«Tardé diez años en tener la pensión y ahora no me la pagan por la huelga»

Su hijo de 14 años tiene asignada por orden judicial una pensión alimenticia que le debe pasar su padre de cerca de 400 euros. El mes de enero la cobró pero no así la de febrero ya que los paros se iniciaron el 24 de enero. Y le ha generado una situación muy complicada ya que no dispone de dinero para algunos gastos básicos como el alquiler, la luz o el agua.

Ella es auxiliar de enfermería y en la actualidad trabaja como funcionaria interina de la Generalitat Valenciana. Ocupa la plaza de gobernanta del complejo educativo de Cheste, cobra 1.140 euros al mes y tiene una reducción por ser víctima de violencia de género. «Sin la pensión no puedo pagar el alquiler», explica y añade que debe ya más de 2.000 euros por este concepto. «El propietario es comprensivo y me permite retrasos», ha detallado.

Lo mismo le sucede con el resto de gastos básicos. El agua, por ejemplo, «me la paga mi madre». Y es que, como muchas otras familias en este país, tiene que recurrir a la pensión de sus progenitores para poder salir adelante. Además, «tengo que tirar de mi madre para poder poner gasolina al coche».

También sus amigas le han pasado algo de dinero porque no llega a fin de mes. «Me parece una situación injusta. Hoy en día sólo se puede vivir al día y si de repente me quitan la pensión alimenticia no llego para hacer frente a los gastos básicos», ha explicado.

«Tardé diez años en tener la pensión y ahora no me la pagan», asegura. Su proceso de divorcio no fue sencillo y hasta 2018 permaneció sin percibir la pensión. «Me divorcié por malos tratos. Soy víctima de violencia de género y de una agresión sexual». explica. Al principio su marido no abonaba las cantidades previstas y llegó a acumular una deuda de 31.000 euros que ahora está pagando progresivamente. «Pedimos que hiciera frente a la cantidad total de golpe, pero nos alegaron que era muy abultada para que la liquidara toda de una vez», relata Sandra.

El padre sólo puede ver a su hijo en el punto de encuentro pero desde hace meses no le ve por lo que el juzgado ha eliminado el régimen de visitas.

Sandra reconoce el derecho a huelga que tienen los letrados pero considera que «hay unos servicios mínimos que se tienen que respetar. No pueden dejar en la estacada a la gente. Estamos hablando de la pensión alimenticia de un niño». En concreto, ni siquiera ha podido presentar una queja porque de un mostrador le envían a otro y no se aclaran. «No me hace falta el abogado para presentar una reclamación», recalca

La joven apunta que sabe que su exmarido abonó la pensión el pasado 2 de febrero y que sólo hace falta la autorización del juzgado para poder cobrarla. Pero la huelga mantiene bloqueado el pago.

«Las deudas se me acumulan. Tengo que recurrir a un plan de plazos para hacer frente al pago de la luz. El agua la paga mi madre y con el alquiler voy retrasada», apunta.

Aunque actualmente está en el complejo educativo de Cheste, hasta este curso ha estado trabajando durante veinte años en turnos de noche en la residencia de Carlet. Lo ha tenido que dejar por prescripción facultativa. «No podía más», ha señalado. Se ha contagiado en tres ocasiones del Covid-19 por trabajar en estas dependencias «y se me ha quedado como enfermedad profesional».

Según los letrados de la administración de justicia situaciones como las de Sandra se pueden solucionar en los próximos días. Así lo ha explicado Carmen Ramos, delegada del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia en la Comunitat.

En este sentido, ha explicado que a partir de esta semana se desmovilizarán los fondos que han estado bloqueados en algunos temas como las pensiones alimenticias. Así, ha resaltado que habitualmente desde que se da la orden para la transferencia de fondos se tarda unos seis días en recibir la pensión ya que se dan unos días de margen por si se ha producido algún tipo de error. También se pueden cobrar directamente a través de los procuradores.

Una de las decisiones tomadas por el comité de huelga tras la reunión que mantuvieron con el Gobierno el pasado jueves fue agilizar este tipo de trámites para que los daños sobre los ciudadanos sean los mínimos especialmente en cuestiones tan sensibles como el pago de las pensiones alimenticias.