Las huelgas en los juzgados valencianos dejan una cifra de asuntos atascados mayor que en la pandemia

La cifra es mucho más notable que las 332.519 causas que a comienzo de 2023 estaban pendientes de dar respuesta por los tribunales de la Comunitat. Casi 12.000 asuntos atascados en esos tres meses. El Poder Judicial pone rostro a este atasco: «la huelga de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que se prolongó desde el 23 de enero hasta el 28 de marzo». A esa se suman los paros de los funcionarios judiciales.

Como explican desde el CGPJ, «aunque el impacto de la huelga (de los LAJ) debería haber sido más evidente en la resolución de asuntos, también se ha hecho notar en el ingreso registrado por la cantidad de procedimientos repartidos que han quedado pendientes de ser aceptados por los órganos judiciales y, por tanto, no se han computado como ingresados en los mismos».

La comparativa de lo que ahora mismo tienen pendiente los juzgados valencianos tampoco resiste si se pone al lado de los negros años de la pandemia, cuando los tribunales estaban casi en servicios mínimos. Entonces se detectaron 313.000 causas por tramitar, menos que ahora. Desde 2017 jamás se había dado una cifra como los actuales 344.000. En todos esos años había oscilado entre 261.000 y 302.000. El atasco no ha sido tan grande como el actual, con el trasfondo de la huelga de los funcionarios judiciales, de los LAJ y de otros conflictos como la amagada protesta de los jueces o las continuas concentraciones de los abogados de oficio para protestar por sus bajas restribuciones. Jamás la Justicia valenciana había sido tal polvorín.

Aunque el colapso es un mal que afecta a todo el territorio nacional. En el conjunto de España, según los datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial, los asuntos que quedaron en trámite al final del trimestre ascendieron a 3,4 millones, un 10,4% que los que había en el mismo periodo del año anterior.

A los 12.000 asuntos pendientes atribuibles a la huelga de los LAJ en la Comunitat en el primer trimestre, se unen los más de 20.000 que ya supone la protesta de los funcionarios, en pie desde el pasado mes de abril. La cifra incluso será mayor, pues el comité de huelga de los sindicatos no actualiza la cifra de asuntos afectados desde finales de mayo. Entonces, además de las 20.000 demandas paralizadas, se hablaba de 7.000 juicios aún por celebrar, más de 1.500 desahucios y embargos pendientes y unas 1.200 declaraciones por llevar a cabo.

La estadística del Poder Judicial y del Tribunal Superior de Justicia constata que no hay orden que se libre de la avalancha de asuntos. Es especialmente notable en los juzgados de lo Civil, con casi 190.000 casos parados. Pero la lacra de expedientes en trámite se da incluso en materias tan sensibles como Violencia contra la mujer, Familia (que debe dirimir sobre separaciones o pensiones alimenticias para menores) o juzgados de lo Social (que asumen conflictos laborales o demandas de los trabajadores).

Apenas hay algunas excepciones de órdenes judiciales en la Comunitat que ven reducida su pendencia de asuntos. Así ocurre por ejemplo con los juzgados de Menores y los de Vigilancia Penitenciaria, con materias especialmente sensibles. También se ha reducido el número de casos pendientes en las secciones penales de las Audiencias Provinciales (suelen ser juicios señalados hace muchos meses, aunque algunos también se han visto suspendidos) y las apelaciones a las salas de lo Social y de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia.

Como ha venido informando LAS PROVINCIAS, la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia que se prolongó durante más de dos meses supuso la suspensión de más de 30.000 juicios. No sólo eso: dejó bloqueados en las cuentas de los juzgados más de 60 millones de euros para el pago de cuestiones tan vitales como indemnizaciones a las víctimas de delitos.