El Gobierno abona los fondos para reparar instalaciones municipales dañadas por la dana a los municipios afectados

Este dinero ayudará a la reconstrucción de más de 400 instalaciones municipales como centros sociales, bibliotecas, cementerios o polideportivos que sufrieron destrozos durante la riada. Los ayuntamientos deberán decidir qué fases va a asumir Tragsa y cuáles pueden gestionar con medios propios.

Dichas etapas son la elaboración de la memoria valorada, la redacción del proyecto, la licitación y la dirección y ejecución de la obra así como la priorización de los trabajos que se van a acometer. «Lo que hay que procurar es minimizar el procedimiento administrativo para que cuanto antes se inicien estas obras», comentan a LAS PROVINCIAS fuentes cercanas al comisionado del Gobierno para la Reconstrucción, José María Ángel.

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La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha confirmado que hoy que el Ayuntamiento de la capital del Turia ha recibido los 137 millones que le pertocan en función de los destrozos reportados. «Esto no es una ayuda, es un acto de justicia», ha manifestado la primera edil mientras ha recordado al Gobierno la importancia de acometer las obras hidráulicas pendientes y un nuevo Plan Sur.

Catalá ha explicado que resulta «mucho más barato» materializar las infraestructuras hidrológicas necesarias, activar los sensores adecuados en los barrancos o canalizar los barrancos hacia el nuevo cauce del río Turia que lo que va a costar la reconstrucción. «Es momento de alzar la voz y plantear al Ministerio que ya deben de estar trabajando en un nuevo Plan Sur», ha zanjado mostrandose comprensiva con las demandas de los vecinos de las pedanías afectadas.

Cabe recordar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que el Ejecutivo iba a hacerse cargo de la totalidad del coste de las infraestructuras de titularidad municipal que resultaron dañadas en el desastre el pasado 23 de enero durante una visita a Valencia para reunirse con los alcaldes de las poblaciones afectadas. Sánchez comentó que también se tendría en cuenta el coste de reposición de todo el ciclo del suministro público de agua (los sistemas de abastecimiento, saneamiento y depuración) por valor de otras 500 millones, independientes a su vez de los 16.600 millones de inversión total realizada por la Administración del Estado en la catástrofe.