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Al Gobierno central se le traba la lengua a la hora de explicar por qué no decretó el cierre de las autovías la fatídica ... tarde de la dana que arrasó la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre. A preguntas de LAS PROVINCIAS sobre los motivos que llevaron a no prohibir la circulación por la A-3 a la altura de Chiva mientras el Poyo avanzaba desbocado, el Ejecutivo primero dijo que la responsabilidad era de Transportes, luego que la competencia era de Interior y ahora desde el área ministerial de Fernando Grande-Marlaska parece que vuelven a dejar la pelota en el tejado del departamento de Óscar Puente... El resultado: un bucle en forma de lío competencial que dejó a miles de conductores atrapados por el tsunami del lodo.
«Ni la Dirección General de Tráfico ni la Guardia Civil tienen competencias para cortar el tráfico en carretera alguna, la decisión de prohibir la circulación en una vía concreta corresponde a su titular», informan desde Interior a las consultas de este periódico. ¿Pero quién es el «titular» de la A-3? Pues, según el catálogo de la Red de Carreteras del Estado (RCE), la A-3 es una autovía que depende del Gobierno, y más concretamente del Ministerio de Transportes. Es más, fue el propio gabinete de Puente el que, esa misma tarde, remitió una nota de prensa advirtiendo de cortes en cuatro tramos de la A-3 (tres de estos en la cabecera del Poyo ubicada en la serranía de Utiel y uno entre Buñol y Chiva).
De hecho, siguiendo esta línea argumental, las misma fuentes del departamento de Grande-Marlaska apostillan que tanto la DGT como la Agrupación de Tráfico de la Benemérita intervienen «cuando alguna circunstancia imprevista impide la circulación de vehículos para encauzar el tráfico por vías alternativas».
En resumidas cuentas, Interior devuelve la papeleta al área de Puente que, cabe recordar, días atrás replicó a este diario que el cierre de autovías es asunto de la DGT pues, según la versión de Transportes, es quien «ostenta las competencias de la gestión del tráfico». Asimismo, la tercera instancia gubernamental consultada por este tema fue la Delegación del Gobierno en la Comunitat, pero desde la institución dirigida por Pilar Bernabé alegaron que las prohibiciones del tráfico durante la dana era algo que quedaba en manos de los ministerios competentes.
Por último, desde el equipo de Grande-Marlaska eluden dar una respuesta sobre si en la reunión del CECOPI, donde estaban presentes cuerpos de seguridad del Estado como la Guardia Civil o la Policía Nacional, se trató el tema de prohibir la circulación por las autovías ante el elevado riesgo de inundaciones. «El CECOPI tiene sus propios portavoces, a los que este ministerio no debe suplantar», zanjan desde Interior.
Hasta la fecha, el Gobierno, en boca de Interior, ha puesto sobre la mesa razones para no cortar el acceso de vehículos a la A-3 argumentando que la lluvia «no es un fenómeno meteorológico que impida la circulación» y que las carreteras «están preparadas, construidas, para drenar el agua caída». Por ello, sólo se procede al corte temporal o desvío de las mismas por rutas alternativas «cuando se generan balsas de agua que pueden afectar a la circulación». Estas dos actuaciones se llevan a cabo «hasta que se disipa el embolsamiento o el servicio de mantenimiento de las carreteras las deja expeditas».
Asimismo, desde el área liderada por Grande-Marlaska explicaron que se cortó la autovía A-3 a la altura de Requena porque el tráfico quedó interrumpido en ambos sentidos y fue «necesario» desviar el flujo de vehículos por la N-III. «Otras balsas de agua en esa autovía, repartidas a la altura de Chiva y Buñol, afectaron al arcén y a algún carril, pero no impidieron la circulación, aunque en momentos concretos de la tarde si fue necesario cortar de nuevo la autovía», aseguraron las mismas fuentes ministeriales.
El Consell por su parte ya ha redoblado la presión sobre el Gobierno culpándolo de abocar a miles de conductores que transitaron la A-3 o el by-pass aquella tarde «a una situación caótica y de máximo riesgo de la que no pudieron salir pero que hubiera sido evitable». Es más, acusan al Ejecutivo de disponer «de información puntual y periódica sobre la situación de inundaciones» gracias a la presencia en el CECOPI de representantes de la Delegación y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
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