El Gobierno cuestiona la legalidad del decreto de admisión de alumnos que recupera el distrito único

El Ministerio de Educación ha remitido una carta de colaboración a la conselleria en la que se advierte de que el decreto de admisión de alumnos diseñado por el nuevo equipo del PP «contempla ciertos aspectos que levantan discrepancias con la normativa básica». Se trata de un primer paso para tratar de solventar desavenencias sobre cuestiones legales sin tener que recurrir a la vía judicial. La administración autonómica deberá responder a siete observaciones distintas, de las que sólo ha trascendido una.

La principal novedad de la norma valenciana es la recuperación del distrito único de escolarización, que en la práctica diluye la preferencia en el acceso que tenían los alumnos cuyos padres residían o trabajaban en las proximidades del centro escolar, que se determinaba con la división de los términos municipales más grandes en áreas de influencia. Por ejemplo, Valencia tenía 21 zonas.

Con la nueva regulación, que ha marcado la admisión del próximo curso (y de los siguientes, si no hay cambios), los diez puntos que se otorgaban por este criterio los pueden conseguir familias de toda la localidad, aunque su vivienda se sitúe en el otro extremo. Cabe recordar que sólo se activa la baremación cuando un colegio tiene más solicitudes para entrar que plazas disponibles.

Aunque el distrito único ya funcionó en la Comunitat durante el anterior mandato del PP, la normativa básica era la Lomce, que no planteaba reparos a este modelo de organización de la admisión. Ahora el marco estatal es la Lomloe, la Ley Celaá, que sí entra en la cuestión. Por un lado, destaca que la proximidad al domicilio debe ser un criterio de puntuación básico -algo que cumple el decreto-, aunque también establece que «las áreas de influencia se determinarán, oídas las administraciones locales, de modo que permitan garantizar la aplicación efectiva de los criterios prioritarios de proximidad al domicilio y cubran en lo posible una población socialmente heterogénea». La clave está en esa eficacia de la cercanía entre la vivienda y la escuela.

Por su parte, desde la administración autonómica han señalado que se están estudiando las observaciones planteadas, al tiempo que aseveran que el decreto «se ajusta a la legislación estatal vigente».

Según han explicado a Europa Press fuentes conocedoras, la misiva del ministerio fue remitida el día 3 de junio y, por tanto, está al margen de la denuncia de la Confederación de AMPAS Gonzalo Anaya sobre cómo se está aplicando en algunos colegios de la Comunitat el punto extra de circunstancia específica, aspecto que también está investigando el Síndic de Greuges tras una queja de la citada organización. Este aspecto, recalcan las mismas fuentes, es competencia de la Generalitat y, por tanto, de la Conselleria de Educación, a través de su servicio de inspección.

La existencia de la carta fue avanzada por Radio Valencia Cadena SER, que también informó de que el ministerio se reserva la posibilidad de presentar un requerimiento (que abriría la vía judicial) en caso de que la respuesta valenciana no resulte satisfactoria. También se ha señalado que se han producido conversaciones a nivel técnico sobre los cuestionamientos que se plantean a la normativa.

Por su parte, fuentes de la Conselleria de Educación confirman que la Dirección General de Centros Docentes ha recibido la carta con siete recomendaciones, y que el departamento está abierto «a cualquier colaboración que revierta en la mejora de la educación en la Comunitat Valenciana».

Además, añaden que están estudiando las observaciones, aunque recalcan que «la regulación del proceso de admisión autonómico se ajusta a la legislación estatal vigente». En este sentido, ponen como ejemplo la indicación del ministerio de que se recoja entre los criterios contemplados la condición de violencia de género y del terrorismo, dos aspectos que se encuentran ya entre las circunstancias de acceso preferente, sin necesidad de pasar por la baremación, «de forma que ese alumnado está más que protegido».

Además, afirman que contestarán al ministerio «en tiempo y forma» y recuerdan que el actual decreto de admisión «ha favorecido el aumento de puntos en cuestiones esenciales como las rentas bajas, pasando de 3,5 a 7». También indican que se ha incrementado la puntuación por ser beneficiario de la Renta Valenciana de Inclusión (de 4 a 7 puntos), la de las familias monoparentales (ídem) y que se ha incluido por primera vez al alumnado nacido en parto múltiple.

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