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Ya lo hizo cuando anunció que los niños de la Comunidad de Madrid iban a estudiar hasta los catorce años en los colegios de Primaria. ... Ahora la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a revolucionar a la comunidad educativa de su región -y de paso a la del resto de España- con un anuncio que va directo a cuestionar el sistema educativo que se ha ido implantando en los últimos años: la prohibición de los dispositivos electrónicos en las aulas en los colegios sostenidos con fondos públicos (incluidos, por tanto, los concertados).
No, no es que prohíba móviles, que ya lo hizo, sino que no habrá tabletas ni ordenadores de uso individual en Infantil y Primaria, y sólo una utilización muy restringida -una o dos horas a la semana- si es compartido y según a qué edades. Es un decreto que se aprobará con efectos prácticos a partir del próximo curso y con un año de moratoria para aquellos colegios que ahora estén utilizando dispositivos electrónicos en las aulas.
La guerra de Ayuso contra las pantallas es el reflejo de una demanda que se está produciendo por una parte de las familias, pero también de los expertos. El último informe PISA ha llegado a decir: «es probable que la utilización indebida y en exceso de estos dispositivos afecte al rendimiento académico de los alumnos». También la Asociación Española de Pediatría ha alertado sobre el excesivo tiempo que pasan delante de las pantallas los menores, y aquí habla no sólo de su uso en el tiempo de ocio, sino también durante la jornada escolar.
Pero, ¿qué ocurre en la Comunitat Valenciana? ¿Podría llegar a aprobarse un decreto de estas características? Fuentes de la Conselleria de Educación aseguran que se está estudiando «la conveniencia de dar un paso más en aquellos centros que usan libros en soporte digital y que implica llevarse el dispositivo a casa para hacer tareas», algo que queda completamente prohibido en Madrid a partir del próximo curso.
Educación ya había regulado mediante un decreto de abril de 2024 el uso de los dispositivos electrónicos en las aulas, que sólo podían ser usados bajo supervisión docente, una medida que prohibía de facto sacar el móvil en clase. «La previsión es que en abril se lleve a la mesa sectorial una propuesta que presentar a los sindicatos», aunque la conselleria no concreta en qué consistirá. Además, asegura que se ha constituido «un grupo de trabajo con escuela pública, concertada y privada para escuchar aportaciones», además de «estar en contacto con dos asociaciones de padres, Adolescencia Libre de Móviles y Desempantallados».
Estas entidades están luchando, incluso centro a centro, para conseguir que se retiren los dispositivos electrónicos y volver así al libro de texto, al cuaderno y al bolígrafo. De hecho, Ana Vayá, presidenta de la asociación Adolescencia Libre de Móviles en la Comunitat Valenciana, pide ir más allá de lo que lo ha hecho Ayuso y que este veto a las pantallas se amplíe a Secundaria. «Queremos proteger la seguridad y la salud de los niños ante la digitalización descontrolada de las aulas», asegura el presidente de la asociación Desempantallados, Gil María Campos, que cree que el problema fundamental es el sistema 'one to one', en el que se obliga a los padres a comprar un dispositivo digital e impiden que se pueda recurrir a los libros de texto. «Es un clamor el daño que el uso de las pantallas en clase está causando en los niños y los expertos en salud hace años que alertan de las consecuencias», apunta Gil María, valenciano al frente de una entidad que lleva trabajando desde hace cinco años contra la digitalización de las aulas. «Cada vez hay una concienciación mayor no solo de padres y profesores, sino también de centros que están reculando».
¿Qué dicen los profesores? Marc Candela, portavoz de STEPV, asegura que no se oponen a cierta regulación, pero «la competencia digital es una exigencia instalada en nuestra sociedad y forma parte del curriculum educativo». Ve en este sentido contradictorio que al profesorado «nos estén obligando a obtener certificados de competencia digital» mientras se restringe su uso en las aulas. Una postura muy similar tiene Laureano Barcena, presidente de Anpe, que añade que cualquier regulación «debe respetar la autonomía de los centros».
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