¿Gratuidad o pago por uso de las carreteras?

¿Pagar por usar las carreteras, al igual que se hace con el avión o el ferrocarril? ¿O que sean gratuitas? Son las dos preguntas a las que han respondido este miércoles los expertos en infraestructuras que han participado en una jornada organizada por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunitat Valenciana (CICCP) al hilo de la inminente liberalización de la AP-7, que se hará efectiva el 1 de enero de 2020.

Para los participantes en el encuentro, al que finalmente no ha acudido ningún representante del Ministerio de Fomento, es necesario repensar el modelo actual para asegurar la sostenibilidad financiera de la red viaria española, de la que se ha recordado el deterioro que acumula desde hace años y la insuficiencia de las actuales inversiones para la conservación y el mantenimiento. De hecho, el director general de la Asociación Española de la Carretera (AEC), Jacobo Díaz, presente en el encuentro, ha avanzado unas pinceladas de la inspección visual que han realizado este verano (y cuyos resultados se conocerán el próximo año) y ha indicado que el estado de la red es «muy deficiente, por debajo de los 100 puntos», algo que no se veía desde 1985 cuando realizaron el primer informe.

Precisamente Díaz ha defendido una tasa finalista «como fórmula de financiación en todas las carreteras», independientemente de su titularidad, lo que permitiría recuperar el déficit del estado de la red y mejorar la calidad del servicio. Ha abogado por un «bono de movilidad», es decir, que los usuarios, incluidos los extranjeros, paguen a partir de un determinado número de kilómetros recorridos que se registrarían en un terminal (OBU) instalado en el vehículo. El coste sería de unos 150 euros anuales para un usuario que hiciera, por ejemplo, 5.000 kilómetros extra de los 10.000 asignados. A su juicio, se podrían ingresar 3.000 millones al año con la aplicación de esta medida.

También han participado el catedrático de Transportes de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) José Manuel Vassallo, que ha recordado la existencia de la euroviñeta (actualmente en revisión) y ha defendido el pago por uso para garantizar los recursos y asociado al mantenimiento de las carreteras. Por su parte, la directora general de Obras Públicas de la Generalitat, Roser Obrer, ha planteado las conexiones y enlaces que hacen falta para conectar los municipios con la AP-7, y cuyas propuestas ya se trasladaron hace un año a Fomento.

Sobre la AP-7 ha hablado el presidente de la comisión de Transportes y Logística del Colegio de Ingenieros de Caminos, Vicente Cerdá, quien ha alertado «del riesgo de pérdida de función de la autopista, y por tanto, de un empeoramiento del tiempo de recorrido», así como de los colapsos que se producirán en la autopista cuando se liberalice por el trasvase que habrá de tipos de tráfico. Como ejemplo, ha explicado que de los 95.000 vehículos diarios que tienen que tomar la decisión de autopista o vía sin peaje, sólo 16.000 optan por la AP-7.

Cerdá también ha cuestionado qué sucederá con la N-332 y con las variantes de población que son necesarias para alejar el tráfico del interior de los municipios. A su juicio, «localidades como Oliva tendrán que buscarse la vida para quitar esa carretera».

Mientras, los representantes de los distintos partidos políticos con representación en Les Corts que han participado en la mesa redonda final han rechazado la creación de una tasa por circular en carretera. Así, el diputado socialista en el Congreso Vicent Sarrià ha reconocido «la complejidad» del tema pero ha insistido en la necesidad de «abordar este debate sin entrar en la demagogia», además de defender que sea «para todos». «Hay que abordar el déficit de mantenimiento de la red de carreteras», ha destacado.

El diputado del PP Óscar Gamazo ha asegurado que «no se puede permitir que sigamos pagando los mismos» y el concejal de Ciudadanos Narciso Estellés ha hecho hincapié en buscar «un pacto de estado sobre infraestructuras». Tanto Basili Salort (Compromís) como la representante de Unidas Podemos, Marisa Saavedra han defendido la gratuidad «total y absoluta» de la AP-7. Finalmente, el representante de Vox, el concejal Vicente Montáñez, ha rechazado el pago por uso, ya que debería ser «por servicios».