Hablamos Español replica al Consell que su ley que protege el castellano en las aulas sí es constitucional

La asociación Hablamos Español ha salido al paso del dictamen del Consell que cuestiona la constitucionalidad de su propuesta presentada en Les Corts para proteger la enseñanza en castellano, defendiendo que sí tiene encaje en la jurisprudencia del alto tribunal y afeando al Botánico las críticas que se desprenden del documento, como que se trata de un modelo «caduco» que segrega al alumnado en función de la lengua elegida por sus padres. También le recuerda que modelos como el de la Ley de Plurilingüismo, donde la lengua de ámbito estatal pierde peso en detrimento de la autonómica, es inédito fuera de España.

Como informó LAS PROVINCIAS, el dictamen se desprende de la iniciativa legislativa popular (ILP) impulsada por la organización, que ha sumado cerca de 40.000 firmas para que se tramite una ley que garantice que las familias puedan elegir la lengua mayoritaria de enseñanza para sus hijos en base a sus preferencias, ya sea el valenciano, que ha pasado a ser mayoritario en la Comunitat, o el castellano, cuya presencia se ha reducido drásticamente desde 2018.

«El informe del Consell demuestra, en el mejor de los casos, que desconoce la verdadera doctrina del Tribunal Constitucional (TC) sobre el derecho a la libre elección de lengua vehicular en la enseñanza cuando existen dos oficiales en un territorio», recoge el comunicado remitido por la entidad.

«Es cierto que la doctrina del TC dice que tal derecho no se desprende directamente de la Constitución, pero ello no quiere decir que no pueda ser reconocido por una ley aprobada por los poderes públicos competentes en la materia. Es decir, en absoluto es anticonstitucional el reconocimiento de tal derecho, sino que es un derecho de configuración legal», se aclara. En el dictamen se llega a aseverar que la ILP «contraviene la jurisprudencia» del alto tribunal.

En este sentido, continúa Hablamos Español, «los poderes públicos pueden optar por instaurar un modelo denominado de conjunción lingüística, en el que todos los alumnos estudien usando ambas lenguas como vehiculares y estos determinen la proporción de su uso (el caso valenciano) o bien por un modelo de libre elección de lengua, como el instaurado por ley en el País Vasco» a partir de la sentencia 137/1986, «cuya doctrina no es anulada» por las que cita el Consell en su dictamen, que son posteriores.

En cuanto a los apelativos utilizados, como vincular la propuesta con modelos «caducos», se dice que la afirmación «provoca hilaridad». «El hecho es que el modelo que defiende el informe (la Ley de Plurilingüismo) no se aplica en ningún país civilizado, fuera del anómalo caso de España, cuando existen dos lenguas oficiales en un territorio, mientras que el de libre elección se aplica en todos», se dice.

En este sentido se señala que «en ningún país del mundo civilizado se obliga a estudiar, siquiera en parte, en una lengua regional, e incluso es inusual que se permita la enseñanza en una lengua puramente regional; es decir, que no sea una lengua internacional y oficial en todo el territorio de otro país», antes de reconocer que Gales «sería un ejemplo único junto con España, aunque allí las familias eligen la lengua vehicular».

También se entra a valorar la afirmación que hace el Consell de que sus políticas (la Ley de Plurilingüismo), tiene entre sus objetivos «el reconocimento del valenciano como lengua propia de todos los valencianos».

«Parece ignorar algo tan elemental como que el hecho de que en un territorio se reconozcan como oficiales dos lenguas se debe a que coexisten dos comunidades lingüísticas, y que hay ciudadanos que tienen como su lengua propia una de ellas y otros la otra, sin perjuicio de que pueda haber una cierta proporción de ciudadanos que asuman como propias las dos y puedan ser considerados –por sus circunstancias familiares y sociales– perfectamente bilingües, lo cual no es ni mejor ni peor desde el punto de vista moral», se dice, antes de recordar que «los poderes públicos carecen de la menor legitimidad para determinar cuál ha de ser la lengua que asumen como propia los ciudadanos a los que sirven».

La organización defiende también que su proposición de ley «reconoce los mismos derechos para aquellos que prefieren usar el valenciano o el castellano o español, y esto está fuera de toda duda si uno tiene claro en qué consiste la igualdad de derechos lingüísticos».

Por último, se critica la «negativa» a que Hablamos Español pueda intervenir en el pleno de Les Corts durante el debate parlamentario para defender su propuesta, algo que se debe a que no se ha adaptado el reglamento de la cámara a la ley que regula las ILP en la Comunitat.

«Es fruto del temor a contraponer sus ridículos, falaces e inconsistentes argumentos con los nuestros, pero de persistir en su actitud, esta sí contraria a la ley y a la Constitución, acudiremos en amparo al Tribunal Constitucional para defender nuestros derechos y llevaremos ante los tribunales a quienes los están vulnerando«, se concluye.

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