El Gobierno admite su incapacidad para aplicar ya la ley de bienestar animal

El Gobierno reconoce su incapacidad para aplicar en toda su extensión la ley de bienestar animal que entrará en vigor el próximo 29 de septiembre. En una circular dirigida ayer a todos los colegios de abogados de España, la Dirección General de Derechos de los Animales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2023 admite que algunos aspectos del texto «en puridad de términos jurídicos, no resultan efectivamente aplicables hasta que se produzca el desarrollo reglamentario de dichos preceptos, de conformidad con lo dispuesto en el mismo», tal y como informó LAS PROVINCIAS recientemente. El ministerio da este paso ante el desconcierto entre los propietarios de animales de compañía y reconoce haber recibido «diversas consultas».

Los aspectos pendientes de regulación específica son, según consta en la ley y confirmó Amparo Requena, vicepresidenta de la Sección de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), el seguro de responsabilidad civil a terceros que deben contratar los propietarios de perros, los cursos de formación para tenencia de un perro o la identificación de animales incluidos en el 'listado positivo', que no sean de las especies perro, gato y hurón. Todas ellas, según recoge la nota informativa dada a conocer por el ministerio, serán aplicables una vez entre en vigor el citado desarrollo reglamentario.

¿Y eso cuándo será? Un Ejecutivo en funciones, como el actual, no puede legislar así que hasta que sea investido un nuevo presidente del Gobierno y se constituya un gabinete ministerial no se elaborará ni aprobará. Todo ello a expensas de que un cambio de color político pueda afectar al desarrollo legislativo.

Estos son los puntos de la ley que no se aplicarán, de momento.

Seguro de responsabilidad civil

La ley de bienestar animal obliga a los dueños de perros a contratar y mantener en vigor un seguro de responsabilidad civil por daños a terceras personas. El reglamento futuro debería determinar, entre otras cosas, la tipología de cobertura necesaria por tipo de perro. En el caso de los perros potencialmente peligrosos (PPP) ya existe una norma especifica, de 2002 –y que sigue vigente–, que obliga a que la cobertura mínima sea de 120.000 euros. En este caso, el ministerio aconseja a los propietarios que estudie la normativa autonómica y local, que en algunos casos ya obliga a ello. No es el caso de la Comunitat. Los propietarios valencianos de perros tendrán que esperarse al desarrollo reglamentario del Gobierno para saber a qué atenerse. No obstante, el ministerio recomienda «consultar a las compañías aseguradoras para que asesoren sobre los perros que podrían estar incluidos en las pólizas de seguros del hogar».

Cursos de formación

También necesita regularse el curso de formación para tener perro, del que sólo se sabe que será gratuito y que tendrá una validez indefinida. Con él se pretende, según la ley estatal, «facilitar una correcta tenencia responsable del animal, muchas veces condicionada por la ausencia de conocimientos en el manejo, cuidado y tenencia».

Listado positivo

Tampoco podrá aplicarse la identificación de especies silvestres (aves, reptiles, mamíferos, anfibios, peces...) incluidos en el listado positivo, es decir, aquellos que se pueden tener en casa más allá de perros, gatos y hurones. El comité científico y técnico encargado de resolver, excluir o incluir animales en la lista también tiene que regularse. La ley da un plazo de dos años a la Administración para elaborar el listado. Las especies que no estén incluidas no se podrán tener en casa. En caso de que alguna persona tenga un animal que no está recogido en el listado, deberá comunicarlo en el plazo de seis meses a la autoridad competente. De momento, nada de esto se hará efectivo.

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