El retraso en los pagos del Consell a residencias, centros ocupacionales o de día, pisos tutelados y otros recursos para personas con dependencia o discapacidad ... vienen siendo habituales, especialmente desde el pasado verano, lo que obligaba a estas instalaciones, la mayoría gestionadas por entidades sin ánimo de lucro, a recurrir al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para que avance un dinero que, una vez cobradas las subvenciones, devuelven con ciertos intereses. Pero este año, esa línea de crédito aún no está disponible y, aunque la Generalitat ya ha comenzado a abonar a algunos centros el mes de enero, las dificultades económicas que arrastran estos recursos les ha obligado a recurrir a pedir préstamos a la banca privada (con un interés muy por encima del IVF) y hasta a aceptar aportaciones de las familias (que se devolverán cuando se ingrese la ayuda pública) con tal de mantener abiertas las instalaciones y poder hacer frente a los gastos diarios.
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Uno de los casos más llamativos es el de un centro de la Comunitat (que prefiere mantener el anonimato por posibles represalias) en el que la asociación de padres ha aprobado en una asamblea y por unanimidad aportar una derrama de entre 1.000 y 2.000 euros (en función de la capacidad económica de cada familia) para tratar de recaudar los, aproximadamente, 38.000 euros que necesita el centro para saldar deudas acumuladas por los retrasos en los pagos de la Generalitat que arrastra desde principios de año (comida, fisioterapia, limpieza, etc.) y evitar caer en impagos a finales de este mes de marzo en cuestiones de seguros sociales y hacienda, lo que haría que este centro entrara de lleno en la lista de morosos y no podría optar a las ayudas públicas, lo que podría suponer prácticamente su cierre.
Sobre la problemática, Montserrat Rams, presidenta de la Asociación Coordinadora de Recursos de Atención a Personas con Diversidad Intelectual y Funcional (Copava), que representa a 54 entidades con más de medio centenar de centros (entre 60 y 70, aproximadamente), subraya que el principal problema es económico. «Por supuesto, si la Administración no cumple con su parte del concierto, que es el pago, lógicamente las entidades no pueden pagar a sus trabajadores, a sus proveedores y prestar el servicio con la calidad que se les exige».
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Al respecto, matiza que el Gobierno autonómico «está empezando a pagar ahora el mes de enero, aunque hay muy pocos centros que lo han cobrado ya. Estamos hablando de cantidades importantes para entidades que, la mayoría, son sin ánimo de lucro y no tienen beneficios del servicio que prestan. Llevamos arrastrando esta situación mucho tiempo. El año pasado, por ejemplo, desde julio se empezó a cobrar en diciembre. Y en enero pagaron septiembre y octubre. Es siempre la misma historia», lamenta esta portavoz. «Siempre van con retrasos de varios meses», agrega.
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Por tanto, los centros afectados (con unos 2.000 usuarios y alrededor de 600 trabajadores) «tienen que ir tapando agujeros y no tienen liquidez para el día a día, por lo que nos remiten al IVF y eso supone unos intereses para las entidades que tienen que asumir». Encima, critica, «este año no ha salido aún la línea de crédito», de ahí que parte de los centros hayan tenido que recurrir a la banca privada.
«Las entidades llevan casi tres meses sufragando los gastos como pueden y sin tener el respaldo del IVF, algo que tampoco es una situación adecuada, puesto que tienes que pagar unos intereses por una deuda que no es tuya. Te dicen que los puedes incluir en el concierto, pero eso supone que ese dinero no lo destinas al servicio. Esos intereses están mermando la calidad del servicio», resume Rams. «Las entidades y los usuarios son los que sufren esa merma del servicio y esa falta de pago, porque al final el presupuesto es el que hay», agrega.
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Sin embargo, aún son más los centros que podría estar viéndose afectados puesto que dentro de la acción concertada «hay centros que no están adscritos a Copava que son entidades sin ánimo de lucro que también les está afectando», señala.
Además, recuerda que para que la Administración «firme el concierto contigo tienes que estar al corriente de todas tus obligaciones tributarias, y tienes unas exigencias adicionales que, anteriormente, con las subvenciones no existían. O estás al corriente de los pagos de Seguridad Social, Hacienda, etc., o te pueden rescindir el concierto».
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Hasta la fecha, detalla esta portavoz, «la exigencia era que, en la firma del concierto, la entidad estuviera al corriente de todo, pero como ahora son plurianuales, hay que presentar auditoría externa económica. Y no sabemos si, en ese momento, la Administración estará al corriente de pago, no lo sabemos porque ese concierto se firmó en octubre de 2022». «Pensábamos que iban a ser pagos regulares y no está ocurriendo», añaden.
Sobre la manera de hacer frente a la situación, Rams señala que los préstamos bancarios es la fórmula más habitual, especialmente en la actualidad, que no hay línea de crédito del IVF. «Hay entidades que están buscando líneas de crédito en banca privada», insiste.
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También se dan casos, como el que ha tenido conocimiento LAS PROVINCIAS, de que asociaciones de padres aporten dinero, pero depende de cada entidad. «El concierto dice que no puedes cobrar nada al usuario por la prestación del servicio, otra cosa es que la asociación de padres decida hacer frente a esos pagos aportando o buscando financiación externa. No tenemos constancia de que las derramas sean práctica habitual, pero puede ser que se den», puntualiza.
En resumen, «necesitas abrir todos los días, el trabajador cobrar su nómina, el proveedor que son pequeñas empresas, no pueden soportar deudas de varios meses, y te sueles nutrir de proveedores de proximidad… Además, contamos con equipos multidisciplinares, desde psicólogos, fisios, monitores, el director que hace funciones de psicólogo o monitor, y auxiliares ocupacionales, con diferentes categorías profesionales», concluye.
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