La huelga judicial frena el pago de doce millones en pensiones e indemnizaciones

Llevan una semana de huelga y el Ministerio de Justicia se niega a recibirlos. Es el paro indefinido de los letrados de la administración de Justicia (LAJ), los antiguos secretarios judiciales, convocado a nivel nacional para exigir mejoras en sus condiciones laborales.

El paro en la Comunitat está teniendo distinto seguimiento según los partidos judiciales pero sí que está ya afectando a los ciudadanos. Hay juicios en la jurisdicción penal que ya se están retrasando hasta 2025 y tampoco se abonan pensiones alimenticias o indemnizaciones ya que estos profesionales son los que manejan las cuentas judiciales, entre otros aspectos.

La cifra es de varios millones. Los convocantes del paro no pueden contabilizarla pero al menos asciende a doce millones que es el dinero retenido en los 24 juzgados de lo civil en Valencia (entre 500.000 y 600.000 euros cada uno de ellos).

A esta cantidad hay que sumarle todos los juzgados mixtos de partidos judiciales fuera de las capitales que están secundando al 100% los paros como los de Sagunto, Catarroja o Carlet, entre otros.

Además, el juzgado de ejecuciones de Social de Valencia mueve entre 800.000 y un millón de euros y uno de los juzgados de lo mercantil tiene pendiente un movimiento de tres millones de euros.

A nivel nacional se cifra la afección entre 120 y 160 millones de euros. Según señala Marta Golvano, de la Unión Progresista de la Secretarios Judiciales (UPSJ), en la Comunitat es muy difícil evaluar esta cantidad. Pero certificó que sí que se están dejando de pagar pensiones alimenticias, indemnizaciones y cualquier otra cantidad que muevan los órganos judiciales.

En Valencia la incidencia de la huelga oscila entre el 40 y el 50% de participación, aunque hay partidos judiciales donde el seguimiento es total como Carlet, Catarroja, Moncada o Sagunto. En Alicante las cifras son del 90%, del 95% en Elche o el 100% en Orihuela y Torrevieja. El viernes ya hubo una concentración ante las puertas de la Ciudad de la Justicia, una medida de presión que se volvió a organizar ayer en la misma ubicación.

La huelga ha sido convocada de manera conjunta por tres colectivos profesionales, la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de Letrados.

Según los datos proporcionados por Carmen Ramos, delegada del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia en la Comunitat, hay 3.425 procedimientos (sin contar conciliaciones, actas para formación inventarios u otorgamientos de poderes) que se han suspendido en la primera semana de huelga en el ámbito de la provincia de Valencia a los que hay que sumar otros 2.000 señalamientos (juicios y actuaciones procesales) que no se han celebrado desde el inicio de los paros en la Comunitat.

Uno de los motivos de la huelga es que el cuerpo ha ido asumiendo cada vez más funciones sin que se haya notado en las retribuciones salariales. Ahora controlan los embargos, demandas, pagos, costas, indemnizaciones, multas, pensiones... entre otras muchas diligencias.

Entre las motivaciones que han llevado a la convocatoria de la huelga se encuentran que el Ministerio de Justicia no cubre las plazas: no convoca oposiciones o la oferta de empleo público está paralizada. Otro de los motivos de la huelga es que carecen de carrera profesional.

Carmen Ramos señala que el motivo principal es que en abril del año pasado se firmaron unos acuerdos con el Ministerio de Justicia que no se han implementado y hasta ahora desde el departamento que dirige la ministra Pilar Llop se han negado a negociar. Ni siquiera se ha convocado al comité de huelga por lo que los paros pueden prolongarse bastantes días.

En la Comunitat Valenciana la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, sí que ha mantenido una reunión con los representantes del colectivo para mostrar su preocupación por las consecuencias de la huelga.