La huelga obliga a cancelar casi 15.000 vistas judiciales con menos de 48 horas de aviso

Vistas judiciales, obtención de certificaciones, celebración de bodas o pagos de pensiones alimenticias se están viendo afectadas por los paros que reclaman como principal reivindicación la mejora salarial de estos funcionarios (unos 4.300 en plantilla) hasta alcanzar el 85% del sueldo de los jueces y magistrados de sus respectivos órganos judiciales ante el incremento de su carga de trabajo.

Los letrados se han vuelto a concentrar en las puertas de la Ciudad de la Justicia de Valencia en defensa de sus reivindicaciones. El seguimiento de la huelga, que en la Comunitat oscila según la provincia (en Alicante es casi del 90% según los letrados, del 35% en Castellón y del 45% en la de Valencia), ha provocado el bloqueo de muchas de las actuaciones judiciales y está afectando de forma directa a los ciudadanos.

En la provincia de Valencia la huelga está teniendo especial incidencia en localidades como Catarroja, Alzira o Moncada, donde el seguimiento algunos días ha alcanzado el 100%. Hasta ahora se calcula que se han suspendido cerca de 15.000 vistas judiciales. Las afecciones al sistema rondan las 685 actuaciones diarias entre juicios y declaraciones, según fuentes de los huelguistas.

A nivel nacional los datos son más aparatosos. Fuentes de los letrados informan de que se han tenido que suspender cerca de 150.000 juicios, 120.000 demandas no se han repartido y la afección económica ronda los 600 millones de euros. Según el Consejo General del Poder Judicial, la huelga ha provocado que alrededor de 1.286 millones de euros se congelen en la cuenta de consignaciones judiciales (pagos de multas o pensiones). Los huelguistas no han hecho un cálculo aproximado de cuál puede ser el dato económico en la Comunitat.

Estos paros están teniendo unas fuertes consecuencias sociales. Las incidencias que están afectando a la población son múltiples. Hasta ahora los letrados no advertían previamente de quién estaba en huelga, de forma que un abogado o un testigo se enteraban de que se había suspendido el juicio en el momento de celebrarse con las consiguientes molestias que conllevan el desplazarse para nada o el pedir un día libre en el trabajo para acudir a la vista.

Ahora la situación empieza a cambiar. Los representantes de las tres principales asociaciones de este Cuerpo Jurídico Superior han instado a sus colegas a expedir el pago de pensiones alimenticias a menores y celebrar bodas civiles. Otra de las consecuencias es que los letrados avisarán a los abogados y al resto de implicados en un juicio de qué vistas se van a suspender.

Así lo ha explicado Carmen Ramos, delegada del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia en la Comunitat, quien ha señalado que se está advirtiendo de qué actuaciones judiciales se van a suspender en los días próximos con una antelación de 24 o 48 horas para que los implicados puedan programarse.

Ramos ha señalado que van a tener esta deferencia después del respeto y la comprensión que ha mostrado a sus reivindicaciones el Colegio de Abogados de Valencia en sus distintos comunicados.

Esto va a suceder con los actos programados pero los que acudan a un juzgado para realizar algún trámite no reglado como la obtención de un certificado para la eliminación de los antecedentes penales no tendrán más remedio que enterarse de que no pueden realizar la gestión en el momento en el que vayan a las dependencias judiciales. Así lo han destacado fuentes de los huelguistas.

Otra de las consecuencias directas de esta huelga son los retrasos generados que se añaden a los que ya de por sí sufre un sistema judicial ya colapsado. La ausencia de los letrados de justicia está provocando fuertes demoras en la celebración de juicios. El problema es que las agendas de los juzgados se encuentran completas de forma que una vista que no se produzca en su momento puede sufrir una dilación de hasta dos años porque algunas se están posponiendo hasta 2025.

Aunque no es un dato homogéneo y depende de cada una de las secciones. Quizá unos de las más afectadas son los juzgados de lo Social donde ya se están poniendo fechas hasta 2025. En el caso de Lo Penal los desplazamientos de juicios son hasta septiembre de 2024. Los juzgados de instrucción, que tienen que ser los más ágiles por los asuntos que manejan, están retrasando algunas diligencias hasta el mes de noviembre de este año con unos retrasos de seis a ocho meses.

El pasado jueves el secretario de Estado de Justicia. Tontxu Rodríguez, mantuvo un encuentro de casi 16 horas con los huelguistas. En la reunión no se alcanzó ningún acuerdo y no hay una reunión a la vista por lo que todo apunta a que la huelga se va a prolongar algunas semanas más.

Fuentes de los letrados han señalado que el Ministerio de Justicia ha emprendido una estrategia de desgaste con los huelguistas ya que la primera reunión con el comité que representa a los trabajadores sólo se mantuvo tras los primeros quince días de paros sin que antes hubiera ningún tipo de comunicación entre las dos partes. Tras la del jueves todavía no se ha fijado una nueva reunión.

Los paros han sido convocados de manera conjunta por el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ).

El conflicto actual de los letrados de la administración de justicia tiene su origen en las reformas que se realizaron en 2009 y 2015, especialmente en esta última. Estos dos cambios propiciaron que los Letrados de la Administración de Justicia asumieran más carga de trabajo, parte de la cual era hasta ese momento función de los jueces. Uno de los motivos del conflicto es que el cuerpo ha ido asumiendo cada vez más funciones sin que se haya notado en las retribuciones salariales. Ahora controlan los embargos, demandas, pagos, costas, indemnizaciones, multas, pensiones... entre otras muchas diligencias. Hay que tener en cuenta que ambos cambios se realizaron en un contexto de crisis económica general. Pero ahora quieren recuperar el tiempo perdido y reclaman una cláusula de reenganche para cobrar un 85% de lo que percibe un juez o un fiscal (frente al 60-70% actual).

Entre otras demandas, se encuentran la creación de una carrera profesional o la actualización del reglamento orgánico, en particular la necesidad de consolidar la categoría de entrada. Además, demandan la inclusión de las particularidades del Cuerpo de Letrados en el régimen de riesgos laborales del Ministerio de Justicia.

Otras motivaciones que han llevado a la convocatoria de la huelga se encuentran que el Ministerio de Justicia no cubre las plazas: no convoca oposiciones o la oferta de empleo público está paralizada.

Desde el departamento de Pilar Llop han atribuido a la «cerrazón» del comité de huelga como el principal motivo del desencuentro. Incluso han revelado que los letrados judiciales «han elevado sus exigencias (sobre la subida salarial) respecto a las inicialmente planteadas y sin proponer ninguna otra alternativa».

El gabinete de Llop ha culpado a los huelguistas por no querer «avanzar en el diálogo y la negociación» y por plantear una nueva propuesta retributiva que «supondría una doble cláusula de enganche». Esto supone referenciar la cuantía de sus retribuciones a las de los jueces y magistrados, es decir, además de que cada letrado, individualmente, cobre el 85% de lo que perciben los jueces de sus respectivos órganos judiciales, el conjunto de la masa salarial estará también referenciada a la de la la carrera judicial, lo que en la práctica supondría «una doble subida salarial», explicaron desde el Ministerio de Justicia en un comunicado.