Guerra por la costa valenciana

Pradas ha explicado que esta ley tratará de asegurar los valores naturales pero siendo sensibles a la realidad histórica de la gente que vive del mar. Además, la consellera ha puntualizado que son conscientes de los nuevos deslindes que el Gobierno está ejecutando en la costa valenciana (esta semana en Dénia), pero ha puntualizado que la ley no es sólo consecuencia de este proceso ya que es un compromiso electoral del PP.

En este sentido, la titular de Medio Ambiente ha señalado que el Consell permanecerá al lado de los afectados por estos deslindes presentando alegaciones o incluso acudiendo a los tribunales en caso necesario al considerar que este proceso es «arbitrario e injusto».

La pregunta es si con una ley valenciana de costas hubiera habido deslindes. Y la respuesta es sí porque la competencia es del Estado. Pero los efectos podrían cambiar. Salomé Pradas ha puesto como ejemplo el caso de la Torre de la Sal en Cabanes, un poblado marítimo de carácter histórico y que ahora está afectado por el deslinde. «Hubiera habido deslinde pero si nosotros lo protegiéramos difícilmente habría derribos», ha señalado.

Por su lado, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica han señalado que antes de pronunciarse esperarán a ver que es lo que dice esta ley de costas. Pero han recordado que el Ejecutivo central ya ha llevado a los tribunales una norma similar en Galicia al considerar que invade competencias estatales en varios ámbitos, altera y quebranta el dominio público marítimo terrestre del Estado, reduce indebidamente el nivel de protección del litoral y atribuye a la Xunta de Galicia competencias no previstas en su propio Estatuto de Autonomía. Todo un aviso a navegantes.

De esta forma, la costa se ha convertido en una nueva fuente de desacuerdos entre el Gobierno central y el Consell que parece que no ha hecho más que empezar. El ejecutivo valenciano tiene previsto presentar recursos en contra de los deslindes mientras que desde el Estado se enseña las uñas ante la posibilidad de que se apruebe una ley valenciana sobre el litoral.

Sobre la posibilidad de que el Gobierno lleve la nueva norma a una comisión bilateral, Salomé Pradas ha apostillado que el Ejecutivo central «puede hacerlo, pero para eso está el diálogo y estamos abiertos a alcanzar acuerdos. Pero la competencia de ordenación es valenciana y queremos desarrollarla al máximo. Hay que ir con tranquilidad y paso a paso».

La consellera ha señalado que entre los objetivos de la nueva ley se encuentra el simplificar los trámites sobre el uso y actividades que se pueden realizar en la costa. Para ello se pretende que el ejecutivo valenciano pueda autorizar concesiones, negocios de hostelería, deportivos o atender a los planes de playas que presentan los ayuntamientos sobre la temporada turística. «Queremos desarrollar competencias de ordenación del territorio para decir qué se puede hacer o no en la costa valenciana!», ha apuntado. En esta línea, ha señalado que «queremos agilizar los trámites. Al ser una administración más cercana podremos dar mayor velocidad a los expedientes».

Por otro lado, ligado a esta nueva norma, la consellera también ha explicado que se reformará el Pativel (Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral), una norma aprobada en 2018 por el Gobierno del Botánico y que establece directrices sobre ordenación del territorio, urbanismo y paisaje. También estuvo rodeado por la polémica por el rechazo vecinal. El Tribunal Superior de Justicia valenciano lo llegó a anular aunque luego el Supremo dio la razón al gobierno autonómico.

Pradas ha explicado que se reformará el Pativel «para adaptarlo a la nueva ley de costas valenciana, dotándolo de mayor seguridad jurídica». Ha señalado que en la norma se identificarán como patrimonio cultural de la Comunitat Valenciana, los núcleos urbanos y poblados históricos presentes desde hace siglos en nuestra Comunitat y que deben tener una especial y singular protección como imagen tradicional, histórica y paisajística de la fachada litoral valenciana. «El Gobierno de España quiere derribarlos y nosotros ponerlos en valor», ha remarcado.

La consellera también ha indicado que «este Consell respeta y respetará la competencia estatal y la Ley de Costas. No pretendemos sustituirla, sino complementarla para que el conjunto de normas que afectan a la costa valenciana sea más acorde a lo que necesitamos».

Por otro lado, con la nueve vez se regulará, «por primera vez desde el ámbito autonómico, los usos del litoral bajo la premisa de que no todos los espacios del litoral tienen las mismas características, soportan la misma tipología de usos o requieren de las mismas intervenciones».

La consellera ha añadido que espera que la ley de costas valenciana esté aprobada el año próximo. También ha recordado que el 50% del territorio valenciano está protegido gracias a los gobiernos del PP «porque el Botánico en sus ocho años no ha dado luz verde a ningún parque natural».

Otras autonomías ya tienen transferidas esas competencias. Se trata de Andalucía, Cataluña, Baleares, Canarias y Galicia, aunque cada una con sus particularidades. En el caso andaluz la autonomía las tiene transferidas desde 2011 en materia de ordenación del litoral que entre otras le otorga la potestad de gestionar los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre, especialmente el otorgamiento de autorizaciones y concesiones. Cataluña, por su parte, la tiene desde 2020. En Canarias están transferidas desde enero de este año y Baleares desde julio. Galicia elaboró una ley que el Gobierno ha impugnado y se encuentra en estos momentos a la espera de una resolución del Tribunal Constitucional.

La consellera ha insistido en que la Generalitat asume que puede ampliar su jurisdicción a partir de la doctrina del Tribunal Constitucional, del propio Estatuto de Autonomía y de las disposiciones de la Unión Europea.

Por su parte, el PSPV ha recordado a Mazón que «el Consell no tiene competencias sobre el litoral de la Comunitat Valenciana» y ha señalado que «esa futura Ley de costas de la que hablan está abocada al fracaso». Así se ha manifestado este viernes la portavoz adjunta del PSPV-PSOE en Les Corts y responsable del área de Territori del Grupo Socialista, María José Salvador, quien ha acusado al PP de utilizar «las instituciones valencianas como ariete contra el Gobierno de España» y ha remarcado que «esta propuesta invade competencias del Estado y acabará suspendida por el Tribunal Constitucional como ha ocurrido en Galicia».

En este sentido, la dirigente socialista ha instado al Consell a «explicar con pelos y señales cuál es su objetivo real con esta nueva legislación» y ha mostrado su preocupación puesto que «todos sabemos como acabó la última Ley de Costas que impulsó el Partido Popular en la Comunitat Valenciana: declarada inconstitucional». Además, Salvador ha lamentado que «la derecha vuelva a su modelo de urbanismo salvaje, del que parece que no han aprendido nada» y ha subrayado que «el PATIVEL, avalado por el Tribunal Supremo, permite la protección del último tramo del litoral después de año sufriendo ese urbanismo salvaje del PP».