El Gobierno excluye a los no empadronados de las ayudas de reconstrucción por la dana

De las tres administraciones involucradas en la aportación económica para la recuperación de las familias afectadas por la riada del 29 de octubre, sólo el Gobierno de España rechaza inyectar ayudas a aquellas personas que no están empadronadas en el municipio o en el domicilio afectado.

La Generalitat aprobó dos días después de la dana una aportación inicial de 250 millones de euros para atender las primeras necesidades tras la catástrofe. Una ayuda directa con carácter urgente de 6.000 euros para aquellos que hubieran perdido los enseres de sus viviendas a causa de la riada. Esta ayuda pública, que se podía pedir tanto de manera telemática como de forma presencial en los puntos habilitados para ello, fueron resueltas casi de manera inmediata en mucho de los casos. El proceso de la solicitud era simple y bastaba con los datos personales del propietario, la escritura de la vivienda, un recibo del IBI o de consumo y una serie de fotografías para certificar el daño. En ningún caso la Generalitat pidió el documento de empadronamiento de la persona en cuestión en la vivienda, ya que con un certificado de propiedad y de estar al corriente de las cargas impositivas era suficiente para recibir los 6.000 euros.

De la misma manera que los ayuntamientos, en muchos de las solicitudes, están atendiendo las peticiones de todos los propietarios afectados por la riada. En el caso de no estar empadronados, es suficiente presentar, además de toda la documentación requerida como puede ser un informe del perito del Consorcio, un reportaje fotográfico y la escritura de la propiedad, un recibo de estar al corriente del pago de la contribución del inmueble afectado por la riada. Esto se está haciendo en el reparto de las ayudas de la Fundación Amancio Ortega, que en muchos municipios se han distribuido en aportaciones de 3.000, 6.000 y 10.000 euros en función de los daños que presenta la vivienda. Aunque en un principio la plantilla de la Diputación de Valencia apuntaba que había que tener la condición de empadronado en la vivienda, esta cláusula se ha suavizado para dar cobertura a todas las víctimas de la riada y poder iniciar así la reconstrucción del pueblo.

En cambio, el Gobierno no contempla esta opción. Si un afectado está empadronado por ejemplo en la ciudad de Valencia y tiene en uno de los municipios afectados una casa de pueblo, heredada de sus padres y sin ningún empadronado en ella lo mejor que puede hacer es contar con una buena bolsa de ahorros para poder recuperar su vivienda porque las ayudas del Ejecutivo de Sánchez no le van a llegar.

La única opción para poder recibir esa aportación era que la casa estuviera alquilada o que existiera una cesión por parte del propietario a un familiar empadronado en el municipio antes de la dana del 29 de octubre. Si el inmueble está vacío y sin empadronados, no existe dentro del catálogo de damnificados para el Gobierno. De esta manera, hay varios casos, especialmente en los municipios del interior de la provincia, que van a ver cómo desde Madrid las aportaciones para la reconstrucción no van a llegar al considerar el Ejecutivo que no son merecedores de las ayudas.