Dos semanas y media ha tardado el Gobierno en enmendar su postura inicial sobre la regulación de los teléfonos móviles en los colegios e institutos. Si el pasado 24 de noviembre la ministra de Educación y también portavoz Pilar Alegría se mostraba contraria a la medida en una entrevista en la Cadena Ser, alegando que era como «querer poner puertas al campo», este miércoles el discurso oficial ha dado un giro de 180 grados: se lo ha propuesto a los consejeros de las diferentes autonomías durante la Conferencia Sectorial de Educación.
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Según ha informado el ministerio a través de un comunicado, la propuesta de partida pasa por una prohibición completa en la etapa de Primaria -«uso cero del móvil», se dice textualmente- mientras que para Secundaria sólo se permitiría para actividades pedagógicas si así lo decidiera el equipo docente. Se trata de un planteamiento similar al que ya se aplica en Galicia, Castilla-La Mancha y Madrid -usos excepcionales vinculados al proceso de aprendizaje- y que también se estudia, de cara al próximo curso, en la Comunitat Valenciana.
Según ha informado Europa Press, la ministra ha trasladado a los consejeros del ramo la necesidad de reunirse durante los primeros días de enero «para buscar una solución consensuada y adecuada por parte de todos para poder dar respuesta a esa preocupación que comparten las familias». «Nos vamos a ver, vamos a reflexionar y vamos a debatir para intentar generar soluciones y respuestas», ha añadido, antes de explicar que también reunirá al Consejo Escolar del Estado, máximo órgano de participación de la comunidad educativa, antes de plantear una propuesta más concreta.
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Alegría ha reconocido que la mayoría de comunidades «ya tiene su hoja de ruta», aunque alcanzar un acuerdo estatal evitaría diferentes regulaciones autonómicas, que al fin y al cabo tienen las competencias sobre la materia. «Queremos abordar esta cuestión con una propuesta coordinada y desde la unidad. La educación no puede ser la respuesta a todo, pero sí debe ser parte de la solución», ha defendido.
Por último, ha reiterado el compromiso del departamento estatal por seguir trabajando en la formación digital de docentes y alumnos para lograr un uso correcto de los dispositivos, que fueron las soluciones por las que apostó inicialmente en la referida entrevista, así como en la educación en el ámbito doméstico.
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El ministerio asumirá el coste de las cotizaciones de las prácticas de FP
La Conferencia Sectorial de Educación también ha abordado la entrada en vigor de la normativa que obliga a que todos los alumnos de Formación Profesional coticen a la Seguridad Social a partir del 1 de enero por su prácticas formativas. Las comunidades del PP habían mostrado sus reservas por la falta de información sobre cómo tramitar las altas y las bajas y sobre quién debería asumir los costes derivados, ante el temor de que se dificultara la captación de empresas para aceptar prácticas, ya fuera en la modalidad dual o en la ordinarias. Hay que tener en cuenta que todos los estudiantes, para titular, deben superar el módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT). Y además, la nueva ley de FP establece que al menos el 25% del tiempo formativo debe realizarse en las empresas. El beneficio para los alumnos es que este tiempo computará desde el punto de vista laboral, por ejemplo para el cálculo de su jubilación. Si bien las cotizaciones están bonificadas el 95%, quedaba por saber qué sucede con el 5% restante. Durante el encuentro se acordó que en 2024 será asumido por el Ministerio de Educación.
Por otro lado, el Gobierno y comunidades autónomas han aprobado la distribución de cerca de 330 millones de euros correspondientes a cuatro programas de cooperación territorial vinculados a la FP (para financiar la creación de 76.479 puestos en toda España), la Educación Infantil (21.794 plazas públicas y gratuitas de cero a tres años), la enseñanza de programación y robótica (un programa dotado con 1,6 millones) y la escolarización de desplazados por la guerra de Ucrania (41,9 millones para sufragar los gastos de niños y jóvenes que han recalado en España).
En la Comunitat, como en el resto de regiones que no tienen una regulación vigente, la decisión sobre el uso de los dispositivos depende de cada centro, que debe plasmarla en sus normas de convivencia. La prohibición era total hasta finales de 2022, cuando el Botánico abrió la mano en aras de las autonomía de los centros y para permitir los usos didácticos.
La restricción va en la línea de la propuesta de Pacto de Estado para la protección de los menores en internet y en las redes sociales, impulsada por la Asociación Europea para la Transición Digital junto a organizaciones como Save The Children, la Fundación Anar, Unicef o incluso por entidades gubernamentales como la Agencia Española de Protección de Datos.
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Aunque la lógica indica que los usos personales no se permiten en las aulas en la mayoría de los centros cosa bien distinta son los tiempos de descanso. O incluso el cumplimiento de las normas de convivencia durante las clases. En la la jornada de expertos organizada por la conselleria a principios de mes para debatir sobre la utilización responsable de los teléfonos se habló de los beneficios conseguidos en los centros libres de móviles. Y no se puede olvidar la información que arrojan los cuestionarios de contexto de PISA, conocidos la pasada semana. En marzo de 2022, cuando todavía regía la prohibición general en la Comunitat, casi un tercio de los alumnos reconoció que mantenía activas las notificaciones del teléfono en clase y que sentía la necesidad de contestar a los mensajes que les llegaban.
También se ha encontrado una relación de causalidad entre la prohibición y la reducción de los casos de acoso escolar e incluso en el rendimiento del alumnado. Por no hablar de que los pediatras también advierten de que una exposición prolongada a las pantallas tiene consecuencias directas en la salud.
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