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Manifestación a favor del trasvase Tajo-Segura en Madrid. jesús signes

El Gobierno ningunea al Consell y recorta el trasvase Tajo-Segura

La Unió denuncia la «persecución» en materia hídrica a la Comunitat y reclama a Puig que «se plante de verdad ante Madrid»

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Martes, 27 de julio 2021

Pese a las quejas del Consell y las reivindicaciones de los agricultores valencianos, el Gobierno sigue adelante con su objetivo de acabar con el trasvase Tajo-Segura, lo que amenaza con dejar sin agua suficiente a la huerta de la Comunitat Valenciana. En concreto, el Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto que establece nuevos umbrales para transferir agua de la cuenca cedente (Tajo) a la cuenca receptora (Segura) para, en palabras del Ejecutivo, «evitar situaciones de excepcionalidad y trasvase cero» en las cuencas receptoras. De este modo, en una situación de normalidad hídrica, el máximo mensual se reduce de 38 a 27 hectómetros cúbicos.

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Así, el Gobierno ha consumado lo que ya anunció Castilla-La Mancha hace unos días y la Unió de Llauradors i Ramaders criticó ayer duramente esta decisión que, en su opinión, «escenifica la persecución del Gobierno en materia hídrica hacia la Comunitat Valenciana y de la provincia de Alicante». Según el responsable de Agua de la Unió en Alicante, José Jesús Sanmartín, se trata de «una desaparición paso a paso del trasvase de agua del Tajo al Segura y, por ello, pidió al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y a la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, que «se planten de verdad ante Madrid, que dejen de hablar de trasvase irrenunciable y que actúen hasta las máximas consecuencias para defender un agua que, además de un derecho, es una necesidad».

Precisamente, Puig insistió ayer que el Trasvase Tajo-Segura es «irrenunciable» y que el Consell, aunque esperará a conocer cuál es el acuerdo «concreto» que se alcanza en el Ministerio al respecto, está estudiando jurídicamente esta cuestión: «Vamos a presentar todo tipo de alegaciones»., manifestó en su visita al municipio alicantino de El Recorral de Rojales.

En ese sentido, la organización agraria volvió a denunciar «la politización de nuevo de los asuntos del agua» que perjudican a los agricultores. También reivindicaron la necesidad de reclamar «agua suficiente y de calidad» para la Comunitat Valenciana. «Nuestra contribución al conjunto de España es netamente superior a lo que recibimos en agua», agregó Sanmartín.

La decisión del Gobierno se atiene al dictamen científico-técnico del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) y cuenta con el aval de la Comisión Central de Explotación de Trasvase Tajo Seguro y del Consejo Nacional del Agua. Además, el Consejo ha modificado las tarifas que renuevan cada dos años para el aprovechamiento del Acueducto Tajo-Segura, en cumplimiento de la Ley de aguas de 1980.

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El Ejecutivo señala que los nuevos umbrales para la cesión de caudales atienden a un principio fundamental de equilibrio entre el agua disponible en los embalses de cabecera del Tajo y la estabilidad de los suministros hacia las cuencas beneficiarias del trasvase. Así, argumenta que trata de minimizar el riesgo de que el trasvase entre en situación de excepcionalidad hídrica y, en consecuencia, tenga que interrumpirse el aporte de caudales aguas abajo, como ha sucedido con frecuencia en los últimos años a medida que se agravan los efectos del cambio climático sobre el régimen de lluvias en España.

Por ello, Puig insistió en que lo que se quiere es «garantizar agua para siempre» y que la Generalitat también es consciente del cambio climático. «Lo que tenemos es que garantizar agua de calidad y a un precio sostenible que mantenga la huerta más importante de Europa», añadió.

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