marco constitucional.

Esta figura pretende proteger algunos enclaves costeros que presentan características históricas, etnográficas o culturales propias que puedan hacer acreedores de esta denominación y estar protegido frente a la política de deslindes. Salvador cuestiona que esta sea constitucional al entrar en conflicto con competencias estatales.

Otro artículo que sería inconstitucional para la diputada socialista es el 44 en el que se recogen que las concesiones administrativas en el dominio público marítimo serán otorgadas por la Generalitat Valenciana y no por el Estado. Se refiere a permisos para instalar chiringuitos, instalaciones deportivas o a otras de más calado como las concesiones de hoteles o viviendas en el litoral.

Este es precisamente una de las principales novedades que contempla la ley de Costas valenciana cuyo anteproyecto fue aprobado el pasado martes por el pleno del Consell. Este punto es uno de los que puede suscitar la oposición del Gobierno central al tratar de asumir competencias ahora en manos del Estado. Si saliera adelante, cuestiones como las del Sidi Saler corresponderían a la administración autonómica y no a la central. También lo serían permitir chiringuitos o instalaciones deportivas en el litoral.

Además, otro de los puntos destacados de la ley es la creación de la figura de núcleo etnológico costero que permitiría a algunos municipios del litoral con características culturales, históricas o etnográficas propias acogerse a ésta para eludir la política de deslindes puesta en marcha por el Gobierno central.

Por otro lado, por primera vez se va a proteger la pradera de posidonia marítima prohibiendo los fondeos de barcos sobre ellas al ser una de las especies básicas para el funcionamiento del ecosistema marino.

La ley también elimina uno de los elementos característicos de la política urbanística del Botánico al reformular el Pativel (Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral) que será sustituido por un plan de ordenación urbanística al amparo de la nueva norma de costas.