La Generalitat prorroga durante 2025 las ayudas al alquiler a los afectados por el incendio de Campanar

«Desde Aproicam queremos comunicar que hemos recibido una buena noticia desde la Secretaría General de Vivienda y desde la Secretaría General de Financiación de la Generalitat Valenciana: Las ayudas para el pago del alquiler tras el incendio de Campanar concedidas por la Generalitat Valenciana van a ser prorrogadas para el periodo de 2025. Es una gran noticia que valoramos positivamente y que desde APROICAM agradecemos. La Generalitat Valenciana cumple con su compromiso de que ninguna familia de Rafael Alberti 2 se quede atrás y que la Administración se olvide de lo sucedido aquel 22 de febrero de 2024», ha señalado Enrique Salvador en nombre de los propietarios del edificio.

«Queda mucho camino por delante y estamos pendientes de que se prorroguen también las moratorias de los préstamos hipotecarios. Hay compromiso por parte de la Generalitat Valenciana de ayudarnos para conseguir dicho objetivo», añadía el comunicado, donde también se felicitaba a toda Valencia las fiestas navideñas que están por llegar.

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Javier Martínez

Valencia pensó que había vivido su día más trágico aquel 22 de febrero, cuando la urbanización de 45 metros de altura y 138 viviendas donde residían 450 personas ardió por completo en menos de una hora. Por aquel entonces la alcaldesa de Valencia y el presidente de la Generalitat aseguraron que harían todo lo posible por ayudar a las familias y que no se les iba olvidar. Tras el paso de la dana, los propietarios manifiestan que las instituciones «no se han olvidado de lo sucedido».

Cabe recordar que estas ayudas al alquiler se aprobaron de urgencia el lunes 26 de febrero, apenas cuatro días después del trágico suceso. Estas ayudas constaron de un presupuesto inicial de 2,48 millones de euros. Las ayudas para el alquiler a los afectados están siendo iguales al precio del arrendamiento de la vivienda, con el límite de 1.000 euros mensuales por regla general. Este tope se incrementaba hasta un máximo de 1.500 euros mensuales, a razón de cien euros adicionales por cada una de las personas que, además del solicitante, residan en la vivienda que se arrienda, siempre que tuvieran su residencia habitual en el piso incendiado en la fecha del siniestro.