El Gobierno ignora al Consell e impide aplicar la subida salarial prometida a las universidades

El convenio colectivo del personal laboral de las universidades públicas seguirá sin poder aplicarse al no haber llegado el visto bueno estatal. Así lo trasladó la conselleria de Carolina Pascual a los participantes en el Foro de Diálogo, el órgano de participación creado en 2019 que se reunió por primera vez el lunes y en el que estuvieron presentes representantes sindicales y de las instituciones académicas.

La negociación del convenio se prolongó tres años durante la pasada legislatura, cuando las competencias en materia universitaria estaban adscritas a la Conselleria de Educación de Vicent Marzà. El 24 de abril de 2019, cuatro días antes de las elecciones autonómicas, se materializó en un preacuerdo firmado por la administración, las universidades y los sindicatos que incluía diferentes mejoras retributivas, con subidas anuales de entre el 5% y el 39% para más de 2.700 docentes con vinculación laboral.

Las más elevadas eran las previstas para los profesionales con mayor precariedad, como los asociados o los ayudantes. Además permitía homogeneizar los salarios, evitando diferencias para el mismo trabajo entre diferentes universidades públicas.

Desde entonces no ha habido cambios. El Ministerio de Hacienda planteó reparos al preacuerdo, la recién creada Conselleria de Universidades no vio claro que tuviera que firmar el convenio definitivo y los rectorados dijeron que sin una autorización expresa de la Generalitat no podrían aplicarlo ante el riesgo de incurrir en irregularidades contables e incluso de orden penal.

El problema radicaba en que desde Hacienda se advirtió de que las subidas implicaban rebasar el incremento máximo de la masa salarial del personal de las administraciones públicas fijado en los Presupuestos Generales del Estado (los de 2018, que estaban prorrogados). Ante el bloqueo, Pascual pidió al ministro Manuel Castells que mediara ante Hacienda -también intervino Vicent Soler- para fijar una excepción a esta restricción y permitir la entrada en vigor del convenio.

Sin embargo, los presupuestos estatales de 2021 no recogen esta posibilidad, tal y como confirmaron ayer fuentes de la conselleria, que añadieron que «se van a explorar todas las vías posibles» y que la inversión para hacer efectivas las subidas está reservada. Desde UGT PV han anunciado que se dirigirán a los ministerios implicados para tratar de desbloquear la situación y reclamaron que cuando llegue el momento de la aplicación tenga efectos plenos. CC. OO. PV también consideró «fundamental» la ratificación del preacuerdo y el Stepv habló de «fracaso» del Consell y reclamó soluciones «alternativas».