El pasado jueves la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Benabé, anunciaba que el Ejecutivo central prepara 150 viviendas públicas para los afectados por la dana en respuesta a la cesión de 21 alojamientos para víctimas de las inundaciones realizado por la Generalitat el ... pasado fin de semana. Es un nuevo conflicto abierto entre las dos administraciones a cuenta de esta tragedia.
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Ahora, la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, en una carta a la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, le ha solicitado que incluya a la Comunitat en los fondos Next Generation de la Unión Europea. La misiva indica que «conscientes de la necesidad de impulsar actuaciones de rehabilitación de viviendas y de promoción de viviendas de nueva construcción en los municipios afectados por la dana, consideramos oportuno que el Gobierno de España dote a la Generalitat de fondos europeos Next Generation».
Camarero expone que con estas aportaciones se permitiría impulsar líneas y programas de ayudas para las familias afectadas y que de esta manera recibirían «el necesario apoyo para acometer la rehabilitación de sus viviendas» y así recuperar en el plazo más breve posible la normalidad. Además, considera que de esta manera se impulsaría «la promoción de vivienda asequible de nueva construcción por parte de los ayuntamientos junto a la Generalitat Valenciana».
En la carta que la consellera remite a a ministra se expone que la Generalitat ya pidió el pasado 4 de noviembre en el curso de una reunión una serie de «actuaciones necesarias» para la adecuación inmediata de viviendas del parque público valenciano para ponerlas a disposición de las víctimas que requirieran un realojo temporal.
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La consellera indica que en reuniones posteriores se concretaron los detalles de estas «actuaciones prioritarias que viene atendiendo la Generalitat». El coste estimado de estas intervenciones asciende a 43,6 millones de euros y el Consell pidió al ministerio que dotase de «los recursos extraordinarios necesarios para acometerlas».
En la comunicación, Camarero requiere a la ministra a que conteste «sobre los recursos solicitados tanto para la reparación de daños ocasionados en las viviendas del parque público autonómico como para la adecuación de viviendas con objeto de atender las necesidades de familias afectadas».
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Susana Camarero en la misiva se refiere a que en lugar de atender a su petición el Consejo de Ministros aprobó el pasado 11 de noviembre una subvención de 25 millones de euros en favor del «Sepes, Entidad Pública del Suelo adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, para financiar la compra de viviendas que deberán estar en ocasión de ser ocupadas con carácter inmediato, para el alojamiento de aquellas personas que han perdido temporal o definitivamente su hogar tras la dana».
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Como se desconoce la efectividad de esta medida, según expresa Camarero, la consellera ha solicitado la aportación de 25 millones a la Comunitat para llevar a cabo «la construcción de 200 viviendas públicas industrializadas móviles en edificios en alturas de hasta cuatro plantas, para el realojo de familias desalojadas de sus hogares, realizadas a través de módulos tridimensionales prefabricados trasladados a las zonas afectadas y que permitirán a los afectados contar con una vivienda en pocos meses».
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La consellera recuerda que en la reunión de trabajo del 4 de noviembre se solicitó la cesión de 1.056 viviendas propiedad de la Sareb en la provincia de Valencia para realojar a familias afectadas por la dana. También apunta a que el Gobierno adelantó que sólo 150 viviendas «iban a ser puestas directamente a disposición de las personas afectadas, gestionándose la adjudicación de las mismas por la Sareb».
En la carta también se recoge que en la visita del secretario de Estado de Vivienda el 17 de diciembre anunció la entrega de 34 viviendas en una primera fase y la adecuación de otras 69. «Un total de 103 viviendas que están lejos de las 500 que el propio secretario de Estado reconoce que existen en los municipios afectados por la dana y muy lejos de las 1.056 existentes en la provincia de Valencia».
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